Reforma laboral: un debate que vuelve en un escenario de crisis en el mundo del trabajo

El capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 con el que el gobierno de Javier Milei inauguró su gestión reavivó el debate sobre la necesidad de revisar el andamiaje normativo que regula el mercado de trabajo en la Argentina.

La discusión, que parte de posiciones muy encontradas, resurgió en un contexto socioeconómico muy particular, con problemas que en algunos casos persisten desde hace años. La informalidad laboral llega 36% de los asalariados y a la mitad del conjunto de ocupados (incluyendo a los cuentapropistas), según datos que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. La tasa de desempleo es considerada baja (5,7% de la población económicamente activa), pero convive con una dinámica de escasa creación de puestos de empleo dependientes en el sector privado. Y los salarios pierden poder adquisitivo desde 2017.

Empresarios, sindicalistas y expertos en legislación laboral comparten el diagnóstico, en líneas generales, e, incluso, la definición respecto de que es un desafío aggiornarse a la realidad que plantea el mapa del trabajo y a las constantes transformaciones. Pero los acuerdos parecen difíciles y el asunto queda enredado, una y otra vez, sin que se encuentre una salida.

Por el lado de los empresarios, el apoyo al contenido del DNU sobre esta materia se manifestó con algunos matices. La Unión Industrial Argentina (UIA) defiende los artículos y se presentará ante la Corte Suprema como amicus curiae (terceros interesados en la causa, que presentan sus argumentos a favor de una postura) en la causa promovida por la Confederación General del Trabajo (CGT), que derivó en la suspensión, por medida cautelar, de la reforma laboral incluida en el DNU por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), por su parte, sostuvo que las medidas “van en la línea correcta, procurando desandar un largo camino de regulaciones que terminaron por asfixiar a las pymes”, aunque, a la vez, puso reparos respecto del impacto que podrían tener “los cambios en las reglas comerciales” imulsados por el Gobierno, para ese segmento de la economía.

El rechazo a la reforma fue generalizado en el ámbito del sindicalismo, algo que se vio reflejado en la marcha del miércoles último, convocada por la CGT bajo la consigna “No al DNU y a la Ley Ómnibus”.

Más allá de las iniciativas del Gobierno en materia laboral (el contenido del DNU se detalla en un cuadro que acompaña esta nota) existe cierto consenso en reconocer los problemas y también las nuevas realidades del mundo del trabajo, surgidas de la irrupción de las tecnologías de la información, que configuran cambios en la manera de organizar las relaciones laborales. Las diferencias emergen en relación a cómo combatir al fenómeno de la informalidad y cómo generar empleos “de calidad”.

Según datos del Indec correspondientes al tercer trimestre de 2023, la tasa de empleo alcanzó 45,5%, 0,9 puntos porcentuales por encima de la medición anterior (44,6%), mientras que el desempleo se ubicó en el 5,7% de la población económicamente activa, representando una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto del segundo trimestre (6,2%). Sin embargo, los nuevos puestos están mayoritariamente en el segmento no asalariado (3,4 millones de personas en los 31 centros urbanos alcanzados por la encuesta del Indec, de los cuales el 85,7% son trabajadores cuentapropistas) y en el de asalariados sin descuento jubilatorio (3,6 millones). Eso ratifica que en la Argentina prolifera el trabajo precario o de “baja calidad”, y que cuesta revertir esa realidad.

En el empleo formal y asalariado en el sector privado, en tanto, hay 6,37 millones de personas, según el dato a octubre último publicado por el Ministerio de Trabajo. Solo unos 250.000 más que 10 años atrás.

Distorsiones

Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, afirma que en la Argentina “hay tres tipos de distorsiones” que afectan la creación de empleo: la presión fiscal, la legislación laboral y el vínculo educación-empleo.

“Primero, hay un tema fiscal que, si no se resuelve, hará que sea muy difícil avanzar, porque la informalidad no es solamente laboral, sino que atraviesa muchos aspectos de la vida –enumera el abogado–. Segundo, tenemos un problema laboral dado por una institucionalidad con un criterio proteccionista erróneo, porque proteger al trabajador no significa anular la posibilidad de contratación, generar litigiosidad artificialmente y restringir la capacidad de la negociación colectiva. Y tercero, hay necesidad de adecuar el sistema educativo a los cambios tecnológicos y a las nuevas realidades productivas”.

