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A medida que se acerca la definición electoral, se tornan más inquietantes las dudas y las incertidumbres sobre el futuro en la Argentina, con el foco principalmente en dos factores: primero, está la cuestión económica que, sin duda, se comenzará a jugar en serio desde el lunes 28 de octubre.
El Gobierno asegura que tiene los dólares para llegar sin sobresaltos al final del mandato pase lo que pase con las elecciones. Usando las reservas para pagar los vencimientos de deuda no reperfilados, también para devolver los depósitos si la gente los sigue retirando como hasta ahora o si se acelera ese proceso, y también interviniendo en los mercados para que el dólar no se escape mucho más de 60 o 65 pesos.
El panorama se completa con un escenario que permitiría desdramatizar la renegociación de la deuda, sin enfrentarse ni con el FMI ni con los acreedores, y así administrar una transición ordenada si finalmente Mauricio Macri no logra la reelección. Es más, hasta se anima Hernán Lacunza a prometer que no habrá endurecimiento del control cambiario después del 27 de octubre. Suponen que el equipo saliente y el elenco económico entrante podrían sentarse juntos con los acreedores a abrir la negociación, lo cual sería una tranquilidad para los mercados.
Del otro lado, la oposición, tiene un mensaje bastante distinto. Reapareció en estas horas en forma insistente la queja del candidato Alberto Fernández contra el Presidente por el uso de las reservas y la deuda. "Solo le pedí que cuide las reservas y pierde más 100 millones por día", dijo antes del debate; para después coincidir con su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, en la teoría de que la deuda con el FMI y con los tenedores de bonos se tomó para que "los amigos del Presidente se lleven las divisas afuera". Sergio Massa fue más directo: le pido a Hernán Lacunza, que trabajó en el pasado con él, que no rife las reservas, "que no rife su carrera de economista por los caprichos de un presidente".
La discusión sobre qué hacer con las escasas reservas que van quedando y cómo encarar la renegociación de la deuda para saber si esas reservas empezarán a recomponerse o si se vaciarán del todo, será el centro del conflicto económico entre el Gobierno y la oposición desde el 28 de octubre, cuando abran los mercados con los resultados puestos de la primera vuelta.
Si se repite el resultado de las PASO y resulta electo Alberto Fernández, la mayor o menor calma financiera con el dólar y, sobre todo, la estabilidad de los depósitos dependerá mucho de las señales que se den en este sentido. ¿Qué quiere decir el cuestionamiento de Massa y Fernández? Una obviedad: quieren que Macri no venda más dólares y se los deje como margen a los que llegan. Que sea Macri el que blanquee el default antes de irse, que sea Macri el que tenga que cerrar al 100% el control cambiario, que sea Macri el que aguante en su final nuevas y significativas devaluaciones que ayuden a los que vienen a licuar el gasto y la deuda en pesos.
Es obvio que el Presidente no está dispuesto a despedirse de ese modo. Recuperó ánimo y fuerza política con los actos que convoca, una energía que no solo está puesta en tratar de lograr el milagro y dar vuelta la elección, sino que tiene que ver con que, si le toca perder, evitar que se lo lleven puesto en el final del mandato, y tratar de seguir peleando en el llano como jefe de una oposición dura contra los Fernández y Sergio Massa. Convertir la Fundación Pensar en el futuro Instituto Patria. Ya avisó Macri que usará las reservas para evitar el default, para devolver los depósitos, y para evitar un nuevo estallido inflacionario por nuevas devaluaciones.
La concordia que imaginan Guido Sandleris y Hernán Lacunza en la transición si pierde Macri no aparece tan garantizada. Menos en la reestructuración de la deuda con los acreedores privados y con el FMI, cuyas reminiscencias orientales que se prometen lucen hoy más cercanas a las características del fútbol uruguayo (pierna fuerte y a quebrar), que a la tradición discreta, amable y cumplidora de Uruguay en materia de compromisos y contratos financieros.
Tan o más importante que la incertidumbre económica, reaparecen las dudas en la cuestión política: quién concretamente va a ser el oficialismo si gana Alberto; y quién la oposición si pierde Macri. En lo inmediato, como se explicó, habrá espíritu colaborativo en caso que haya que administrar una transición hacia otro elenco gubernamental, o si los halcones en uno y otro lado de la grieta tornarán la convivencia imposible.
Con el agravante de un dato central que reaparece hoy para agregar inquietud, amenazando la convivencia democrática otra vez en la Argentina: el futuro de las libertades públicas y la libertad de expresión en el país. Hasta dónde las medidas de emergencia económica que vengan no podrían derivar en abusos contra las libertades o los patrimonios, y qué capacidad de cuestionar y exponer públicamente las críticas tendrá la sociedad.
El periodismo argentino y las instituciones democráticas del país están conmovidas en estas horas por la decisión de un juez que podría aceptar como prueba contra periodistas procesados o ahora por procesar un informe de una Comisión Especial cuya legitimidad para actuar como jueces o auxiliares de un juez no está prevista en la Constitución.
Hasta allí lo conocido. El caso de la actuación del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla contra el periodista Daniel Santoro, y el informe de la Comisión Provincial de la Memoria avalado por el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que no solo acusó a Santoro de espionaje y acción psicológica, sino que sumó a otros periodistas muy reconocidos a la lista de sospechosos.
Pero lo más grave del caso, que no ha sido todavía resaltado en su magnitud, es que el juez que lleva la causa incorporó al expediente el informe de la Comisión de la Memoria, cuando los afectados habían apelado esa medida de prueba ante la autoridad superior por considerarla abiertamente inconstitucional. Esa apelación está sin resolver en la Cámara Federal Penal de Mar del Plata, con lo cual los superiores del juez aún no se expidieron sobre la validez y legalidad de la actuación de la Comisión de la Memoria contra los periodistas.
Quiere decir que la Justicia no esperó la resolución de la Cámara. Ordenó igual la investigación, recibió el informe y lo incorpora al expediente como prueba y ahora podría ampliar procesamientos o incorporar nuevos periodistas procesados merced a la opinión de un grupo de personas que están actuando sin una legalidad confirmada. Todo esto en momentos en que recrudecen públicamente las acusaciones de Cristina contra los periodistas que la cuestionan por su pasado, a quienes la expresidenta ahora no solo los acusa de engañar al electorado a favor de Macri y en contra de ella, sino que sugiere que como son los periodistas los que hicieron que Macri ganara las elecciones, entonces corresponde ahora actuar contra ellos en la Justicia, ya que son los responsables del fracaso económico y el drama social de hoy en la Argentina. Ya no son amenazas con el escrache sistemático en un programa de TV pagado por todos en Canal 7. O las agresiones verbales en los discursos o la cadena nacional. Ahora es con un juez de la Constitución que actúa contra los periodistas, y tiene la potestad legal de quitarles su libertad y su patrimonio.
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