Que la corrida no se note: cinco artículos escritos por el Frente de Todos que ahora lo ponen contra las cuerdas

En enero, los grupos de WhatsApp no se activaron con preguntas acerca de por qué subía el dólar, como ocurrió en 2018, con las sucesivas corridas cambiarias que tuvo la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, el mes pasado los dólares libres formales, el MEP y el contado con liquidación (CCL), llegaron a aumentar entre $25 (12%) y $40 (19%), respectivamente, hasta alcanzar $224 y $244 (arrancaron el año en $198 y $205).

Esa es la mejor virtud que le destacan al peronismo: “sabe administrar (encapsular) las crisis”. En una economía con tantos controles, los estallidos tardan más en llegar. Esto no significa que en el Ministerio de Economía no se hayan asustado con lo que veían en las pantallas de Bloomberg. El presidente Alberto Fernández lo admitió públicamente el fin de semana pasado, cuando reconoció en una entrevista con Página 12 que, si no lograban un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), iban a analizar aplicar un “feriado cambiario”.

Esta circunstancia explica por qué el Gobierno comunicó hace una semana que había llegado a un “acuerdo con el FMI”, el mismo día que vencían US$718 millones con el organismo y una jornada después de que el Banco Central tuviera que vender US$100 millones para abastecer el restrictivo mercado de cambios.

El anuncio permitió descomprimir la presión sobre los tipos de cambios paralelos, pese a que en el transcurso de los días se comprobó que era un principio de entendimiento sobre metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas (cambiarias). Aun así, el terror que generaba en las empresas y en los inversores entrar en default con el Fondo se postergó.

La política argentina ahora ofrece nuevas preocupaciones. Entre ellas está el tratamiento que tendrá en el Congreso el nuevo endeudamiento con el FMI por US$44.5000 millones, que permitirá pagar el anterior crédito tomado en 2018. Es la primera vez que un acuerdo con el organismo pasa por el Poder Legislativo. Esto es así desde que el ministro Martín Guzmán impulsó la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Se trata de un texto corto, de apenas cinco artículos, en el cual dice que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

El FMI también insiste en que el acuerdo tenga el visto bueno del Congreso. Sin embargo, no existe obligación alguna de que el proyecto de ley especifique el programa económico diseñado para cumplir con las metas establecidas. En principio sería una iniciativa de Guzmán brindar los detalles en el “plan plurianual”, una manera de sustituir el fallido proyecto de Presupuesto. En este marco, en el mercado creen que la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en Diputados pasó de ser una preocupación inicial a un movimiento involuntario del Gobierno que facilita el tratamiento del proyecto.

“Suponemos que el oficialismo encontrará una forma de pasar el acuerdo en el Congreso. La ley dice que solo se debe aprobar la operación de crédito, no habla de un programa en sí. Pero dependerá de cuánto show político quiera hacer el kirchnerismo. La oposición no quiere compartir el costo político y Máximo, sí. Suponemos que intervendrá Sergio Massa y el Presidente para que haya una discusión más orgánica y para que haya una solución política”, dijeron en un banco de Wall Street luego de reunirse con representantes del FMI para conocer de cerca las negociaciones con la Argentina.

El quiebre dentro del oficialismo podría favorecer las discusiones con la oposición, pero en Juntos por el Cambio son firmes con una cuestión: para acompañar, el kirchnerismo duro por lo menos debe dar quórum.

“Tenemos una posición clara de que el acuerdo con el Fondo es mejor tenerlo que ir a un default, pero el oficialismo tiene que acompañar. Si los que responden a Máximo, a Leopoldo Moreau y a Juan Grabois no le dan viabilidad al proyecto, nos tienen que dar las gracias por lo menos. O se quedan con la ley o se quedan con el discurso”, dijo en reserva un legislador de Cambiemos.

La otra postura que mantienen en la oposición es que el Congreso no firmará la carta de intención que arregle el Gobierno con el Fondo: deberá ser responsabilidad del ministro de Economía y del presidente del Banco Central, como siempre ocurre con estos programas. “La carta de intención la podrán anexar en los fundamentos de la ley, si quieren”, agregó el legislador.

Un anticipo de esta postura la había dejado trascender el diputado Luciano Laspina, cuando escribió en LA NACION que “el Congreso no está llamado (legalmente al menos) a debatir la política económica, ni las metas plurianuales, ni las pautas inflacionarias, ni el régimen cambiario que el Gobierno acuerde con las autoridades del FMI”. Sin embargo, por otro lado, si Guzmán decide no mandar un proyecto de Presupuesto nuevo, podrán decir que “se cogobierna con el FMI, de espaldas al Congreso”.

La sábana corta

En lo estrictamente económico, las metas de intención acordadas con el FMI dejan al descubierto el equilibrio que deberán hacer Guzmán y Miguel Pesce para llegar a 2023. Las tasas de interés deberán subir para reducir la brecha cambiaria, pero no tanto como para agravar los pasivos del Banco Central. La inflación deberá moderarse para no correr detrás de las tasas, pero tampoco podrá reducirse para no complicar el ajuste del déficit fiscal.

“Este programa es un pass through para llegar a 2023 y evitar la catástrofe. No es un programa de estabilización, al mercado internacional no se va a volver. Tal vez eso ocurra con un nuevo gobierno y un programa más ambicioso que permita quitar los controles de capital”, remarcaron en Wall Street.

La gira de Alberto Fernández por Rusia y China tampoco es alentadora. En el mercado no creen que el Gobierno pueda volverse con más financiamiento de aquellos países y señalan que en Washington, a donde fue el Canciller hace unas semanas a pedir ayudar en las negociaciones con el Fondo, seguramente no cayó bien que se ofrezca a la Argentina “como la puerta de entrada [de Rusia] a América Latina”, en medio del conflicto con Ucrania.

En China se espera tener mejor suerte para conseguir financiamiento para proyectos de energía, pese a que el Presidente no llevó a ningún funcionario del sector para negociar por esas partidas. Esto se debe a que Energía no es un área que esté bajo su poder dentro de la coalición. Quien lo habría ayudado a la distancia a generar contactos es el exsecretario de Energía Sergio Lanziani, quien siempre tuvo una buena relación con los empresarios chinos.

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