Qué se puede pagar con la plata que la Argentina necesita para afrontar deuda

Alberto Fernández suele exponer su pensamiento con respecto al pago de la deuda pública argentina de manera esquemática. Quiere cumplir con los acreedores, sostiene, sin que el hecho de enfrentar los compromisos financieros demore el crecimiento de la economía. Dicho de otra manera, el Gobierno busca destinar fondos a sostener la actividad interna, el consumo y "poner plata" en el bolsillo de la población antes que a cumplir con el cronograma original de pagos a quienes le prestaron al país.

La Argentina tiene este año compromisos de pago, entre capital e intereses, por US$63.805 millones, según las cifras disponibles a fines de 2019. Es un número grande que engloba variedades distintas y de diversa dificultad de pago. Por ejemplo, contempla la denominada deuda interna –del Estado con organismos oficiales-, que no se considerarán al momento de una renegociación.

Si se toman en cuenta los vencimientos con acreedores privados, el número llega aproximadamente a los US$33.000 millones (incluidos los compromisos en pesos). LA NACION ensayó una comparación de esa cifra con distintos valores de la economía para poner en perspectiva a cuanto equivale ese dinero y por qué la Casa Rosada considera fundamental evitarse esas erogaciones en el corto o mediano plazo (se tomó como referencia un dólar a $63).

Si se hace una comparación con las propias cuentas públicas, la cifra resulta gigantesca. Los vencimientos de 2020 alcanzarían para cubrir más de 228 millones de asignaciones universales por hijo (AUH) –sin contar los bonos-, cuyo valor unitario era de $9.106 al final del gobierno de Macri. Si se toma en cuenta la cantidad actual de beneficiarios, el dinero de la deuda privada alcanzaría para cubrir esa factura por al menos cinco años.

Algo similar ocurre con las jubilaciones. Si se toma la mínima sin contar los bonos ($14.067,9, que el Gobierno también espera aumentar), los pasivos en manos de acreedores privados alcanzarían para pagar casi 148 millones de veces esa prestación. Es el equivalente a 4,4 años.

En tanto, si se compara con el salario mínimo ($16.875), las deudas representan unos 123 millones de casos, es decir, más de tres veces la población del país.

Le implicarían al Gobierno, por ejemplo, tener la cuenta saldada para hacer frente a los subsidios a la energía por casi ocho años, o los del transporte, por casi siete.

Las referencias del mundo privado también pueden servir para poner en perspectiva la dimensión de los vencimientos de este año. Alcanzan, por ejemplo, para comprar ocho petroleras YPF según su capitalización de mercado de esta semana –números estimados-, o un Mercado Libre, la empresa de mayor valor bursátil con operaciones en la Argentina.Para los amantes del real estate, la comparación también puede resultar enorme. Los US$33.000 millones representan unos 275.000 departamentos de entre dos y tres ambientes al precio promedio de la Capital Federal.

La plata, ¿está o no esta?

Hay que hacer una aclaración importante. Desde el punto de vista de la contabilidad pública, la plata de la deuda no es dinero que el Gobierno tendrá para hacer política económica, sino que no necesitaría obtenerlo para pagarles a los acreedores. En otros términos: se evitaría el esfuerzo fiscal de corto plazo para hacerse de los fondos a través de una reducción del gasto o de un ahorro por mayor recaudación, algo que tarde o temprano tendrá que ocurrir para hacer frente a los pasivos.

La referencia a la deuda pública argentina implica hacer diversas aclaraciones. El monto total ronda los US$330.000 millones, aunque los vencimientos del año son apenas una parte.

La deuda privada, que se tomó en cuenta para hacer los cálculos anteriores, es en dólares y en pesos. De manera que la más complicada es la primera, porque obliga al país a conseguir la moneda de pago, con la que tiene una historia de desencuentros. Por eso, el economista Camino Tiscornia, de C&T asociados, sostiene que el problema más grave se concentra en los pasivos por US$16.000 millones que vencen este año. Si se les suman otros US$6.000 millones de organismos multilaterales, como el FMI, suman US$22.000 millones.El gobierno de Alberto Fernández parece haber conjurado esas amenazas en una sola norma. La ley de emergencia le permite aumentar los recursos con el aumento de impuestos y tener un salvoconducto para convertirlos en dólares por el acceso privilegiado y solitario a esa moneda que tiene el Estado tras el cepo cambiario y el tributo a los gastos en esa divisa.

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