Qué impacto tendrá la primera etapa de las medidas económicas del Gobierno

“No hay plata.” El presidente Javier Milei introdujo en el lenguaje popular esta genial frase, que transmite a todos los argentinos que nuestro empobrecido país necesita ajustarse el cinturón y evitar los gastos superfluos. La frase resume un baño de realidad que va a permitir ordenar muchas discusiones de cara al futuro. Cuando no hay plata, hay que asignar bien las prioridades.

En el corto plazo, el baño de realidad también fue en sentido contrario. Los inversores internacionales y el FMI también le dijeron al Gobierno que “no hay plata”, en este caso, dólares. Los incesantes rumores de que nos prestarían miles de millones de dólares quedaron, como era esperable, en la nada. Esto forzó al flamante gobierno a dejar de lado las disparatadas aventuras económicas que se barajaron durante y después de las elecciones, como la dolarización, o la obsesión con eliminar las Leliq. Lo que quedó en pie es un clásico programa de shock fiscal y cambiario. Parecido al que hubiera ejecutado Juntos por el Cambio si llegaba al poder.

Los anuncios hechos son la primera etapa de al menos tres del programa macroeconómico. La primera es la del ajuste macro. La segunda, de la cual también ya vemos parte, es el ajuste de precios relativos. La tercera, una vez avanzados el ajuste externo, el fiscal y el de precios relativos, es la estabilización de la economía. Si todo sale bien, podrá llegar en el segundo trimestre de 2024. Al mismo tiempo, el Gobierno implementará una reforma micro, con leyes y decretos para desregular, privatizar y desburocratizar la economía.

El objetivo de los anuncios macro es revertir los déficits gemelos, el fiscal y el externo. En 2023 el Gobierno tendrá un déficit primario (sin intereses) de 3 puntos del PBI, y un déficit financiero (incluyendo intereses) de 5,2 puntos del PBI. El déficit de cuenta corriente, una medida de cuánto los residentes de la Argentina gastan por sobre sus ingresos, se encamina a superar el 3% del PBI. Ninguno de los dos déficits es sostenible en el tiempo. El fiscal se financió con emisión del Banco Central por más de 20 puntos del PBI en el mandato de Alberto Fernández, lo que llevó la inflación al 160% anual, incluso con muchos precios reprimidos. El déficit externo se financió en los últimos trimestres con una deuda involuntaria de los importadores con sus proveedores, por más de US$25.000 millones, llevándola hasta un punto insostenible.

“La frase ‘no hay plata’ es un baño de realidad que permitirá ordenar muchas discusiones de cara al futuro; sin plata, hay que asignar bien las prioridades”

El ajuste cambiario, sumado a la promesa de devaluación de “solo” 2% mensual, busca encarecer y, por tanto, reducir las importaciones de bienes y servicios (turismo), y también incentivar a los exportadores a vender dólares lo antes posible. En las próximas semanas les conviene liquidar exportaciones y colocar los pesos en el mercado local. Por ahora el plan da resultados y el Banco Central acumuló más de US$250 millones por día en el mercado cambiario, en promedio. Por la misma razón, la brecha cambiaria cayó fuertemente, y seguirá baja al menos por unas semanas.

El impacto en la inflación de los próximos meses será brutal. Al efecto de la devaluación se suma que muchos sectores empezaron a hacer catch-up de precios que venían rezagados por las restricciones de la gestión anterior. Esto incluye los productos de consumo masivo que estaban en Precios Cuidados y la nafta. Probablemente se sumen pronto la medicina prepaga y los colegios privados, entre otros sectores. La inflación de diciembre probablemente supere el 30%. En enero se consolidará la segunda etapa del programa macro, con subas en la luz y el gas a los sectores que no reciben subsidios, y quizás algo de aumento en el transporte. Tras las audiencias vendrán los aumentos en los servicios a los sectores que reciben subsidio pleno.

Si bien existe mucha incertidumbre sobre el sendero de precios, es probable que para fines de marzo el tipo de cambio, ajustado por inflación, no esté tan lejos de los niveles de septiembre de este año. Es decir, el mercado estará esperando otra devaluación. Si el Gobierno no la implementa a inicios del segundo trimestre se arriesga a que los exportadores retrasen sus ventas y, por lo tanto, a un crecimiento de la brecha cambiaria. Dado el fetiche que generan en Milei el gobierno de Carlos Menem y la convertibilidad, si tuviésemos que arriesgar una fecha para la nueva devaluación pondríamos unas fichas al 1° de abril, como en 1991.

