Los fondos crecen, pero no alcanzan

Puesto en la palestra por la presidenta Cristina Kirchner, que esgrime un proyecto para "democratizar" la Justicia y amenaza con quitarles a los judiciales el beneficio de la exención de Ganancias, el Poder Judicial de la Nación ve cómo los fondos que le destina el presupuesto nacional aumentan cada año, pero aún así no alcanzan para mejorar su prestación de servicios ni la calidad de sus tribunales.

Este año, el Poder Judicial de la Nación recibió $ 7126 millones, suma que representa 0,40% del PBI. Esos fondos nutren a los 437 juzgados de primera instancia que hay en el país, 972 magistrados, 13.937 empleados y 5205 funcionarios del sector, entre otros. Todo esto sin contar lo que cada provincia destina a su propia administración de justicia.

En tanto, en el presupuesto 2013 se estima que los ingresos por tasa de justicia serán de $ 269,3 millones, 3% de lo necesario para financiar todo el presupuesto judicial. Además, en 1990 se dictó la ley de autarquía del Poder Judicial (23.853), que establece que se le asignará 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la administración central. "A este porcentaje se le adiciona lo solicitado por la Corte Suprema para financiar bienes de uso, en caso de ser necesario", precisa Marcelo de Jesús, presidente del comité ejecutivo del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores).

Pese al incremento que ha tenido el caudal de fondos que destina el presupuesto nacional al Poder Judicial, que en 1980 representaba 0,13% del PBI y en la actualidad asciende a 0,40%, el porcentaje es menor que en Chile, por citar un par regional. En el país vecino se dedica a esta área 1,02% del PBI (eso significa un 4,42% de su presupuesto general, mientras que en la Argentina esa incidencia es de 1,1%).

Más allá de las comparaciones estrictamente numéricas, Sandra Elena, directora del programa Justicia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), señala que el aumento de la partida presupuestaria destinada al área no ha tenido un impacto significativo en la optimización del sistema. "El presupuesto del Poder Judicial mejoró respecto del PBI y del gasto general, pero no se ha visto un avance en la calidad de los servicios o en la productividad –afirma la especialista–. A pesar de que hay mucho más dinero que en 1980, deberíamos estar el doble de mejor que en aquella época, pero no es el caso."

Ahora, ¿en qué se gastan los fondos recibidos? Casi todo se va en salarios. Un estudio de Fores muestra que en todas las provincias el gasto en personal ocupa entre 80 y 96% de los fondos otorgados a los poderes judiciales. En el presupuesto del Poder Judicial de la Nación para 2013 ese rubro alcanza 88 por ciento.

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación aportó datos que ayudan a dimensionar la cantidad de personas que cobran un sueldo en el Poder Judicial de la Nación. La Corte cuenta con 2500 agentes; el Consejo de la Magistratura, con 22.300; el Ministerio Público de Defensa, 2000, y el Ministerio Público Fiscal, 4000.

Los jueces de la Corte Suprema tienen un sueldo que varía según la antigüedad: entre $ 45.000 y $ 60.000. Según una planilla de liquidación de haberes a la que accedió LA NACION, la escala salarial tiene en la cúspide al juez de Cámara de Casación, que cobra $ 30.921,44, y en la base a un ayudante, que gana $ 6583,21. Un juez de Cámara, en tanto, cobra $ 29.612,36; un secretario de la Corte Suprema,

$ 29.612,36, y un juez de Primera Instancia $ 23.246,81, al igual que un secretario de la Cámara Nacional Electoral, un secretario letrado de la Corte Suprema y un director general. Los jueces además disponen de una "caja chica" de $ 1092 por mes, que se paga trimestralmente y que se destina a gastos corrientes del juzgado.

Entre los segmentos correspondientes al anexo 2 de la escala salarial, un jefe de despacho de Primera Instancia cobra $ 12.197,30; un oficial mayor, $ 10.539,59; un oficial,

$ 9287,21, y un escribiente, $ 8088,17. Entre los del anexo 3, un supervisor gana $ 12.197,30; un jefe de sección, 10.539,59; un encargado de sección, $ 9287,21; un oficial de servicio,

$ 8088,17; un medio oficial, $7511,85, y un ayudante, 6583,21 pesos.

Todos estos sueldos se verían recortados si, de acuerdo con la intención del Gobierno, se les quita a los judiciales el beneficio de estar exentos del pago del impuesto a las ganancias. Hay que recordar que no son sólo los jueces quienes tienen ese privilegio, sino que también gozan de él todos los empleados del área.

Si todos los jueces, funcionarios y empleados judiciales del país del Poder Judicial nacional y de todas las provincias pagasen Ganancias, la AFIP recaudaría $ 1144 millones, equivalente a 0,04 del PBI, según el cálculo incluido en el Presupuesto Nacional 2013.