Los industriales se refieren a la reconfiguración del mapa del trabajo a nivel global y al salto de escala productivo. “Hemos evolucionado no solo tecnológicamente, sino en la organización de cadenas de valor. El modelo ya no es con las mega fábricas, sino son fábricas que tienen grandes cadenas”, afirma Funes de Rioja. “Ha cambiado el sesgo productivo y tenemos un problema de productividad (microeconómico) y de competitividad (macroeconómico)”, agrega. En este diagnóstico subyace el apoyo industrial al paquete de medidas oficiales que busca desregular la economía.

Entre otras cuestiones, el DNU plantea una rebaja al costo de las indemnizaciones por despido y la posibilidad de que sean reemplazadas, acuerdo entre partes mediante, por un fondo de cese; la ampliación del período de prueba a ocho meses; la derogación de multas por empleo no registrado; límites a la acción sindical y al derecho a huelga, declarando más actividades como esenciales, y límites a la ultraactividad de los convenios (la cláusula por la cual lo estipulado en los acuerdos sigue vigente hasta la firma de uno nuevo).

El dirigente de la UIA insiste en que, más allá de esas medidas, la “superposición y exageración de la presión fiscal” explica buena parte de la situación del empleo en la Argentina. También subraya el “problema monetario”, que llevó a una “explosión inflacionaria” y a la “contracción del mercado interno”, un problema que se deriva de “décadas de regresión productiva y de no adaptación”. Y dice: “Para volcar inversión a la Argentina y que ello redunde en generación de empleo, las reglas de juego, fiscales y laborales, la previsibilidad y la confianza tienen que recrearse”.

Según Julián de Diego, especialista en derecho laboral, director del posgrado en Recursos Humanos de la Universidad Católica Argentina (UCA) y consultor de empresas y entidades, los últimos números del mercado de trabajo dan cuenta de que “el actual modelo de relaciones laborales no genera empleo, sino todo lo contrario, lo tiene paralizado”.

“La reforma del Gobierno pone en jaque la trilogía Estado, sector empresario y sector sindical, que durante décadas se retroalimentó, al punto de llegar a ser tres socios de una misma forma de producir, aunque con intereses en pugna”, describe. Y sostiene que “ese modelo fracasó porque la economía clandestina se triplicó respecto de 1991 y las multas se convirtieron en parte de la industria del juicio”.

La cuestión judicial está presente en los cambios planteados en el DNU; por ejemplo, se estableció que las personas físicas y jurídicas alcanzadas por el Régimen de Pequeñas y Medianas Empresas puedan pagar las sentencias condenatorias en hasta 12 cuotas, y se dispuso un límite a los intereses con los que se actualizan los montos de los fallos.

Respecto de qué se necesita para combatir la formalidad y generar puestos registrados, De Diego destaca los puntos principales –y más polémicos– de la iniciativa oficial: “Hay que aumentar el período de prueba, bajar las cargas sociales e incentivar al que tiene trabajadores en negro para que los blanquee, con una campaña de premios y castigos”. Y agrega: “Hay que poner todo el sistema laboral de la Argentina, formal e informal, dentro del escenario informático, siguiendo el modelo de países como Suecia, Dinamarca y Holanda, donde todo lo que se paga está en blanco, bancarizado”.

Si bien el abogado considera que hay varios puntos del DNU que requerirían correcciones, sostiene que el paquete es “muy coherente con un concepto fundamental”. Algo deseable, según su punto de vista, es que el sistema laboral “tenga gran libertad y flexibilidad para que las personas puedan contratar y que el 90% del contenido de lo que se acuerde dependa de la voluntad de las partes”.

Sin soluciones mágicas

Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), coincide en que “hace un buen tiempo que la economía argentina no crea la cantidad suficiente de puestos de trabajo con derechos para dar respuesta a la necesidad de la población, o, si los crea, eso ocurre en un sistema con salarios muy bajos”.

Afirma que hay “un crecimiento tendencial del empleo por cuenta propia y una caída del empleo formal”. En los últimos 11 años y según la estadística publicada por la cartera laboral, mientras el empleo asalariado registrado creció solo un 5%, la cantidad de monotributistas avanzó un 48%. Para el especialista, estos males dan cuenta de “la situación de una economía estructuralmente estancada desde hace 40 o 50 años, no solo en relación con sí misma, sino también respecto de las otros países de la región”.

