El Gobierno presiona a los gobernadores por el impacto de las tasas municipales en la economía
Caputo mandó una nota a las 23 provincias para que tomen medidas sobre los municipios que cobran impuestos cuyo valor no guardar proporcionalidad con el costo del servicio; pidió que se los intime y, si no cumplen, que se les suspenda el envío de fondos
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LA NACIONFrancisco Jueguen
El Gobierno volvió a la carga contra las tasas municipales. Luego de que prohibiera el cobro de esos gravámenes en las facturas de los servicios públicos, de que comenzara a regir el régimen de transparencia fiscal -que requiere adhesión explícita de las distintas jurisdicciones- el 1° de enero y de que el Ejecutivo reclamara a los empresarios para que presionen a los intendentes, el Ministerio de Economía dio hoy un nuevo paso para evitar que el ajuste en el gasto nacional sea compensado por intendentes con más aumentos en las tasas que se le cobra al sector privado. Y para peor, que esto redunde en una mayor carga impositiva a las empresas y un aumento del nivel de los precios.
En ese sentido, el Ministerio de Economía envió hoy una nota a las 23 provincias en la que se les solicitó que “implementen medidas para que sus municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las tasas municipales, de aquellas que su valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio”.
A estas últimas, las definió como “ilegales y arbitrarias” al “incumplir” la ley de coparticipación federal. Luego reclamó intimar a los municipios y que, a quienes no cumplan, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable.
El Ministerio de Economía envió la nota a las provincias luego de que el sector privado reclamara en los últimos días al Gobierno “equilibrar la cancha” impositivamente en momentos en que el Ejecutivo comenzó a bajar carga y simplificar trámites para las importaciones y mientras se debate si existe o no el atraso cambiario en la Argentina. Un dólar barato incentiva las compras en el exterior. Esas importaciones competirán con la fabricación nacional en un 2025 en el que se espera un repunte de la economía y, sobre todo, del consumo. Pese a las promesas oficiales de bajas de impuestos, el foco del oficialismo está puesto primero en seguir bajando la inflación (o sea, en el consumidor).
Un informe del sector metalúrgico difundido la semana pasada estimó que producir en la Argentina tiene una carga impositiva del 32%, el doble que Brasil y México (una comparación con países industriales en la región y en los que Techint tiene presencia). “En promedio, más de un tercio de la carga tributaria sobre la actividad metalúrgica son impuestos considerados ‘distorsivos’ debido a su menor incidencia en países comparables y su impacto acumulativo en la cadena de valor”, estimaron las cámaras empresarias. Específicamente, mencionaron el impuesto a créditos y débitos bancarios, Ingresos Brutos, el impuesto a los sellos/otros y tasas municipales. Solo Cheque depende del gobierno nacional.
“En el escrito se solicitó que se eliminen estas tasas municipales que tienen una coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables; que no resultan razonables con el costo del servicio efectivamente prestado; y no respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, explicó un comunicado enviado por la cartera que dirige Luis Caputo.
“Además, se pidió intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable”, se reclamó desde el Palacio de Hacienda.
El Ministerio de Economía destacó que el ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria aplicada por municipios, “perjudica a los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar incrementos en la presión tributaria”.
“A su vez, estos afectan los costos de los bienes y servicios, e impiden una mayor reducción de la tasa de inflación nacional, perjudicando al ciudadano y a las diferentes jurisdicciones”, se insistió desde el Palacio de Hacienda.
“La nota enviada también hace hincapié en que Ley de Coparticipación, a la cual adhirieron todas las provincias, obliga a estos distritos y sus municipios a no gravar por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su característica o denominación, las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos”, se señaló.
“Esos tributos municipales son deducibles en la liquidación del Impuesto a las Ganancias y que, por este motivo, se disminuye la masa coparticipable, lo que genera un claro perjuicio al Estado Nacional y a las diferentes jurisdicciones provinciales en sus recursos coparticipables, sin que exista justificación alguna”, se indicó en la nota, según Economía.
El enojo del ministro
“Seguimos dando la batalla contra el atropello de los intendentes que abusan de sus vecinos”, escribió Caputo hoy en su cuenta de X. Posteó además el comunicado que envió el equipo de prensa de Economía. En otro posteo sobre el mismo tema ayer había escrito: “Bien los supermercados. Importantísimo desenmascarar a toda esta banda de intendentes K que aun recibiendo más plata que antes por la suba en la recaudación producto de la recuperación económica, aumentan las tasas municipales y sin contraprestación alguna para el vecino”. El comentario del ministro hacía referencia a un pedido de los comerciantes para que las tasas municipales terminen figurando en el ticket de compra.
Desde el 1º de enero, rige para las grandes empresas el régimen de transparencia fiscal. Esto significa que todos los comprobantes deberán tener una línea donde se detalle el monto correspondiente al IVA y, cuando sean emitidos por una compañía grande, también indicarán los impuestos internos que incidan en el precio final que paga el consumidor. El resto de los contribuyentes tendrá un plazo opcional hasta el 1° de abril próximo, cuando pasará a ser obligatorio para todos.
Pero no es obligatorio para las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostrar la incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos y de los respectivos tributos municipales en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios. Para eso, esos distritos deben adherir al régimen aprobado por la Nación.
El 11 de octubre pasado, comenzó a regir además la resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio, por las que las facturas no podrán incluir cargos ajenos a los bienes y servicios contratados, es decir, que no se podrán incluir otros cargos como tasas e impuestos. La medida fue llevada a la Justicia -con varios amparos logrados- por varios intendentes. La norma abarca a las empresas de servicios públicos y a quienes comercializan bienes. Solo podrán incluir en sus facturas única y exclusivamente la descripción y el precio correspondiente al servicio. En caso de incumplimiento, se informó oficialmente, los consumidores podrán denunciar las irregularidades. La resolución, publicada el 10 de septiembre del año pasado, otorgaba a las empresas un plazo de 30 días para que adecuen el modelo de facturación.
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