La implementación de esta nueva devaluación, de magnitud importante, puede marcar el inicio de la última etapa del programa macroeconómico. Con una economía en plena recesión y con gran parte del proceso de ajuste de precios relativos y de ajuste fiscal avanzado, el traspaso a precios será mucho menor que en las devaluaciones recientes, pudiendo iniciar así la estabilización. Una devaluación importante permitiría terminar de levantar lo que quede del cepo.

“La etapa del ajuste macro es la primera del plan macroeconómico; la segunda es la de la corrección de precios relativos, y la tercera, la de la estabilización”

La otra pata de los anuncios, el ajuste fiscal, se basa en una combinación de suba de impuestos y baja de gasto público, por un total de 5,2% del PBI. Es decir, el objetivo es eliminar el déficit fiscal en 2024. Los anuncios tienen al menos tres problemas. El primero es que la suba de impuestos es al contado, mientras que la mayor parte de la baja del gasto público es a cuenta. El Gobierno revertirá la baja de impuesto a las ganancias personales votada por el mismo Milei hace pocos meses, subirá el impuesto PAIS a las importaciones del 7,5% al 17,5%, y subirá las retenciones no sojeras al 15%. Además, si bien se presenta la baja de subsidios como una reducción de gasto, los consumidores afectados, de clase media, lo verán como una suba de impuestos. O, por lo menos, como algo que va contra ellos y no contra la casta. Gran parte de la baja del gasto, más allá de la reducción de ministerios, la eliminación de la pauta y la anulación de los contratos del último año, que no suman mucho, depende de que el Gobierno pueda sostener la licuación de jubilaciones, del Potenciar Trabajo, y de los salarios públicos (o de la baja del empleo público).

El segundo problema del anuncio fiscal es que algunas estimaciones parecen exageradas. La reducción de las transferencias a las provincias es una de ellas. En días recientes se dieron movimientos en el Congreso que atentan contra ese objetivo. Dentro de una fragmentación creciente, surgieron dos bloques que responden a los gobernadores. Uno tiene unos 50 legisladores, radicales, partidarios de la Coalición Cívica y otros, como Emilio Monzó y Miguel Ángel Pichetto, y sus intereses están alineados con los de los flamantes gobernadores de Juntos por el Cambio. El otro responde a algunos gobernadores peronistas. Es probable que reclamen fondos para sus provincias para hacer avanzar legislación. Milei tiene que apurarse para enviar la ley ómnibus al Congreso. Cuanto más tiempo pase, con inflación creciente y economía en caída, el apoyo saldrá más caro.

El tercer problema de la estimación fiscal es que se deja de lado el impacto de la recesión sobre la recaudación. La economía se encamina a una caída de actividad, empleo y salario real brutal. Los primeros datos positivos de actividad quizá se vean en abril, gracias a un aumento en la cosecha de soja de más del 130% y del maíz de más del 60%, aunque el resto de la economía quizá siga golpeada. La suba de impuestos, la baja del gasto público y el encarecimiento en el precio de las importaciones golpearán fuerte al consumo y eso hará caer la recaudación. Lo más probable es que las medidas le permitan al Gobierno no llegar a un equilibrio financiero, sino a un equilibrio o a un leve superávit primario. Es un montón.

El programa tiene inconvenientes adicionales. Como el mercado y el FMI no prestaron dólares para sacarse de encima las Leliq, se decidió inventarlos. El Banco Central ofreció a los importadores con deudas comerciales un bono en dólares con un interés del 5%, suscripto en pesos al tipo de cambio oficial, el Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal). El objetivo es que las empresas usen sus pesos excedentes para suscribirlos, bajando su posición en depósitos bancarios, y los bancos devolverán Leliq al Central. Más allá del debate de si se trata o no de una estatización de deuda privada, lo cierto es que potencialmente el Banco Central puede llegar a emitir US$20.000 o US$25.000 millones en nueva deuda, un tema que comenzó a levantar alarmas.

Mientras tanto, el mercado festejó y, el día después de los anuncios del ministro Luis Caputo, los activos argentinos respondieron positivamente en un principio, pero en forma limitada. Unas horas más tarde la Reserva Federal dio indicios de que está cerca de pivotar hacia una baja en las tasas de interés en 2024, y los mercados del mundo explotaron, incluyendo acciones y bonos argentinos. Las fuerzas del cielo, o por lo menos las de la Reserva Federal de Estados Unidos, están acompañando al presidente Milei.

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