Ramón Lanús: "No reventamos activos del Estado, sino que transformamos bienes"

MINIBIO. Cargo: presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado; profesión:abogado (Universidad Austral); ocupaciones anteriores: asesor en el GCBA.

La venta de terrenos que estaban en manos del Estado fue noticia constante en 2017. Edificios y predios en Retiro, San Telmo o Núñez, además de campos del Ejército en Córdoba, integran un amplio listado de bienes subastados en el marco de un proceso que despertó el apetito de grandes desarrolladores inmobiliarios (Consultatio, de Eduardo Costantini; Rahgsa, de Moisés Khafif; TGLT; Argencons) y críticas de quienes ven en esas operaciones la entrega de terrenos públicos a negocios privados.

"Entendemos que las críticas son válidas. Existe la discusión y me animo a darla", dice Ramón Lanús, el cerebro detrás de esta maquinaria. Abogado formado en la Universidad Austral, fue el elegido para encabezar la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete que se encarga de gestionar los inmuebles públicos en el país. "Fueron dos años de aprendizaje y de definir el rol que queremos para la agencia", plantea el funcionario, en las oficinas del organismo en Retiro, donde se concretan los remates.

Lanús defiende la enajenación de esos activos estatales. "Vender tierra es un instrumento para desarrollar otras cosas", dice, y asegura que los fondos se destinan a bienes de capital para el Estado (por ley, los fondos de las subastas se destinan un 30% a la AABE y un 70%, a la dependencia que posee ese bien) o la financiación de obras como el Paseo del Bajo en el centro porteño. La hoja de ruta de las subastas para este año incluye, además de parcelas remanentes, Catalinas Norte, terrenos en Colegiales, La Boca (Catalinas Sur) y Palermo, cuyos fondos deberán utilizarse en la construcción de los viaductos del Mitre y el San Martín.

-El avance de la AABE con la venta de bienes públicos motiva rechazos. ¿Cómo toman esas críticas?

-Existe una ley que especifica que todos los fondos que se generan por la venta de propiedades del Estado se tienen que invertir en bienes de capital. Desde nuestro punto de vista no estamos reventando activos. Estamos cambiando y transformando bienes por otros de diferente tipo. Pero entendemos que es una crítica válida. Existe la discusión y me animo a darla.

El caso de Catalinas Sur, en La Boca, tiene muchas voces en contra por parte de los vecinos que rechazan más construcciones.

-Siempre pedimos que tengamos la honestidad intelectual de ver si lo que estamos proponiendo es mejor de lo que hay hoy o no. Y en general, la gente reconoce eso. Cuando vas a ver ese lugar, donde hubo discusiones, hoy es un playón de autos abandonados. En Colegiales es un corralón de materiales. En Palermo es un lugar que hoy está abandonado, genera inseguridad y los vecinos son los primeros que piden cambiarlo. Una opción es hacerlo todo verde, que después te genera el desafío de cuidarlo, encargarte de la seguridad y otros temas desde el punto de vista urbano. Cada proyecto lo encaramos con un esquema de que el 65% de la tierra se use como espacio público. En Catalinas Norte, por ejemplo, el proyecto contempla generar espacio verde por una superficie equivalente a dos veces el Parque Lezama.

-Las grandes subastas se vincularon a grandes desarrollos. ¿Hay espacio para vivienda social?

-Uno de nuestros ejes es trabajar en el desarrollo de suelo para ese fin. Por supuesto que no en Catalinas Norte. Tenemos con Procrear una expresión de interés para que desarrolladores vean 21 inmuebles que pusimos en su página, que son viviendas para sectores medios. Intentamos aumentar la demanda, y el Estado tiene tierras valiosas. En Colegiales o Catalinas pensamos en impulsar la actividad económica y el empleo. En Rosario o Santa Fe no pensamos en cuánto viene al Estado por la venta de tierras.

-¿Cómo se define ese criterio?

-Tenemos arquitectos y urbanistas en la AABE que con cada municipalidad trabajan para definir cuál es el mejor uso de la tierra. Cuando tiene mucho potencial económico, no vamos a forzar al mercado queriendo hacer una vivienda social. El costo de oportunidad es mucho más alto.

-¿Cuál es el plan para 2018?

-En Capital, las subastas están vinculadas con el financiamiento de los viaductos. Son terrenos a los que junto con la Legislatura les cambiamos la zonificación en 2017. El año pasado lo más importante fue Catalinas Norte y el Paseo del Bajo. Este año queda parte de ese lugar y se suman las playas ferroviarias en Colegiales, Catalinas Sur y un espacio en Ocampo donde funcionan canchas de fútbol. Los viaductos se arrancaron en una situación de restricción presupuestaria. No había fondos para avanzar, y estamos generando activos que no estaban siendo utilizados para cambiar la normativa en la ciudad, subastarlos, generar actividad económica y obras que van a impactar en la comunidad.

-¿Y en el interior?

-Hay proyectos grandes en las ciudades, en espacios vacíos que generan problemas. En Mendoza, por ejemplo, el municipio no quiere tener las 20 hectáreas de parque de talleres ferroviarios, porque mantenerlo es carísimo. Necesitan abrir calles, que haya circulación y se creen espacios comerciales y de uso mixto. Esperamos este año trabajar mucho más en el interior. Y otro de los ejes de trabajo es la regularización de dominios. Esto involucra a gente que ocupa una vivienda construida por el Estado, pero que en muchos casos por desidia de la administración nunca tuvo su escritura. El año pasado hicimos 1500 escrituras. La segunda parte está vinculada con barrios populares o villas de emergencia. El objetivo es encarar procesos de titularización masivos para ayudar a procesos de reconversión e integración urbana.

-¿Cómo ven el mercado? ¿Hay fondos para seguir vendiendo?

-Hace unos años, lo que ocurrió en 2017 no hubiera sido posible. Volcamos al mercado 300.000 metros cuadrados de constructividad, y que todo ese volumen haya sido absorbido tiene que ver con mucha gente que ve que la Argentina es un lugar bueno para invertir. Se dispararon proyectos de inversión por unos US$1000 millones entre tierras y construcción, con una incidencia promedio de US$1000 el metro construible. Sostenerlo en el tiempo es el desafío, pero somos optimistas porque en materia de vivienda, la aparición del crédito es un elemento disruptivo y novedoso para la Argentina. En el mercado de oficinas hay más dudas.

-¿Hay certeza respecto de los bienes que posee el Estado?

-Históricamente el manejo de inmuebles del Estado ha sido un tema oscuro y opaco. Hay falta de información. Estamos aumentando el registro de inmuebles; arrancamos con 20.000 y hoy tiene 70.000. Y el objetivo es, sobre todo, crecer en la calidad del dato.

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