Recaudar y distribuir, dos verbos que esconden un gran conflicto argentino

1. Reparto. La coparticipación federal de impuestos volvió a entrar en escena por las discusiones entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quizás tiene sentido que estos debates sucedan desde hace casi 30 años, con altibajos. Ya en 1996, según lo previsto por la “disposición transitoria” número 6 de la Constitución, debió elaborarse una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, con la aprobación de todas las provincias, pero eso no ocurrió. Los valores porcentuales asignados a cada jurisdicción siguen siendo los de una ley de 1988, aunque hubo modificaciones posteriores. El 54% de la población actual no estaba cuando se definieron aquellos porcentajes. Por cómo sigue el debate y como están (des)alineados los incentivos, hay alta chance de que lleguemos a 30 años sin que se cumpla aquello de una nueva ley.

2. Federalismo. Nuestro país no es el único que tiene un esquema de coparticipación. Brasil y México cuentan con un sistema de distribución de ingresos nacionales, y también países como Australia o Canadá. Las transferencias del gobierno central hacia los subnacionales suelen tener cuatro objetivos principales: corregir las externalidades producidas en otras jurisdicciones por los bienes públicos que provee un gobierno local; propender a la igualación fiscal de las provincias; reducir los desequilibrios verticales (entre niveles de gobierno) y asegurar la provisión mínima de bienes públicos en todo el país.

3. Historia. La ley de 1988 elevó la proporción de fondos de impuestos nacionales recibida por las provincias, al establecer que a ellas se derivara, en la distribución primaria, el 54,66%. En la ley anterior ese índice era de 48,5%. Así, se reconoció el impacto de la transferencia de la responsabilidad de dar ciertos servicios que se había hecho a fines de los 70 sin contrapartida financiera. En cuanto a la distribución secundaria, es decir los porcentajes que le llegan a cada provincia, se abandonó todo criterio explícito y objetivo para los coeficientes de distribución, que fueron establecidos en función de los repartos hechos entre 1985 y 1987, cuando no existía una ley de coparticipación. Además, para la ciudad de Buenos Aires, en aquel entonces un municipio, y Tierra del Fuego, no hubo en un principio porcentajes establecidos.

4. Injusticias. Con esa situación arbitraria nacen inconsistencias. Más allá de las cuestiones técnicas de la ley de coparticipación, el sistema en sí está muy desbalanceado. Algunas pocas provincias aportan al sistema mucho más de lo que reciben. Es el caso de la Ciudad Autónoma que, hasta 2015, recibía menos del 10% de los recursos. Era el distrito con mayor brecha entre lo aportado y lo recibido, seguida por la provincia de Buenos Aires. El resto recibe más recursos de los que aporta. Por eso, el conflicto político parece no tener solución. El caso más extremo es el de Formosa, que recibe $7 por cada $1 aportado.

5. Qué hacer. Un sistema tan desigual desalienta la producción y la recaudación provincial. Debe cambiar y rápido. Pero eliminar la coparticipación lisa y llanamente no parece ser la solución. Las provincias hoy tienen bajo su responsabilidad la provisión de salud, seguridad y educación. Hoy solo cuatro jurisdicciones de las 24 concentran el 70% del valor agregado y una proporción similar de la base tributaria. Es decir, salvo excepciones la recaudación provincial es muy baja, y quitar la coparticipación desfinanciaría la provisión de servicios a los ciudadanos.

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