Su opinión, sin embargo, es que el DNU está lejos de poder contribuir a resolver la problemática laboral. “Lo primero que debería hacerse es dejar de creer en soluciones mágicas, por ejemplo, en que un cambio en la legislación laboral se va a traducir en una mejora en el tipo de empleo que se crea y en una baja de la informalidad”, sostiene Campos. Y apunta: “La legislación juega un papel importante, pero secundario, ya que si un mercado no tiene la previsión de colocar lo que produce no va a contratar, por más que le den la legislación más flexible del mundo”.

“Sería muy fácil formalizar al 100% de los trabajadores diciendo que no hay que pagar ningún tipo de carga social y que alcanza con el solo hecho de anotar al trabajador en un registro administrativo”, dice el investigador. Sin embargo, “eso no tendría los efectos que le pretendemos asignar, porque cuando hablamos de pasar de la informalidad a la formalidad nos referimos a pasar de puestos de trabajo sin derechos a puestos con derechos; de puestos que hoy no cotizan al sistema de seguridad social a puestos que sí cotizan”.

Campos razona que, si bien podrían bajarse los costos laborales vía salarios o vía la legislación laboral e impositiva, la cuestión es a quién se le va a vender lo que se produce. “No al mercado interno, porque bajaría la demanda agregada”. Esa política, continúa, “nos haría más competitivos en la economía global, pero si vamos a competir por la baja del costo de la mano de obra, en el mundo todavía hay reservorios mucho más baratos que en la Argentina”, como el caso de la industria textil en el sur asiático. “Si se pretende la inserción en un sector como el de servicios tecnológicos, ese rubro puede llegar a tener un crecimiento y, gracias a la disminución del costo laboral se puede ser más competitivo, pero eso no va a mover el amperímetro del mercado de la fuerza de trabajo en la Argentina”, concluye.

Para el experto, una segunda cuestión fundamental es poner en discusión el modelo productivo del país. “Una estructura productiva que se primariza y no demanda muchos puestos de trabajo formales no se va a traducir en un crecimiento de empleo formal, por más que cambie la legislación”, expresa. Y completa: “Lo tercero es tener políticas sectoriales importantes, porque más de la mitad de los empleos no registrados está por la suma del trabajo en casas particulares, en la construcción y en el comercio minorista de subsistencia. Esos sectores explican más del 60% del empleo no registrado”.

El combate contra la informalidad y a favor de la generación de empleo registrado depende más de la política económica que de la normativa laboral, según considera Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista e investigador del centro de estudios Fundar. “Si bien la expansión de la actividad económica puede generar empleo, también puede provocar problemas de distribución y desigualdad si no se concentra en las actividades que crean puestos de calidad, como la industria, la manufactura y algunos servicios”, afirma.

Pensando en el diseño de una estrategia de desarrollo enfocada en la creación de empleo registrado, Ottaviano sostiene que “un esquema progresivo de contribuciones para pymes podría ser útil, sabiendo que la mayor presión fiscal sobre estas empresas no tiene que ver con los llamados impuestos laborales, sino con el resto de los componentes fiscales, entre los cuales el IVA es el gran protagonista”.

Entre las herramientas que cree útiles para intentar apuntalar la dinámica laboral incluye un plan federal de formación profesional. “Se requiere de una protección laboral para los entornos digitales”. También, apunta, sería útil una política de “modernización y asistencia técnica para emprendedores, micropymes y trabajadores autónomos”.

“Una estrategia moderna de las relaciones laborales es la que encara la cuestión de la digitalización, la inteligencia artificial y el trabajo remoto de una manera inteligente, con protecciones laborales y sociales. Reducir las protecciones laborales y sociales y que eso signifique per se una estrategia de modernización, es algo que tiene patas cortas”, opina Ottaviano.

El abogado aclara que un paso que debería darse es encarar un trabajo para identificar qué sectores, qué ocupaciones y qué tareas van a sufrir algún grado de sustitución [por las tecnologías], y cuáles verán aumentada su productividad respecto de la situación actual. Según su visión, más allá del capítulo laboral del DNU, allí parece radicar una cuestión central, al menos en lo inmediato.

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