Prepagas: piden que se investigue una supuesta cartelización por las subas de cuotas
Referentes de la Coalición Cívica denunciaron ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia un posible comportamiento de acuerdo de precios entre las entidades, que comunicaron aumentos similares para estos meses; la presentación se hizo tras conocerse una medida cautelar a favor de una afiliada
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LA NACION
Un grupo de dirigentes políticos de la Coalición Cívica, cercanos a Elisa Carrió, presentó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) un pedido de investigación que recaiga sobre las entidades de medicina prepaga, por una posible conducta de cartelización para definir los incrementos de las cuotas de los planes de salud, luego de que el DNU 70 eliminó los artículos de la ley de prepagas referidos a la regulación de los precios. Ese comportamiento, definido como una “práctica anticompetitiva” se refiere a “los acuerdos entre dos o más competidores, consistentes en contratos, convenio o arreglos”, que tengan como efecto una concertación de precios de los bienes o servicios.
La presentación fue realizada por Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Rubén Manzi y Juan Facundo Del Gaiso, “en representación del interés de todos los usuarios del servicio de medicina prepaga en el mercado geográfico definido por el ejido de la República Argentina”.
La razón del pedido de investigación y de la eventual aplicación de penas y multas está en el hecho de que las entidades de salud les comunicaron a sus afiliados un reajuste cercano al 40% de sus cuotas para el mes actual. En el escrito mencionan declaraciones hechas por el presidente de la Unión Argentina de Salud y dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt. También hay referencias a artículos periodísticos de los que surge que “existieron reuniones para la coordinación de la fijación de un aumento a los usuarios”, que esa suba se fijó en un valor de aproximadamente el 40% (para enero), y que “las políticas de precios acordadas podrían, estiman [los propios directivos], impactar en una pérdida promedio del 30% de los usuarios del servicio”.
Desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia confirmaron la recepción de la denuncia y señalaron que se seguirá con los pasos habituales de la investigación, para la cual no existen formalmente plazos.
La presentación se hizo tras conocerse una primera medida cautelar otorgada a favor de una jubilada de 78 años, afiliada al plan de salud del Hospital Italiano. La resolución de la jueza Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, le ordenó a la entidad no aplicar los incrementos de 40% de enero y de 29,5% de febrero y, en cambio, cobrar las cuotas con las subas autorizadas según el sistema que rigió hasta diciembre pasado.
De esos valores (los aumentos autorizados según el esquema anterior al DNU) solo se conoce el porcentaje de enero, de 6,26% (en lugar del 40%), en tanto que no hay información con respecto a las cuotas del segundo mes del año. Esto ocurre porque ya se discontinuó la publicación del Índice de Costos de Salud, que era la referencia para los incrementos de cuotas que se utilizó hasta el año pasado y que difundía mensualmente, en un sitio oficial, la Superintendencia de Servicios de Salud.
Apenas publicado el DNU en el Boletín Oficial, el 21 de diciembre último, las prepagas comenzaron a anunciar aumentos para este mes de alrededor de 40% (muy similares en todos los casos). La argumentación fue que la política de regulación que rigió previamente provocó un retraso fuerte en los precios respecto del incremento de los costos, una situación que se empezó a evidenciar en problemas con la calidad de los servicios (cobro de copagos por parte de los prestadores, demoras en los turnos, salida de médicos de las cartillas). En 2023 todos los planes de salud subieron un 135,7% (porque eso es lo que se autorizó desde el gobierno), mientras que la inflación general según el Indec fue de 211,4%. Sin embargo, muchos usuarios de los planes, como los jubilados sin bonos, tuvieron subas en sus ingreso aun inferiores, de 110,9%.
El escrito presentado ante la CNDC advierte que “hay un universo particularmente amplio de usuarios que se encuentran cautivos por motivos que exceden a su mera voluntad”, y que, con los aumentos anunciados, tendrían “un daño a derechos esenciales, como a la salud y a la continuidad de tratamientos”. Se recuerda que, ante los dichos de referentes de la UAS de que se perderían usuarios por los aumentos, hay quienes padecen enfermedades que están siendo tratadas.
“El proceso de desregulación de la economía es un fin con el que acordamos y un medio adecuado para alcanzar el desarrollo económico -señala la presentación-. A pesar de ellos, el proceso debe ser acompañado con políticas de competencia reales y efectivas. El proceso de deterioro institucional argentino no se limita a las prácticas del Estado, sino también a las prácticas de todos los agentes económicos que han participado de un mercado corporativista e hiper-regulado”.
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