Presión del FMI: Martín Guzmán debe avanzar sobre el área que maneja la vicepresidenta Cristina Kirchner para bajar el gasto fiscal

La audiencia pública que se desarrollará mañana para definir el precio del gas que pagan los usuarios cobra mayor relevancia, desde que el Fondo Monetario Internacional (FMI) remarcó en su comunicado del viernes que será “fundamental reducir los subsidios a la energía de manera progresiva para mejorar la composición del gasto público”. Hoy, Gita Gopinath, la número dos del Fondo, lo volvió a destacar en su cuenta de Twitter.

El área en que se busca bajar el gasto no es una más. Está controlada celosamente por los funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner: el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y el interventor en el Enargas, Federico Bernal. Además, es de público conocimiento las diferencias que hay entre Basualdo y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El año pasado, los subsidios a la Energía representaron 2,4% del PBI, con US$10.910 millones de transferencias del Tesoro. Un número no menor si se tiene en cuenta que el déficit fiscal fue de 3,1% del producto. El gasto en subsidios energéticos tuvo un aumento de 75% con relación a 2020 (1,6% del PBI) y de 130% en comparación con 2019 (1,1% del PBI), según la consultora Economía & Energía. Para este año, Guzmán había proyectado que los subsidios al sector representarían 1,5% del PBI.

Días antes del comunicado del Fondo, la Secretaría de Energía, que responde a Guzmán, publicó en el Boletín Oficial un informe detallado de cuánto deberían aumentar las tarifas de gas para cumplir con las transferencias presupuestadas. El informe —que no fue difundido masivamente por Economía y prefirió mantener un perfil bajo al respecto— señala que el servicio debería subir por los menos un 35%, mucho mayor al 20% que anunció el secretario de Energía, Darío Martínez, asesorado por los funcionarios cristinistas.

En la conferencia de prensa del viernes pasado, Guzmán volvió a ratificar de manera terminante que se mantiene el incremento del 20% en las tarifas de gas y electricidad para todos los usuarios (todavía sin novedades de la segmentación), pese a que el trabajo técnico de la Secretaría concluye que es necesario una suba mayor.

Para llegar al 35% de aumento, el informe explica que, actualmente, el Estado nacional cubre el 70,9% del costo del gas, mientras que solo el restante 29% pagan los usuarios residenciales a través de las boletas. Esta relación cambia a medida que se devalúa la moneda, ya que son ingresos en pesos y costos en dólares (los contratos están firmados en esa divisa).

En números concretos: el costo total del gas en promedio es de US$4,84 el millón de BTU (medida inglesa que se usa en el sector), de los cuales US$3,43 cubre el Estado y US$1,41 pagan los usuarios residenciales (la llamada demanda prioritaria). Los US$4,84 equivalen a $21,16 el metro cúbico (m3) de gas (y, por lo tanto, los usuarios pagan $6,15 el m3 actualmente en promedio).

Para este año, la Secretaría de Energía espera que el costo total del gas para abastecer la demanda sea de US$2573,6 millones (calcula $305.179 millones a un tipo de cambio de $118,5). Si el Estado cubre durante todo el año casi el 71% de ese costo, significa erogaciones por $216.360 millones. Pero, “dicha situación deriva en una necesidad adicional de fondos del orden de los $81.000 millones”, señala el informe.

“Se estima que en el momento en que el Estado nacional asume un costo del orden del 44,4%, no se requieren partidas adicionales. Tal situación es compatible con un precio a pagar por los usuarios del orden de los $11,77 el m3. Dicha situación implica un incremento en el costo del gas a cargo de los usuarios del orden del 91%”, se lee en el documento. Como el costo del gas es una parte de la tarifa final (también están los costos de transporte, distribución e impuestos), el incremento final es del orden del 35%.

Para llegar a este aumento, además, se toma como supuesto que los segmentos de transporte (donde operan TGN y TGS) y distribución de gas (Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras), que son regulados por Federico Bernal, no tendrían incrementos. Esta situación no parece probable, ya que las empresas muestran en sus balances pérdidas millonarias por la falta de actualización de sus ingresos.

La necesidad de actualizar tarifas está atada, además, a un problema que afecta a todos los países: la disparada del precio internacional del gas natural licuado (GNL). El año pasado, la Argentina importó gas a un valor promedio de US$8,5 el millón de BTU. Para este invierno, la Secretaría de Energía espera precios en torno a los US$23,7 (a ese número luego hay que sumarle el costo de regasificación, de entre US$1 y US$1,3 por millón de BTU).

Adicionalmente, el Gobierno tiene otro dolor de cabeza para este año: Bolivia venderá menos volumen de gas a un precio esperado de US$7,46, ya que su producción cayó 13,5% interanual en el último trimestre, según G&G Energy Consultants.

“Del volumen total demandado, la producción de gas nacional para abastecer la demanda interna aportará 40.703 millones de m3, lo que representa el 84% de la oferta total; el gas importado de origen boliviano aportará 3626 millones, representando el 7%, y para completar el abastecimiento de la demanda, se requerirá GNL importado equivalente a 4406 millones, que implica el 9% de la oferta total”, detalla el informe de la Secretaría.

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