Queja de la UIA al Gobierno por las restricciones al comercio

A pesar de las infinitas rectificaciones a que la medida parece condenada últimamente, la restricción de los plazos para liquidar divisas por exportaciones sigue en la cúspide de las incomodidades empresariales. Anteayer, mediante dos cartas enviadas a los ministros Hernán Lorenzino (Economía) y Débora Giorgi (Industria), la Unión Industrial Argentina fue casi más cruda que nunca: dijo que la medida les estaba haciendo a las empresas perder mercados y clientes, que socavaba la competitividad y subía los costos y que, para colmo, las correcciones del Gobierno no habían solucionado el problema.

La resolución 142, publicada el 24 de abril, fijaba en 15 días el tiempo que tienen las empresas para cambiar en el mercado local los dólares que reciban por exportaciones. Y provocó tanto revuelo que tuvo que ser flexibilizada varias veces con excepciones y topes de aplicación que, según las corporaciones, todavía no alcanzan: el mundo funciona de otro modo. Lo explicó hace tres semanas el economista Dante Sica, especialista en estos sectores, durante el Precoloquio de IDEA, en Salta. "Para saber si una medida es mala, hay que detenerse en cuántas veces fue corregida –dijo–. En 40 días, esa resolución 142 fue corregida cinco veces."

La UIA expuso entonces todo por escrito. Las cartas, firmadas por José Ignacio de Mendiguren, presidente de la entidad, y Federico Nicholson, vicepresidente, son idénticas y se dirigen a cada ministro de manera individual. "Nos dirigimos a usted en nuestro carácter de representante de la industria argentina a fin de manifestarle la preocupación de los socios de nuestra entidad por el impacto negativo que está causando la implementación de la Resolución ME N°142/12", empieza el texto, que agrega que la medida "genera graves dificultades, ya que los plazos para liquidar las divisas son, en la mayoría de los casos, menores a los plazos del pago del cliente y por lo tanto del ingreso de la divisa al país". Según el texto, "esta situación perjudica al sector exportador, ya que está generando graves consecuencias como pérdidas de mercados y clientes, poniendo en seria desventaja a los productores nacionales frente a sus competidores del exterior".

La UIA venía hablando del tema en varias reuniones. No sólo de los plazos para liquidar divisas, sino de un reclamo que ganó relevancia en la medida en que la Casa Rosada se fue quedando falta de caja: la demora en el pago de reintegros a las exportaciones. Según las empresas, unos 10.000 CUIT están frenados. Dicen que ni en abril ni en mayo recibieron un centavo por reintegros. Sí en junio, aunque un 70% menos que el monto del mismo mes del año pasado. Un informe elaborado por la Cámara de Exportadores con datos de la AFIP especifica que, en el lapso enero-junio, se recibió 60,7% menos de reintegros que en el mismo semestre de 2011.

El intercambio comercial con otras naciones se ha convertido así en un mundo engorroso. No sólo para las empresas: la propia secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, admitió semanas atrás, en un seminario, que no daba abasto porque todos los meses tenía que firmar 30.000 expedientes de licencias no automáticas de importación. Las cuentas asustan: si Paglieri trabajara 12 horas diarias y decidiera tomarse sábados, domingos y feriados para descansar, debería leer algo así como dos expedientes por minuto sin levantarse un segundo ni para ir al baño.

Algunas de estas cuestiones se conversaron en la mañana del 28 del mes pasado, durante un encuentro en la Dirección General de Aduanas. Varios ejecutivos se quejaron allí de que las demoras de los expedientes estaban bloqueando los reintegros a las exportaciones. Diego Pérez Santisteban, de la Cámara de Importadores, pidió entonces que, como se trataba de cuestiones de índole penal, la Aduana permitiera dejar cumplido el trámite cambiario mientras se analizaba administrativamente la operación.

No considero que el ingreso de divisas convalide el análisis administrativo del expediente, dijo Santisteban, y fue interceptado por el subdirector técnico Legal aduanero, Pedro Roveda, que objetó que permitir el ingreso de divisas sin analizar la rectificación era imposible: equivalía, dijo, a convalidar la operación. Ofreció, no obstante, gestionar ante el Banco Central alternativas mientras se analizaba el expediente. Ana Sumcheski, de la Cámara Argentina de Comercio, planteó que cualquier gestión de ese tipo no demorara todavía más los trámites, porque el reclamo general era reducir los plazos. Roveda se excusó: explicó que el personal estaba altamente comprometido con sus tareas, pero que la carga de trabajo excedía la capacidad de que disponía el organismo. Cada sumariante tiene aproximadamente 500 actuaciones, redondeó.

Después, un representante del Centro de Despachantes de Aduana consignó una recomendación que les estaba haciendo a los asociados: no presentar más de una declaración jurada anticipada de importaciones (DJAI) para una misma operación. Contó entonces que, como la Secretaría de Comercio las analizaba con normas y parámetros propios y a veces desconocidos –los llamó "arbitrarios"–, algunos importadores presentaban más de un pedido con la esperanza de que alguno fuera aprobado. Agregó que se lo había planteado sin éxito a la Secretaría de Industria, y que concluía entonces en que el mecanismo, tal como estaba funcionando, no resultaba "viable".

La respuesta Roveda fue una magnífica descripción del funcionamiento de la administración. Contestó que esas situaciones debían ser planteadas en los ámbitos correspondientes porque la AFIP actuaba sólo como "administradora del sistema, de la mejor manera posible y tratando de mejorarlo paso a paso". Queda en manos del resto de los organismos que reciben la información, dijo Roveda, "utilizarla y administrarla para las funciones que le son propias".

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