Privilegio: la advertencia de Cristina Kirchner a jueces en su causa por la doble pensión
El abogado que representa a Cristina Kirchner en su reclamo judicial para cobrar dos prestaciones vitalicias de privilegio les advirtió a los jueces que llevan ahora el expediente, y que deben decidir si darles o no participación como “terceros voluntarios” a siete diputados de la Nación que se oponen al beneficio pretendido por la expresidenta, que la decisión que tomen impactará en las causas donde se discutan cuestiones referidas a jubilaciones de magistrados.
“Llevémoslo al absurdo, con la doctrina que sentarán podría el suscripto presentarse en esos procesos y, seguramente, ejercer una defensa mucho mejor y con muchos más argumentos en favor de la normativa dictada por la Anses que la que va a realizar la Anses en los autos ‘Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y otro c/ EN-Anses s/ Proceso de conocimiento’, ¿les cabe alguna duda?”, dice la presentación hecha por Facundo Fernández Pastor, apoderado de la vicepresidenta de la Nación, dirigiéndose a los integrantes de la Sala 3 de la instancia de apelaciones del fuero previsional.
La causa de la asociación de magistrados está referida al conflicto por los emplazamientos que emitió la Anses para que un grupo de jueces informen si van a tomar ahora su trámite jubilatorio o si van a seguir en el cargo. Y el escrito presentado continúa, con tono irónico y tras advertir que podría haber cuestionamientos a prestaciones de jueces otorgadas en virtud de la ley 24.018: “Todo, ‘en defensa de los pobres jubilados’ y gracias a la jurisprudencia sentada por la Excma. Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social”.
El mes pasado, el abogado de la vicepresidenta pidió que se declare el desistimiento de la apelación presentada en febrero por la Anses contra la sentencia de primera instancia, que fue favorable a la pretensión de cobrar, al mismo tiempo, su jubilación como exprimera mandataria y la pensión de expresidente de Néstor Kirchner, con los montos retroactivos por lo que no se le abonó en los últimos años (más intereses) y sin que se le haga retención por Ganancias.
El pedido del desistimiento, para que se dé por terminada la causa judicial, se fundamentó en el hecho de que, pese a que la Anses (como demandada) había hecho una apelación que suspendió los efectos del fallo, decidió luego pagar el doble beneficio pedido por Cristina Kirchner, aun con el litigio en trámite y mientras miles de jubilados esperan el cumplimiento de sentencias ya obtenidas a su favor. El argumento del organismo que dirige Fernanda Raverta fue que la Procuración General del Tesoro, a cargo del kirchnerista y vacunado vip Carlos Zannini opinó que, aun con un juicio en trámite, se debía abonar la doble asignación vitalicia.
Ahora, el nuevo escrito busca incidir en la decisión que habrá frente a la apelación de los diputados que buscan intervenir en la causa (interponiendo argumentos contra el doble beneficio) y cuya pretensión fue rechazada en primera instancia. Lo que se pide es que se “acumule” el expediente del juicio de Cristina Kirchner con otros litigios (como el de la asociación de magistrados), para que corran igual suerte en cuanto a la intervención de terceros. Son juicios referidos a beneficios regulados en la ley de la que surgen las asignaciones vitalicias de expresidentes, la 24.018. Esa norma también establece las condiciones del régimen de jubilaciones de jueces. Algunos de los juicios mencionados, según fuentes consultadas, ya fueron concluidos, con lo que no podría darse una “acumulación de expedientes”.
El pedido de Fernández Pastor considera que, en caso de admitirse a los diputados en la causa de Cristina, “cualquier tercero que argumente que viene a ‘defender a los jubilados’ podrá en el futuro inmiscuirse en los expedientes en los que uno de los 570 magistrados que litigaron en los expedientes mencionados, pretenda hacer valer la doctrina que el Máximo Tribunal ha sentado en los precedentes “Craviotto” y “Gaibisso” (son fallos de hace dos décadas sobre beneficios previsionales de jueces).
El abogado que patrocina a los legisladores, Federico Despoulis Netri, dijo a LA NACION que la presentación es totalmente intimidatoria e implica un apriete a los jueces: “Si como abogado se me ocurriera presentar este escrito, con la intimidación y coacción que contiene, perdería la matrícula. Además, no puedo dejar de pensar que es la vicepresidenta de la Nación, y no su abogado que solamente es un apoderado, la que hace la presentación; por lo tanto, es un miembro importantísimo del Poder Ejecutivo que le dice a un juez cómo debe actuar y que si no actúa así, se atenga a la consecuencia, que será que se intervenga en otro juicio”, afirmó. “¿Qué se puede esperar de una justicia amenazada por el Poder Ejecutivo, como se refleja en estos privilegios de poder increpar a los jueces tan claramente y sin ningún tipo de reparo?”.
