Reclamos justos y escasez de recursos

No he visto un solo caso de un periodista que, antes de criticar el proceder de quienes reclaman por algo, cortando calles, tomando edificios públicos, o incendiando contenedores de basura, no califique el reclamo de “justo”.

Del otro lado de la cámara siempre me pregunto qué profundo análisis lo habrá llevado a tan contundente afirmación. El mal absoluto no existe o es muy poco frecuente.

Si un gobierno gasta US$3 millones en subsidiar la filmación de una película, que termina siendo vista por un solo espectador; cuando otro gobierno elimina dicho gasto, el bienestar del único espectador lógicamente se deterioró.

Entonces corta el tránsito, portando una pancarta, y el periodista se queja, pero dice que el reclamo es justo.

Dejar de emitir le complica la vida a los empleados de la Casa de Moneda, el aumento de la seguridad disminuye la demanda de policías.

El tratamiento de estas cuestiones, pero en serio, se tiene que basar en un par de cosas.

Por una parte, proporcionar información relevante; por la otra, entender que la suma de los reclamos individualmente “justos” supera ampliamente la disponibilidad de los recursos. Vamos por partes.

La discusión pública de cuestiones como las jubilaciones, los gastos de las universidades públicas, etc., privilegia la grandilocuencia y apela exclusivamente al corazón. ¿Vio usted en televisión hablar a alguno de los millones de compatriotas que cobran alguna jubilación o pensión y nunca aportaron? Yo tampoco.

En el caso de las universidades, no escuché ninguna postura que tuviera nivel universitario. ¿Les enseñan a pensar los profesores a sus alumnos?

La otra cuestión se refiere a la escasez de los recursos. Piense en su familia: cada uno de sus integrantes tiene ideas “muy justas” referidas a en qué hay que gastar y cuánto.

Pero las decisiones tienen que basarse en que, lamentablemente, no hay cómo satisfacer simultáneamente todas las iniciativas justas.

En el plano público ocurre exactamente igual.

La política económica son prioridades. Lo cual, en el caso de los gastos públicos, quiere decir en qué gastar y en qué no gastar; en qué gastar más y en qué gastar menos; cómo gastar y cómo no gastar; etc. Tarea más que desagradable, pero indispensable.

A cargo de los diputados y los senadores, en el tratamiento del presupuesto nacional de ingresos y gastos, y eventualmente del Poder Ejecutivo en el momento de llevarlo a la práctica.

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