Prepagas irán a la Justicia si avanza la propuesta para favorecer a las obras sociales sindicales

Las empresas de medicina prepaga están en alerta. Ayer a la tarde se enteraron por los medios de la propuesta del diputado sindicalista Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria (AB) y muy cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, de incluir en el proyecto de presupuesto 2023 un artículo para cobrarles a las empresas un 15% sobre el total de aportes que derivan los trabajadores por los planes de salud.

“Si esto avanza, vamos a ir a la Justicia. Indubitablemente”, dijeron fuentes del sector a LA NACION. “Se quiere traspasar recursos del sistema privado al sistema público, de las prepagas a las obras sociales, que encima van para engrosar un fondo muy opaco, donde el sector privado no tiene participación, no sabe cómo se maneja ni sabe a dónde se destina ese dinero”, agregaron.

En el sistema privado de salud se atienden alrededor de 33 millones de personas, señalan en la industria, de las cuales 6 millones pagan por ese servicio. De este total, 4,5 millones son trabajadores formales que derivan sus aportes, mientras que los 1,5 millones restantes pagan la cuota completa de manera directa.

Según la propuesta de Palazzo, las empresas de medicina prepaga deberán pagar un 15% sobre el adicional que desembolsan los 4,5 millones de trabajadores por encima de sus aportes (en general, se deriva un 70% de la cuota y el resto lo cubre el usuario de manera directa). Lo recaudado estará destinado al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), encargado de los reintegros a las obras sociales por los tratamientos de alto costo y complejidad.

El proyecto de Presupuesto obtuvo ayer el dictamen de la Comisión de Presupuesto y se tratará en la Cámara de Diputados el martes próximo. De aprobarse, todavía es necesario que se trate en la Cámara de Senadores para ser ley.

“Ese 15% se terminará trasladando al valor de las cuotas, porque se toca la estructura de costos de la medicina prepaga sin decir de dónde sale el financiamiento. Todavía no sabemos en cuánto aumentaría, pero si la cuota sale $100, y el empleado por sus aportes deriva el 70% y el 30% restante lo paga él, se cobra el 15% de esos $30″, explicaron en el sector.

En la práctica, las empresas no pueden aumentar el valor de las cuotas “libremente”, sino que están reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud, quien autoriza los incrementos. Desde agosto, además, se estableció un sistema automático para el reajuste de las cuotas de manera trimestral, que regirá al menos hasta fin de año.

El mecanismo está basado en el avance de un índice de costos de la salud elaborado por el Gobierno, donde se consideraron cuatro elementos: los costos vinculados con los recursos humanos (salarios), medicamentos, insumos médicos y “otros insumos y gastos generales” (inflación).

En el año, el alza acumulada de las cuotas de las prepagas alcanzó el 87,9% (superior al 76% estimado de inflación en el mismo periodo). En tanto, en el último año el reajuste es de 104,8%. En diciembre habrá otro incremento más, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Salud. Sin embargo, en 2020, el año de la cuarentena estricta por la pandemia, solo se autorizó un alza de 10%, cuando la inflación fue 36,1%. En 2021, en tanto, los incrementos autorizados fueron de 47%, cuando la inflación fue 50,9%.

La puesta en marcha de un mecanismo para determinar reajustes en función de la evolución de un índice vinculado a los costos es una política que trajo conformidad a los directivos del sector de las prepagas, porque valoran que los precios dejen de depender de la discrecionalidad de los funcionarios.

La normativa también prevé que las entidades financiadoras (prepagas) deben trasladar una determinada porción del aumento aplicado a las cuotas a los aranceles que les pagan a los prestadores (clínicas, sanatorios, centros de atención y de prácticas de diagnóstico en general).

Sin embargo, cada vez más profesionales de la salud critican que los pagos que reciben de las empresas prepagas son insuficientes o se hacen efectivos en un plazo demasiado largo para los niveles actuales de inflación. Esto derivó que, en algunos casos, se recurra a los copagos por falta de financiamiento.

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