Prepagas: habrá devoluciones a los afiliados en 12 cuotas desde julio y ese mismo mes liberarán los precios de los planes

Funcionarios del Gobierno y directivos de 41 entidades de medicina prepaga llegaron finalmente a un acuerdo en la madrugada de este martes, referido al reintegro de dinero a los afiliados y a los incrementos que tendrán en adelante las cuotas de los planes de salud. Al pacto se llegó tras unas 15 horas de deliberaciones, que se llevaron a cabo en el marco de una audiencia a la cual había citado Juan Rafael Stinco, el juez a cargo de la causa presentada en abril por la Superintendencia de Servicios de Salud por supuesta cartelización para la fijación de precios en el sector.

Según el acta firmada y lo comunicado a LA NACION desde ambas partes, a partir de julio las entidades devolverán, en un plazo de 12 meses, lo cobrado entre enero y mayo, en concepto de incremento, que se haya excedido del índice de inflación de cada mes previo. Las 12 cuotas en las que se hará ese reintegro serán mensuales y consecutivas y se ajustarán según la tasa pasiva del Banco Nación (es la que se paga por los depósitos a plazo fijo.

Se tratará, en rigor, de un mecanismo por el cual durante un año se descontarán montos en las facturas. Y la particularidad es que ello ocurrirá a partir del mismo mes en que las prepagas volverán a quedar liberadas de reglas para definir los incrementos de las cuotas. Por eso, el efecto podría quedar relativizado o incluso neutralizado.

Concretamente, para calcular el monto que deberá ser contabilizado a favor de los asociados, por cada período se considerará cuál fue la inflación del mes previo y se calculará la cuota que hubiera resultado de aplicarle a la del período inmediato anterior ese índice para determinar el reajuste. Ese importe se restará de la cuota efectivamente abonada por los usuarios. La cuenta se hará por cada mes implicado y la diferencia total será el monto a reintegrar, al que se le aplicará la actualización ya mencionada.

Por ejemplo, para enero se tendrá en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor de diciembre, que fue de 25,5%. Los aumentos de ese primer mes del año fueron de alrededor de 40% en prácticamente todos los casos, por lo tanto, surgirán montos en exceso (según la regla determinada) bastante significativos.

Los precios de febrero deberán recalcularse con la inflación de enero, que fue de 20,6% (por lo general, en ese segundo mes del año hubo subas de cuotas cercanas al 30%); los de marzo, con el IPC de febrero, que fue de 13,2%; los de abril, con el 11%, que fue la suba de precios de marzo, y los de mayo, con el índice de 8,8% (inflación de abril).

Una vez determinado y actualizado el monto total en cada caso -que resultará de un porcentaje diferente de la cuota según la prepaga-, la devolución se hará efectiva entre julio de este año y agosto de 2025.

Precios nuevamente liberados

Un punto central del acuerdo es que desde julio los precios quedarán nuevamente liberados, tal como lo habían estado desde la vigencia del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70, emitido por el Poder Ejecutivo en diciembre último, y hasta abril, cuando desde el propio Gobierno se empezó a cuestionar a las entidades por el nivel de los incrementos y se tomaron dos acciones: por un lado, se dispuso una medida basada en una presentación hecha en enero por referentes de la Coalición Cívica ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), y, por el otro, hubo una presentación de una denuncia de la Superintendencia de Servicios ante la Justicia, por supuesta cartelización para fijar precios.

Esa causa judicial es la que finalmente dio lugar al acuerdo al que se llegó esta madrugada, ya que, luego de otorgar la medida cautelar pedida por la Superintendencia, el juez Stinco, quien está a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 3, convocó a una audiencia de partes (a pedido de las prepagas), en la cual surgió lo pactado con respecto a la devolución de dinero y a los próximos incrementos. El trámite judicial ahora queda extinguido.

Con respecto a las cuotas correspondientes a junio, el criterio que se seguirá es el de aumentos según la inflación de abril, tal como algunas empresas ya le están comunicando a sus afiliados.

Con respecto a julio y los períodos siguientes, el texto de lo pactado indica que los precios “se ajustarán libremente conforme estructuras de costos y debido cálculo actuarial de cada una de las empresas”.

El acta contempla también que las entidades de medicina prepaga se comprometen a reincorporar “en iguales condiciones y sin restricciones ni penalización alguna a quienes hayan sido dados de baja por falta de pago debido a los incrementos”. E indica que la Superintendencia de Servicios de Salud estará a cargo del “seguimiento, control y ejecución del cumplimiento” del acuerdo y que “arbitrará los medios” para canalizar posibles consultas y denuncias de los afiliados.

