Prestaciones sociales: ajuste del gasto público y caída del poder adquisitivo, cara y ceca de los efectos de la inflación

Las asignaciones familiares correspondientes a un grupo de trabajadores del sector formal y los subsidios a la energía fueron dos de los rubros del presupuesto nacional en los que mayor recorte hubo en el último año, según surge de observar el gasto corriente de la administración pública nacional corregido por inflación de los primeros siete meses de 2023 y compararlo con el de igual período de 2022.

Los números que consigna el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) indican que, en términos reales, las erogaciones por el salario familiar para trabajadores registrados cayeron un 35,2% interanual, en tanto que lo asignado a la energía se redujo en un 22,9%, algo que tuvo su contraparte en los mayores montos que parte de la población paga por los servicios para sus hogares. Otro ítem con un ajuste muy superior al nivel de reducción del gasto total (que fue del 8,3% interanual) fue el de las transferencias a provincias: el monto cayó un 28% si se consideran pesos a valor constante. En cambio, el gasto en personal de la administración nacional aumentó un 8,2%, siempre en términos reales.

La inflación, por tanto, un problema creciente para el bolsillo de los argentinos, le permite a la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía hacer un ajuste silencioso, que también afecta a las jubilaciones y pensiones. En este caso, la reducción de lo pagado por el Estado para atender a una cantidad más alta de prestaciones fue, en términos reales, de 3,8% entre enero y julio de este año en comparación con ese período de 2022. Sin embargo, dado el peso que tiene este ítem (casi cuatro de cada diez pesos del gasto corriente van al sistema previsional), es mucho más significativa, en comparación con otros conceptos, la “ayuda” dada por la inflación –y por la insuficiencia de la fórmula de movilidad– para concretar un ajuste fiscal y bajar el déficit (esto último también depende, claro, de lo que pasa con los ingresos a las arcas públicas que, entre enero y julio, según la OPC, cayeron 5,8% interanual).

La contrapartida de ese ajuste es la pérdida de poder adquisitivo. En el caso de los haberes previsionales, la situación no es igual para todos los jubilados, dadas las decisiones discrecionales de otorgar bonos, a un grupo de ellos, para intentar compensar el hecho de que las subas por movilidad no alcanzan para mantener en el tiempo el valor real de las prestaciones.

En julio último, quienes cobran el haber mínimo tuvieron un ingreso, sumado el bono de $17.000, superior en un 134% al de igual mes de 2022, frente a una inflación interanual de 113,4%. En lo que va de este año, sin embargo, hubo una caída del valor real de lo percibido: entre enero y julio la inflación fue de 60,2% y el ingreso subió nominalmente un 46,2% (solo en algunos casos se recibió un extra, además del bono ya mencionado, por la garantía del 82% del salario mínimo, pero entre quienes tienen el haber básico son minoría quienes cumplen con los requisitos para ese derecho).

Para quienes tienen una jubilación mayor a la mínima hay situaciones dispares en cuanto a lo que ocurrió con el poder de compra. Para los jubilados que no recibieron ningún bono en los últimos meses, entre julio de 2022 y de 2023 el ingreso subió 89%, lo cual, frente a la inflación, derivó en una caída del poder adquisitivo de 11,4%.

En el caso de las políticas de transferencias de fondos para la niñez, esa pérdida de 11,4% es la que tuvo en el último año el valor real de la asignación universal por hijo (AUH) y también la que sufrieron algunas de las prestaciones pagadas a asalariados registrados y a monotributistas. Pero para no pocas familias las asignaciones por hijo tuvieron una caída de su poder de compra muy superior, de 35,8%, por efecto de la falta de continuidad de una política por la cual en 2022 se pagaban bonos de refuerzos.

Según el informe de la OPC, el gasto real de las prestaciones sociales consideradas en su conjunto tuvo en los primeros siete meses del año una reducción de 8,7%, un índice superior al de la baja promedio de las erogaciones corrientes (5,8%). En la AUH la caída fue de 9,4% y en el plan Alimentar (cobrado por los hogares con AUH donde hay menores de hasta 14 años), de 9,9%. En cambio, en las becas Progresar –un ítem con menor peso en el gasto– hubo una suba de 22,4%.

El gasto primario del Estado tuvo una caída interanual de 8,3% entre enero y julio, pero ese porcentaje se recorta al mencionado 5,8% cuando se mira el gasto total. La razón es que lo destinado a pagar intereses de la deuda fue, corregido por inflación, un 21,2% mayor respecto de lo asignado un año atrás.

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