Promoción industrial hasta el año 2000
Decreto: una norma de necesidad y urgencia dispuso la prórroga con el argumento de que, de otro modo, podría caer el empleo.
La promoción industrial otorgada a regiones de bajo desarrollo en todo el país en 1977, durante el último gobierno militar, fue extendida por tres años mediante un decreto de necesidad y urgencia que apareció ayer en el Boletín Oficial.
La norma dispuso que los beneficios promocionales que vencían a partir de este año seguirán hasta el 2000.
El fundamento del decreto, aparecido en plena campaña electoral, es que si cesaran las desgravaciones, como se previó originalmente, podría haber despidos.
Los subsidios finalizarán antes del 2000 sólo si los reemplaza un esquema de promoción del empleo que está en estudio y que prevé que los fondos públicos solventarán parte del gasto en salarios de las empresas alcanzadas.
La norma no tiene relación con la promoción industrial dispuesta por la llamada Acta de Reparación Histórica, por cuya reglamentación se enfrentaron recientemente en duros términos las provincias de Mendoza, por un lado, y las beneficiadas por el régimen, La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis.
Prorrogaron con un decreto la promoción
Decisión: extendieron hasta el 2000 los beneficios que vencían desde este año, con la obligación de mantener el nivel de empleo comprometido.
Las industrias que recibieron beneficios promocionales por las leyes 20.560 y 21.608 y que vencían este año y los dos siguientes podrán mantenerlos hasta el 2000, con la condición de que no reduzcan el nivel de empleo comprometido en los programas.
El presidente Carlos Menem, mediante un decreto de necesidad y urgencia, decidió la extensión hasta tanto se disponga un sistema de promoción del empleo que está en estudio y que prevé subsidiar a las empresas parte del gasto en salarios.
La norma dispone que la prórroga sea hasta el mismo día en que empiece a regir la promoción del empleo.
Aunque la medida desairó de algún modo al equipo económico, que quería que los regímenes promocionales vencieran en las fechas previstas, en el Palacio de Hacienda la medida no cayó mal.
"Se mantiene acotado el costo fiscal", dijeron los funcionarios, pragmáticamente, antes de agregar: "No se trata de una reapertura del régimen que lleve los costos a un nivel infinito, o totalmente imprevisible".
La firma del ministro Roque Fernández aparece en el acuerdo. Todo el gabinete debe suscribirlo, ya que es necesaria su firma para sancionar decretos de necesidad y urgencia desde la reforma de la Constitución.
El esquema prorrogado no corresponde al de la llamada Acta de Reparación Histórica, sino a la denominada "promoción regional", que benefició, por ejemplo, a la Patagonia.
Mediante este régimen se aprobaron proyectos en áreas de alto nivel de desempleo y la extensión inicial estaba prevista en 10 años, pero luego se la hizo a 15.
El decreto sostiene, entre sus fundamentos, que "en la actualidad un número significativo de esos proyectos (promocionados) se encuentra en su etapa de finalización de los beneficios", y destaca que esa "finalización de las franquicias podría ocasionar que una gran parte de las industrias queden seriamente comprometidas y se vean impelidas a cerrar fuentes de trabajo".
La medida se dispuso a pesar de que se reconoce que "el desarrollo de las industrias no puede sustentarse en una eternización de los beneficios promocionales". La acreditación de los cupos que se fijen en cada presupuesto quedó a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que comanda Carlos Silvani.
La norma también prevé que se mantengan los porcentajes de desgravación originalmente otorgados a los proyectos promovidos que se beneficien con la nueva prórroga.
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