Las cuotas de las prepagas estuvieron formalmente bajo regulación del Estado a partir de la entrada en vigencia de la ley sectorial, en 2012. Y fueron liberadas por el DNU 70, una de las primeras medidas tomadas por el actual gobierno de Javier Milei. Así, mientras que en 2023 la inflación fue de 211,4%, los precios de los planes de salud aumentaron, todos por igual y con habilitación de las autoridades, un 137,4%.

El acuerdo al que finalmente se arribó alcanza a las siguientes empresas y entidades de medicina prepaga: OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Unión Personal, Mutual Federada 25 de Junio Sociedad de Protección Recíproca, ACA Salud, Sancor Salud, Prevención Salud, Sistema Integrado de Prestadores de Salud, MET Córdoba, Hospital Alemán, Grupo DDM, Hospital Británico, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (Cemic), Círculo Médico de Lomas de Zamora, International Health Services Argentina, Obra Social YPF, OPDEA, Osdepym, Fundación Médica de Mar del Plata, EnSalud, Sociedad Española de Beneficiencia y Mutualidad, COBENSIL, Medin S.A.S.M.A., Centro Médico Pueyrredón, Programa de Salud, Medical´s, OSDIPP, Asistencia Sanitaria Integral, Bristol Medicine, Federación Médica Gremial de la Capital Federal, Asociación Civil de Estudios Superiores, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA (Simeco).

Números del sector y crisis prestacional

En rigor, las prepagas venían advirtiendo desde hacía años sobre un rezago entre el aumento de sus costos (algunos de ellos muy disparados por arriba del resto de las subas, como el caso de los medicamentos) y las subas de las cuotas cobradas a los afiliados. En los últimos tiempos, el nivel de los servicios se resintió para los pacientes, con demoras en los turnos, salidas de médicos y profesionales de las cartillas, cobro o intentos de cobro de copagos o bonos contribución, y congelamiento de importes de reintegros.

Además, se siguieron retrasando los honorarios y salarios del personal, algo que quedó en evidencia la semana última, con el inicio de un plan de lucha en clínicas y centros privados de atención por parte del sindicato de la sanidad, que está a la espera de la negociación por los ingresos, luego de que ya venció el acuerdo anterior.

En diciembre último, con la liberación dispuesta por el gobierno entonces recién asumido, las empresas comunicaron que para enero habría reajustes de alrededor de 40%. Según las entidades, el dinero cobrado fue usado para pagar prestaciones. En una entrevista publicada el domingo por LA NACION, Hugo Magonza, director del Cemic y nuevo presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS) -entidad que nuclea a financiadores y prestadores-, dijo “no hubo abuso ni cartelización” y afirmó que “los aumentos fueron destinado a los prestadores y a pagar servicios”. Y agregó: “Lo que sucedió es, lamentablemente, un proceso de una olla a presión, algo que también se produjo con otras áreas de la economía. Durante más de 12 años los precios estuvieron controlados y los costos liberados, y esos costos se habían disparado”.

Según sus datos, entre 2012 (cuando se puso en vigencia la ley de regulación) y 2023, las cuotas de las prepagas subieron un 7945%, el IPC avanzó un 14.258%, el precio promedio de los medicamentos, un 19.599%, y el salario de una enfermera según el convenio colectivo, un 9994%.

Dado que señalan que el dinero ya fue utilizado para pagar servicios, en el sector resistían la posibilidad de tener que hacer devoluciones a los afiliados. Tal cosa no había sido establecida por la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio de abril último (una medida que, en rigor, tuvo alcance solo para siete empresas, a las que obligó a bajar precios), pero sí fue incluida en la medida cautelar otorgada por el juez Stinco. Hasta hoy no rigió, en la práctica, la obligación de hacer reintegros, mientras que ahora sí, deberán concretarse según lo pactado. “Hicieron socialismo con la plata de otro y es verdaderamente insólito”, dijo esta mañana un referente del sector privado, tras calificar el acuerdo como “forzoso”. “El Banco Central hace poco mostró que había atraso en la tarifa y que las prepagas habían aumentado los precios para cubrir costos”, agregó.

Durante la extensa audiencia de ayer, las prepagas habían consensuado una propuesta de devolución de dinero a los afiliados, que fue rechazada casi de inmediato por los representantes oficiales. Por la noche, desde el Gobierno se anunció un acuerdo en el que no estaba la liberación de cuotas desde julio y en el que, en cambio, se mencionaba que los precios se iban a ajustar, al igual que el monto a reintegrar, según la tasa pasiva del Banco Nación. Pero referentes del sector privado negaron en esas horas que se había producido un acuerdo y, finalmente, se logró firmar un acta y cerrar la reunión cerca de la 1.30 de la madrugada de hoy.

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