“Renta inesperada”: buscan aprobación en el Congreso este año y afirman que ningún productor deberá pagarla

El impuesto a “la renta inesperada” -que busca capturar un excedente extraordinario producto de la guerra en Europa del Este, pero no de inversiones nuevas- impactará en empresas con ganancias anuales en términos reales de más de $1000 millones y sólo se aplicará un año. Pese a los rumores, el Gobierno confirmó a LA NACION que será una ley y no una percepción. Entre los especialistas, existía el temor de que se tratara de avanzar con una simple resolución.

Esta decisión implica que la iniciativa, que hoy sólo es “una agenda de trabajo”, pasará por el Congreso. Además, no será una modificación de ganancias a sociedades, retocada el año pasado, sino un gravamen particular como lo fue el Aporte Solidario y Extraordinario o “impuesto a la riqueza”.

En la actualidad, las grandes empresas pagan un 39,55% de tasa efectiva a las ganancias corporativas (35% más el 7% de los dividendos). Para los tributaristas, es una tasa “poco competitiva”. De hecho, se trata de una suba impulsada el año pasado por el Gobierno que revirtió la reforma tributaria de Mauricio Macri en 2017. Hoy, las empresas deberían pagar 25% si las modificaciones impulsadas por Nicolás Dujovne se mantuvieran.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y sus equipos técnicos tienen previsto realizar encuentros con el sector privado para definir los detalles sobre los criterios que ya se trabajan, entre los que están las definiciones de que el incremento de las ganancias empresariales en 2022 deberá ser “significativo” y de que el margen de ganancias tendrá que ser “anormalmente elevado”. Esos casilleros todavía no fueron llenados. Dependerá del diálogo con los privados.

Ese debate también condicionará, contaron las fuentes, la recaudación esperada. De hecho, la misma será variable, ya que el Gobierno cree que el proyecto impulsará la inversión del sector privado: si esa ganancia se reinvierte, la contribución será menor, tal como se había anunciado.

Economía determinó además que afectará a menos de 1% de las empresas, pero no precisó todavía un número. No impactará a las personas ni a sectores específicos. “No va a haber ningún productor agropecuario que pague esto”, dijo una importante fuente a este medio. “Si los ingresos aumentaron, pero los costos de los fertilizantes también, no hay renta”, explicaron.

“Todo el G-20 está hablando de este tema”, contaron a LA NACION. El viernes se citó como ejemplo a Italia. “Hay ejemplos históricos; no es una idea novedosa. Ya existe en la literatura. El proyecto hay que diseñarlo este año con el sector productivo y laboral”, señalaron.

En 1980, el entonces presidente estadounidense Jimmy Carter aprobó el “Windfall profit tax” para las compañías petroleras por los altos precios del crudo. La inflación en ese país era de dos dígitos entonces. En 2008, el candidato demócrata Barack Obama propuso en campaña ese mismo gravamen, pero cuando llegó a presidente esa opción dejó de barajarse. Existen además otros modelos, generalmente vinculados a los saltos en los precios de la energía en el mundo. Por otro lado, Joe Biden impulsa en su presupuesto de este año un impuesto a los “multimillonarios”.

El juego de la política

Además de las necesidades de reestablecer una mejora en la distribución del ingreso, la política también juega. En ese sentido, Martín Guzmán logró una coincidencia impensada, aunque ventajosa: unir los reclamos del cristinismo duro con iniciativas surgidas desde un debate abierto en las mismísimas entrañas del “mal”, según la Biblia del kirchnerismo más ortodoxo: el FMI.

El lunes pasado, el mismo día en que el ministro de Economía y el presidente Alberto Fernández dieron algunos detalles sobre el impuesto a “la renta inesperada”, hombres de confianza de Guzmán justificaban el avance sobre el sector privado enviando a los periodistas -vía whatsapp- un capítulo del Panorama Económico Mundial del FMI que discutía la posibilidad de elevar los gravámenes a las empresas para capturar el “exceso de ganancias” vinculado con la pandemia. No es menor que Guzmán haya reconocido públicamente que se charló el tema con el staff.

Irónicamente, Fernanda Vallejos, exdiputada, economista muy cercana a Cristina Kirchner y una de las principales espadas contra el actual ministro de Economía, ya había planteado en abril de 2020 -en un documento llamado “Coronavirus, ¿quién paga la crisis”- que se requería un impuesto a las grandes fortunas que recayera sobre personas ricas -el llamado Aporte Extraordinario de Máximo Kirchner, con el que se recaudó $247.503 millones el año pasado- y, como complemento, un gravamen a “ganancias extraordinarias” para personas jurídicas.

Guzmán corre el riesgo de terminar irritando a todos. Para el cristinismo, el impulso viene del Fondo, por lo que no hay un respaldo masivo. Pese a las recomendaciones que puede ofrecer globalmente, el FMI no define políticas sino criterios de desempeño. En las cámaras y asociaciones empresarias existe una creciente preocupación por la decisión del ministro.

Incluso otros integrantes del equipo económico matizan entre los hombres de negocios que Guzmán sólo busca ofrecer un caramelo político a Cristina Kirchner envuelto con un papel con gusto a debate internacional que pueda ser digerible para el sector privado. “La idea es toda de Martín, que se encerró en Chapadmalal a debatirla con los suyos”, contaron en el Gobierno sobre la polémica iniciativa. La mayoría de los consultados duda que la propuesta atraviese con éxito el Congreso con el masivo rechazo opositor que cosechó sin todavía un anteproyecto.