Después de expresar “el absurdo” de que con la doctrina que dicten los jueces camaristas podría ocurrir que “el suscripto” se presente en procesos referidos a magistrados, la presentación (que tiene muchos errores de tipeo y de redacción) menciona “la hipótesis” de ir contra un exjuez en particular, hostigado durante la anterior etapa del kirchnerismo, al punto de que durante varios meses la sala que integraba en la cámara de apelaciones se mantuvo prácticamente sin poder operar por las trabas impuestas desde el gobierno de entonces. “Si seguimos con las hipótesis, tal vez podría presentarme en los expedientes de Luis René Herrero que se ha transformado en un opinólogo de la prensa y no justamente en uno que diga la verdad a lo que expresa la normativa, a quien como el Dr. Fasciolo [uno de los integrantes de la sala 3, donde está la causa] sabe, lo conozco desde que un adolescente (SIC)”, dice el escrito.
“No hice ningún juicio y no tengo ninguno en trámite”, afirmó Herrero, consultado por LA NACION. Además, el exjuez explicó que la causa “Braidot”, una de las cuales para la que se pide la “acumulación” es un juicio por diferencia de haberes, colectivo, iniciado por el abogado de la Asociación de Magistrados en el año 2000, que fue rechazado por la Corte hace dos años y que no tiene nada que ver con lo que se pide en el expediente de Cristina Kirchner. “Además -agregó quien es profesor consulto en la UBA- solo se pueden acumulan los juicios en trámite, no los terminados”.
Desde mediados de 2011 y durante casi un año y medio, la Anses, entonces a cargo de Diego Bossio, intentó desplazar a Herrero de su función de juzgar, recusándolo sistemáticamente en todas las causas llegadas a la sala. Esa maniobra, que el entonces juez había atribuido a la molestia oficial por las medidas cautelares otorgadas para el reajuste inmediato de haberes jubilatorios, fue finalmente rechazada por la Corte Suprema. Mientras tanto, se habían retrasado varios miles de demandas previsionales.
El abogado procesalista Osvaldo Gozaíni consideró también, por su parte, que el pedido de acumulación de Fernández Pastor es “inoficioso”, porque “no se dan los requisitos para acumular tal como se pide”.
Según Fernández Pastor, la acumulación debería hacerse para evitar “innecesarias reiteraciones” en la discusión sobre la validez de la presentación de terceros que eventualmente quieran discutir beneficios otorgados o por otorgarse al amparo de la ley 24.018, “por ejemplo los de los actores Nestor Fasciolo [presidente de la sala de apelaciones donde está la causa], Luis Herrero, Martín Laclau y Emilio Lisandro Fernández [los tres retirados ya] si un tercero que argumente que viene a ‘defender los derechos de los pobres jubilados’ según su propia jurisprudencia, puede ser parte”.
“Los jueces mencionados en el escrito son todo un ejemplo de trabajo y siempre fallaron a favor de los beneficiarios, fueron un lujo; adjetivar al doctor Herrero de opinólogo y mentiroso deja sin argumento coherente a cualquier abogado que haya ejercido en la seguridad social”, afirmó Despoulis Netri.
Los diputados que presentaron una apelación pidiendo intervención como terceros (alegando el interés público del tema) tras el fallo de primera instancia, son Alejandro Cacace, Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Luis Petri, María Dolores Martínez, Graciela Ocaña y Alberto Asseff, patrocinados por el abogado Federico Despoulis Netri.
Días atrás, además, se sumó una presentación de la Asociación Civil Bases Republicanas, para que sea tenida en cuenta como Amicus Curiae. El escrito contiene argumentos contra el cobro de las dos prestaciones pretendidas por la vicepresidenta.
La asignación vitalicia prevista en la ley 24.018 le había sido concedida a Cristina por una resolución del Ministerio de Desarrollo Social emitida en 2015, poco antes de que terminara su mandato. Entonces, ya percibía la prestación heredada como viuda de Néstor Kirchner.
Luego de que se conoció públicamente el cobro del doble ingreso, en noviembre de 2016 la entonces ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley (por entonces, este tipo de asignaciones dependían de ese Ministerio, mientras que luego pasaron a la órbita de la Anses) dispuso, a través de la resolución 1768 y tras evaluar un dictamen de la Procuración del Tesoro, que la exmandataria debía optar por uno de los dos pagos. Y se suspendió uno de ellos.
La ley 24.018 establece en su artículo 5 que la percepción de la asignación de expresidente es “incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal”.
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