Reabren la causa contra Yoma por presunto fraude al Estado

La Cámara Federal porteña reabrió ayer una causa por presuntas irregularidades en la obtención y el reintegro de créditos de la curtiembre Yoma en la que están involucrados el ex presidente Carlos Menem, funcionarios de su gobierno y nueve ex directivos del grupo empresarial. La resolución de la Sala I del tribunal revocó los sobreseimientos con que el juez Claudio Bonadío había beneficiado a todos los imputados, en agosto de 2004, y ordenó continuar la investigación.

La causa que instruye Bonadío incluye más de 60 imputados, todos acusados de fraude al Estado por anomalías en los créditos que, supuestamente sin garantías suficientes, los bancos oficiales habrían brindado al grupo Yoma entre 1995 y 1998 por unos $ 180 millones. La hipótesis de la fiscalía es que, por medio del decreto de necesidad y urgencia 804/96, se benefició indebidamente a los Yoma. Ese decreto ampliaba los plazos de promoción industrial para las empresas regionales.

Bonadío había absuelto a Menem, a sus ministros Carlos Corach (Interior), Susana Decibe (Educación), Elías Jassan (Justicia), Oscar Camilión (Defensa), Armando Caro Figueroa (Trabajo) y Jorge Rodríguez (jefe de Gabinete). Todos ellos habían firmado el decreto cuestionado.

El magistrado también había sobreseído al actual gobernador de La Rioja, Angel Maza; a uno de sus funcionarios, Jorge Bengolea, y a nueve ex directivos de la curtiembre, entre ellos Emir Yoma y Amira Yoma. Los camaristas Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Horacio Vigliani sostuvieron, sin embargo, que el decreto habría permitido al grupo Yoma beneficiarse de nuevos y mayores créditos de la banca oficial que después no pudieron ser cobrados. Advirtieron, además, que resulta extraña la maniobra por medio de la cual la empresa Austral, que tenía un capital de un millón de dólares, le debió por un tiempo prolongado unos 40 millones de dólares al grupo Yoma, cuando la curtiembre atravesaba entonces serias dificultades financieras.

La situación del grupo

En la actualidad, el grupo Yoma está en concurso preventivo. Si alcanza un acuerdo con los principales acreedores de la curtiembre de Nonogasta, estará habilitado para presentarse como oferente en el proceso judicial en que se encuentra la firma y, llegado el caso, retomar su control.

Con más de 170 millones de pesos, el principal acreedor de la empresa es el Banco Nación. En septiembre pasado, la actual ministra de Economía, Felisa Miceli, entonces presidenta del mencionado banco, llegó a la curtiembre una vez que la Cámara Civil y Comercial de Chilecito había apartado por resolución a la familia Yoma de la administración de la empresa, aunque seguía siendo dueña de las acciones.

Aquella vez, Miceli dijo que los propietarios de la firma no habían pagado un peso al banco y que las ofertas hechas no habían sido aceptadas porque "contrariaban" el criterio de justicia que imperaba en la entidad para el reconocimiento de las deudas.

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