La mirada en el cristinismo

En el Instituto Patria, el “Plan Guzmán” tiene sabor a poco: ataca sólo los síntomas y de manera temporal (un año). Allí preferirían, dicen, un aumento de la presión fiscal más permanente: de hecho, se le reclamó al ministro de Economía por una mayor suba de Bienes Personales o la imposición de retenciones móviles semanas atrás. Lo mismo ocurrió del lado del gasto. En su última entrevista a C5N, a Guzmán se lo consultó directamente por un “ingreso universal” para los sectores empobrecidos; él respondió con un IFE “acotado”, con bonos -medidas temporales- a pagar en cuotas. En ambas circunstancias, pese al malestar empresario, hay cautela: con la exacción al sector privado (ingresos) y con el aporte estatal frente a la inflación (gasto). Detrás, siempre hay un compromiso con el Fondo: un sendero fiscal por dólares para pagar una deuda.

Fue inesperado. Cerca de Cristina Kirchner se enteraron por televisión. Lo mismo sucedió con los empresarios, pero en dos momentos. Los productores del campo, aquellos acostumbrados al ataque frontal, reaccionaron con un músculo más ágil apenas Guzmán mencionó la frase “renta inesperada” con Gustavo Silvestre en C5N. El resto de la maquinaria del círculo rojo, pese a que no hay detalles, se puso en movimiento tras el acto del lunes en la Casa Rosada. Fue incluso luego de los trascendidos que se dieron después del retiro de Guzmán en Chapadmalal. Cerca del ministro afirman que algunos empresarios habían escuchado la idea. No dieron nombres.

En ese balneario, la presencia del secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, llamó la atención. Lo dicho por Guzmán en televisión tras la embestida cristinista esa semana por el dato de inflación de marzo podía tener más cuerpo del pensado. ¿Retenciones? Desde allí, hubo aclaraciones para evitar chispazos con la Mesa de Enlace. La idea oficial, semanas atrás, había sido sumar a los productores a una mesa con los industriales y la CGT. Por eso, se hizo referencia a una frase de Julián Domínguez aquel domingo de Pascuas que había sido codiseñada con Guzmán “El productor argentino no captó el precio internacional de la guerra”.

La presión llegó también desde el sector privado. Las agrupaciones de productores se habían alzado en la semana. Los CEO también: el director general de Syngenta, Antonio Aracre, había recomendado a Alberto Fernández no avanzar con más retenciones a productores. Guzmán dejó entonces entrever que el foco serían las empresas privadas, aquellas con ganancias extraordinarias.

Todo terminó a los topetazos el lunes pasado. A las 17.25 llegó un llamado a la Unión Industrial Argentina (UIA) para invitar a un acto en Casa Rosada a las 18. Daniel Funes de Rioja, titular de la entidad fabril, estaba entrando a su casa. Dio media vuelta y retornó. Llegó minutos tarde al acto. Era el único empresario. Lo sentaron junto a Emilio Pérsico y Pablo Moyano, el único referente de la CGT que llegó a escuchar al Presidente. Por la escasa presencia, esa línea de sillas fue eliminada y Funes fue reubicado detrás de Santiago Cafiero. Nunca supo qué se iba a anunciar.

Dos días después, en la reunión de la Junta Directiva, la “calentura” era explícita. Un representante de San Juan era “leche hervida” -lo describieron-, porque el ruido que generaba el supuesto nuevo impuesto afectaba una inversión minera. La UIA cuestionó la medida en su minuta habitual. El lunes lo hará frente a Alberto Fernández y el miércoles, a Sergio Massa.

Esa noche, en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) debatieron el tema con un gráfico de fondo que mostraba la inversión pública y privada con relación al PBI, en caída, entre 2004 y 2020. “Fue un baldazo de agua fría”, cuestionó un hombre que participó del encuentro y que dijo que, en los países serios, que esas propuestas se trabajan en un diálogo conjunto.

“Sorpresa total”, afirmó uno de los CEO en AEA sobre el impuesto. Por la mañana, el presidente de la entidad, Jaime Campos, habló en radio Mitre; por la tarde hubo un comunicado formal. En el medio, en un almuerzo, se delineó la letra final. Se incluyó un gráfico sobre la presión fiscal en la Argentina en base a datos del Iaraf, que el domingo -con Guzmán en Chapadmalal- ya había difundido un Vademécum en el que enlistaba los 165 tributos que hoy se pagan en el país.

Guzmán ya estaba en la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington. “Hay sectores de la economía que se benefician con ganancias extraordinarias inesperadas producto de la guerra y miles de millones de personas en el mundo que sufren las consecuencias de los aumentos de los precios”, repetía en el foro de ministros del G-20.

A pesar de la irritación del círculo rojo por su propuesta, el ministro sabe que para las empresas es la opción “racional” frente al cristinismo; es la misma visión que perdura en el FMI y es lo mismo que escucharon banqueros argentinos de funcionarios americanos en EE.UU. Ese blindaje, hasta ahora, lo empoderó frente a la presión que ejerce sobre el ministro Cristina Kirchner y que volverá a sentir cuando el mes que viene se conozca el IPC de abril y se debatan las tarifas.

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