Qué hay que hacer según la consultora que creó el futuro titular de la Anses
En un informe dice que, más que un “ajuste”, se requiere un “ordenamiento” del esquema; además, asegura que hay que terminar con las moratorias, evitar la multiplicidad de regímenes y revisar pensiones para convivientes
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PARA LA NACION
CÓRDOBA.- “El ordenamiento previsional implica involucrarse en temas mucho más complejos que el tradicional ajuste. No se pueden seguir renovando las moratorias, hay que mejorar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), revisar el régimen de pensiones para los convivientes; establecer un mecanismo gradual para que todos los tratamientos especiales converjan a las reglas generales y contemplar la actualización automática y periódica de los parámetros del sistema a la dinámica demográfica”.
El planteo es de la consultora Idesa, fundada por Osvaldo Giordano, el ministro de Finanzas cordobés que dirigirá la Anses en la gestión del presidente electo Javier Milei. El funcionario permanece en contacto con esa organización.
Giordano fue secretario de Previsión Social de Córdoba antes de ser ministro; es el autor de dos reformas jubilatorias en la provincia, que evitaron el quiebre de la Caja. La Anses dependerá del ministerio de Capital Humano durante la gestión de Milei.
Idesa, consultora dirigida ahora por Jorge Colina, señala en su último reporte que la “previsión social en la Argentina no constituye un sistema”. Sostiene que el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) está concebido como régimen general, pero alberga regímenes especiales con beneficios superiores y diferenciales con menor edad de retiro.
Además, en paralelo al SIPA, y con “escasa articulación”, operan 13 cajas provinciales, 29 cajas municipales, 82 cajas de profesionales y dos cajas de bancos públicos y cajas complementarias. En general, esas cajas que no pertenecen al SIPA y tienen reglas “más beneficiosas” además de que en su interior también hay regímenes especiales. En total, en el país hay cerca de 240 regímenes que pagan unas 10 millones de jubilaciones y pensiones.
Esa fragmentación genera información “dispersa e insuficiente, tratamientos diferentes para personas en iguales situaciones, arbitrariedades y litigiosidad masiva”, precisa el reporte que evidencia que la Argentina es de los “pocos países” que tiene una rama especializada del Derecho y una institucionalidad judicial específica para tratar juicios previsionales.
Una particularidad que subraya Idesa es que los beneficios jubilatorios son derechos vitalicios cuya actualización está protegida en la Constitución Nacional: “Por lo tanto, las decisiones en materia previsional generan compromisos financieros para el Estado con impacto en el largo plazo”, sostiene.
Respecto de si el esquema existente es financieramente sustentable, un estudio actuarial desarrollado por la consultora sobre el régimen general del SIPA -sin incluir los especiales y diferenciales- muestra que el gasto previsional del SIPA en 2023 ronda el 7,2% del PBI; en 2035, aumentaría al 7,5% y en 2045 llegaría al 8,5%.
La conclusión es que, aun cuando el país recupere el crecimiento económico y alcance un 3% anual acumulativo, con las reglas previsionales actuales el gasto en ese rubro tiende a crecer, aun suponiendo que no se siguen renovando las moratorias. “Esto colisiona con el propósito de tener un Estado solvente para eliminar la inflación y promover el crecimiento económico. Por eso, cambiar la tendencia del gasto previsional es un tema estratégico”, subraya el documento.
“Ante el crecimiento del gasto, la tradición viene siendo aplicar ajustes. Es decir, manipular la movilidad para que los haberes se actualicen por debajo de la inflación. Más allá de los cuestionamientos sociales y éticos que esto supone, la licuación con inflación no resuelve el déficit previsional -añade-. Permite bajar el gasto en el corto plazo a costa de aumentar el gasto futuro, cuando haya que pagar los juicios de esta ilegal licuación de haberes”. Apunta que el actual gobierno, por ejemplo, ajustó el gasto previsional con inflación en un 1% del PBI.
Las soluciones pasan por el ordenamiento previsional: “Respetar los derechos adquiridos de los actuales jubilados y adaptar las normas previsionales para que sean cumplibles en el futuro”. Idesa indica que el estudio actuarial permite estimar que, con cambios de este tipo, el gasto previsional puede estabilizarse en los niveles actuales en la próxima década.
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