Recusan a un juez previsional

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) presentó esta semana, ante la Justicia, alrededor de un centenar de recusaciones sin causa contra el juez Luis René Herrero, vocal de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Así, el organismo que dirige Diego Bossio busca evitar que el magistrado emita su voto para la resolución de esos juicios, en los que ahora debería intervenir un juez de otra sala. Según advirtieron fuentes del fuero, esos trámites se demorarán aún más tiempo que el habitual, en un fuero colapsado por la gran cantidad de demandas de jubilados contra el Estado.

Las recusaciones comenzaron a llegar un mes después de que, tal como informó La Nacion en su momento, la Anses presentara ante el Consejo de la Magistratura un pedido de investigación contra el juez Herrero -al que acusa de arbitrariedad-, que podría llevar, en última instancia, a su juicio político. Herrero es conocido por sus sentencias a favor de los jubilados -que incluyen medidas cautelares para apurar la actualización de haberes- y por sus declaraciones sobre las razones de la alta litigiosidad.

La Anses emitió un comunicado en el que señala que las recusaciones hechas en virtud del Código Procesal vigente tienen por objetivo evitar las sentencias arbitrarias del magistrado. El escrito afirma que esas acciones están vinculadas a aquella presentación ante el Consejo de la Magistratura, en la cual hay acusaciones basadas en escritos que la jueza Nora Dorado, también vocal de la Sala II, había dirigido al presidente de la sala, Emilio Fernández, y que también llegaron a la Anses.

La denuncia se refiere a una adulteración del orden de votación y del contenido del voto de Dorado en un expediente, a un recorte del texto de otro voto de la jueza y a una presunta relación de amistad de Herrero con el abogado de una causa. La versión del juez es que no existe tal amistad y que, por lo demás, se lo acusa por tareas que, dado su cargo, no son de su responsabilidad.

La situación de Herrero motivó declaraciones de entidades de abogados. Según la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la denuncia de la Anses "se fundaría en hechos formales, sin entidad suficiente para pomover la aplicación de medidas disciplinarias". La institución manifiesta su preocupación por la presentación ante el Consejo de la Magistratura y por "la inusitada cantidad de causas que se tramitan en ese fuero". Directivos de la Asociación de Abogados Previsionalistas también manifestaron su decisión de apoyar al juez Herrero, "por su probidad mostrada durante más de 20 años" en el fuero y "por su transparencia y solvencia académica".

Informe a la Corte

La elevada judicialidad previsional había hecho que, en mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia le pidiera a la Anses información sobre el tema. Ayer por la tarde, el organismo comunicó que cumplió con el requerimiento, pero no difundió los datos incluidos en el informe.

Según consignó la Anses, que es la parte demandada en los juicios, se solicitó formalmente una audiencia en la Corte, "lo que ha tenido acogida favorable en conversaciones informales con el presidente del tribunal [Ricardo Lorenzetti]".

La Corte emitió su pedido de informes en el marco de una demanda del defensor del pueblo de la Nación, que solicita que la actualización de haberes por el período de 2002 a 2006, según el criterio ya dictado en la causa Badaro, se les aplique a todos los jubilados a quienes les corresponda, sin obligarlos a ir al largo camino de un juicio.

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