“Puente al empleo”: el Gobierno reedita, para los planes sociales, un programa que ya se probó y no funcionó

El Gobierno oficializó hoy, con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 551, la creación del programa Puente al Empleo, al cual el ministro de Economía, Sergio Massa, se refirió ya varias veces desde el inicio de su gestión. En rigor, el plan reedita los intentos ya hechos por lograr que personas que están cobrando planes sociales se inserten como empleados formales en una empresa, con la zanahoria de una rebaja de los costos laborales.

Esa misma premisa había tenido el decreto 304, firmado en 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri, que fue derogado en agosto de 2021 por el decreto 493, de Alberto Fernández que, con un esquema similar al dispuesto ahora, estableció la vigencia de dos beneficios para empleadores: una rebaja de 90% o 95% de algunas de las contribuciones sociales, y la posibilidad de tomar el monto del plan pagado por el Estado a cuenta de la remuneración del trabajador, por un período de tiempo determinado.

El esquema de aquella medida del Poder Ejecutivo se previó con un plazo de vigencia que iba a vencer mañana, 31 de agosto. Sin embargo, el decreto emitido hoy prorroga ese sistema hasta el 30 de septiembre próximo; entonces, los contratos laborales que involucren a perceptores de planes sociales y que se hagan durante el próximo mes, se regirán con las normas que están vigentes desde hace ya un año. Las nuevas reglas, por su parte, comenzarán a regir el 1° de octubre y serán para las contrataciones celebradas entre ese día y hasta el 30 de septiembre de 2024.

Pero, lo cierto es que ni el sistema instrumentado por el gobierno anterior (que no previó tanta rebaja del costo empresario como la dispuesta en el decreto de 2021), ni el aprobado por el actual Gobierno, tuvieron muchos resultados para mostrar. Los incentivos, por diferentes causas, no resultaros suficientes.

El nuevo decreto dispone que el trabajador podrá seguir recibiendo el ingreso otorgado por un plan social, una vez iniciada la relación de trabajo, durante un período que sería de 12 meses. El empleador deberá completar el monto para llegar, al menos, al salario del convenio. Además, por esos puestos no se abonarán las contribuciones patronales con destino al sistema jubilatorio, al PAMI, al régimen de asignaciones familiares y al fondo nacional del empleo.

En cambio, los empleadores sí tendrán que cumplir con los pagos correspondientes a la obra social, a la cuota sindical y a la cuota de la aseguradora de riesgos del trabajo (ART). Esto también es así en el sistema que está vigente hasta fines de septiembre, según el cual, en el caso de las contribuciones mencionadas en el párrafo anterior, las rebajas son de 90% o 95%, en lugar de llegar al 100%.

Según fuentes del Gobierno, a diferencia del programa creado por el decreto 493, que había sido complementado meses más tarde por otro decreto, el 711 (ahora derogado), ya no habrá una fase previa de capacitación de los trabajadores como paso previo obligatorio para acceder a los beneficios. Y, además, ya no se requerirá un acuerdo sectorial.

La nueva normativa establece que, si el contrato de trabajo se discontinúa, los trabajadores que fueron parte “tendrán la posibilidad de continuar percibiendo las asignaciones dinerarias” del plan social “si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los doce meses”. Se entiende entonces que, si la relación laboral continúa más allá del plazo de vigencia de los beneficios, entonces sí se perdería el plan aun en caso de que, en algún momento, el trabajador se quedara sin el puesto.

Por qué no hay suficiente incentivo

El economista Jorge Colina, presidente del instituto de estudios económicos y sociales Idesa, considera que los decretos para la inserción fallaron hasta ahora porque las contrataciones por tiempo indeterminado son caras, aún con los incentivos dispuestos, y porque deberían adaptarse los convenios colectivos a las realidades de las micro, pequeñas y medianas empresas, a las que se dice que se apuntará con el nuevo plan. Es decir, considera que no están dadas las condiciones, en cuanto al marco normativo general, para que las contrataciones puedan darse en un número considerable.

Para Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, en el diseño de esos programas falta un análisis de qué tareas pueden hacer las personas incluidas, por ejemplo, en el Potenciar Trabajo. “Hay un grupo que, por el tipo de tareas, tiene una ocupación precarizada del sector público; son personas que, por ejemplo, recolectan residuos o son recicladores; en esos casos el empalme es que el Estado formalice las relaciones”, dice. Luego, está el caso de mujeres con trabajos de cuidado. Y hay otro grupo con tareas más vinculadas al sector productivo, y ahí sí se podría hacer alguna política para el pase a un trabajo dependiente. “Hay que ver caso por caso; en las medidas que surgen de consignas generales no aparece, en la vida práctica, un hilo conductor”, concluye.

La posibilidad de inserción, dice Belén Rubio, de la consultora Abeceb, tiene que ver con el desarrollo de competencias y habilidades de las personas, por un lado, y con viabilizar la formalización, por el otro. “En el último año y medio algunos empleos asalariados formales sí se crearon, pero eso pasó en grandes empresas que tienen determinados requerimientos de productividad –analiza la economista–; las pymes no logran repuntar. Por otra parte, quienes cobran planes no siempre están desocupados, sino que puede ser que estén en la informalidad [un problema de mucha mayor magnitud que la de los planes sociales]; entonces, hay un tema de diseño profundo, que va más allá del salario”.

“Dar incentivos a los empresarios está bien; pero en esta realidad laboral versátil hay que preparar a las personas que se quedaron en algún momento fuera del sistema; no hay que ser hipócritas con eso”, afirma, por su parte, el diputado José Luis Espert (Avanza Libertad-Buenos Aires). Advierte, además, que para que se generen puestos el crecimiento de la economía tiene que ser sostenible y no estar basado “en veranitos, como los que tenemos acá”. Y enfatiza que debería eliminarse la intermediación de organizaciones sociales en la gestión de los planes con fondos estatales.

“Con un mercado estancado, con altos costos salariales y no salariales (juicios, burocracia), los procesos de puente entre los planes y el trabajo formal son muy difíciles en la práctica”, evalúa Milagros Gismondi, quien trabaja en el diseño de políticas con el exministro de Economía, Hernán Lacunza, y es jefa de equipos técnicos en la vicepresidencia primera en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Según considera la economista, “aunque se den incentivos, las trabas para contratar siguen”. Y agrega, en coincidencia con otros analistas, que no puede tomarse al conjunto de beneficiarios como un todo homogéneo, sino que deberían pensarse diferentes respuestas para la salida de los planes.

La aceptación de la registración laboral por parte de personas que son beneficiarias de planes, por su parte, es un tema que, entre otros factores, depende del diferencial de ingresos entre los montos del sistema formal (remuneraciones y asignaciones familiares) y los del esquema de programas del Estado para desocupados (que, en la práctica, alcanza también a informales, por lo que deben sumarse en el segundo caso esos ingresos laborales también).

En ese sentido, la publicación del decreto, que busca crear un nuevo puente desde los planes al empleo formal, coincide con el anuncio de un pago adicional en la asignación por hijo, para los asalariados formales de menores ingresos. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, en los hogares con ingresos de hasta $131.208 mensuales se cobrará, por cada menor de 18 años a cargo, un importe de $20.000, en lugar de los $10.126 que se venían cobrando hasta ahora y desde octubre de 2021.

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