Por otra parte, según comenta Marcelo de Jesús, de Fores, es muy poco lo que se derrama en inversión, ya que para todo este año se estima que sólo se gastará en ese concepto 0,06% del presupuesto. "Esto no es un defecto en sí mismo, dado que el Poder Judicial no es un poder que deba estar ejecutando acciones concretas –explica Jesús–. No obstante ello, dado el atraso tecnológico y edilicio que presentan los Tribunales, es posible afirmar que deba ampliarse la base de financiamiento de capital, entendiendo por ello todo lo referido a infraestructura y tecnología."

Pero si hay una variable que torna insuficiente cualquier aumento en las partidas destinadas al Poder Judicial, ésa es la de la acumulación de trabajo. Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, es tajante en este sentido. "El presupuesto no alcanza, porque aumentó la conflictividad social en la Argentina y, junto con ella, el volumen de trabajo en los tribunales", dice el gremialista.

Basta visitar cualquier juzgado para comprobar in situ esta acumulación de tareas: escritorios, casilleros, mesas... y hasta baños (usados como improvisados depósitos) desbordan de expedientes. La digitalización de la Justicia es una de las soluciones que aparece a la vista, pero, pese a que hay avances en algunas áreas, lejos está todavía de alcanzar a la totalidad de los juzgados.

Es por esta falencia del sistema que desde Fores insisten en que los métodos tradicionales de medir la suficiencia o no del presupuesto para la Justicia, como la comparación con el PBI o con el gasto general, no son precisos y poco dicen sobre la efectividad de los fondos recibidos. "Mucho más efectivo es medir de acuerdo con el cumplimiento de objetivos que lleven a una mejor prestación de justicia a los ciudadanos", explica Jesús, de Fores.

El presupuesto puede armarse sobre la base de diferentes criterios. Uno puede ser "actualizar" el del año anterior. Otro es proyectarlo por objetivos, y dentro de ellos diferenciar los de corto, mediano y largo plazo. En materia de Justicia, señalan desde Fores, estos fines deben ser: brindar un servicio mas eficiente, con mayor celeridad, inmediación judicial y capacitación del personal. Definido eso, se puede valorar para qué se quieren los recursos que se presupuestan.

Como remarca Sandra Elena, de Cippec, tener más presupuesto no significa tener una mejor Justicia a menos que, teniendo claro los objetivos, los recursos no permitan alcanzarlos. Entonces, el nivel adecuado de un presupuesto judicial es el que permite buscar los fines propuestos en un planeamiento serio.

Sobrecarga judicial

Claro que los objetivos para un presupuesto judicial eficiente involucran acciones de los otros poderes. En la Argentina, hay una sobrecarga de juicios previsionales porque el Estado paga mal las jubilaciones. Eso consume recursos humanos, servicios e infraestructura por el simple hecho de que el Estado no cumple con la ley.

Pero no solo eso. Si bien el Poder Ejecutivo no usó la reducción del presupuesto para Justicia como una forma de presionar o aleccionar al Poder Judicial, le buscó la vuelta para hacerlo de otro modo. "El Poder Ejecutivo controla por medio del retraso en la asignación de partidas. Esos fondos están destinados a la Justicia, pero no se hacen efectivos hasta que no se asignan", explica Piumato.

Pese a que, como indica Piumato, es la Corte Suprema de Justicia la encargada por ley de elaborar el presupuesto y de ponerlo luego en discusión en el Congreso, en la práctica quien maneja este tema en el país es el Poder Ejecutivo.

En tanto, en cuestión de manejo de los fondos asignados, según precisa la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), quien tiene la mayor parte de los $ 7126 millones presupuestados para 2013 es el Consejo de la Magistratura ($ 5758,4 millones), mientras que a la Corte Suprema le corresponde el resto

($ 1367,6 millones). Hasta febrero de este año, último dato de la ASAP, se ejecutaron $ 1071,8 millones.

¿Qué sucede en las provincias? Según un análisis del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, Buenos Aires es la jurisdicción que más porcentaje de su gasto general destina al Poder Judicial, con 7,8 por ciento ($ 5865 millones). Además, le gira 4,2% ($ 3189 millones) al Ministerio de Justicia. "Claro que los $ 364 destinados por habitante para este fin son más bajos que en otras provincias, puesto que su población es la mayor de todas", aclara Marcelo Capello, economista del Ieral.

En Córdoba, va al Poder Judicial 6% de lo que se gasta en la provincia, lo que equivale a $ 2023 millones, mientras que en el cálculo per cápita, cada habitante tiene asignado en concepto de Justicia $ 604. Santa Fe es un poco más tacaña en este sentido: sólo 3,9 de su gasto general va al Poder Judicial ($ 1165 millones), mientras que la suma per cápita es de $ 360. En ambas provincias, el Ministerio de Justicia recibe 2,1% ($ 706 millones) y 1,1% ($ 332 millones), respectivamente.

• 7126
  
  millones
  
  Son los fondos que el presupuesto nacional destina la Poder Judicial de la Nación

Por Carlos Manzoni

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