Preocupación del sector privado por el proceso de licitación del 5G

Infraestructura Digital Argentina (IDA), la flamante cámara que agrupa a empresas TIC, publicó un comunicado en el que manifestó su preocupación por el camino que elige el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para el desarrollo de la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G). Según anunció el presidente del organismo, Claudio Ambrosini, la idea es licitar el espectro en el primer trimestre del año a pedido del Ministerio de Economía para sumar reservas en el Banco Central.

“La falta de una visión integral para el sector compromete el despliegue de una infraestructura digital de futuro para la Argentina, limitando la capacidad de desarrollo económico y social de nuestro país”, dijo IDA en un comunicado y sumó que el momento elegido por las autoridades “no parece ser el más oportuno”.

“Primero es necesario establecer un modelo de desarrollo de la infraestructura digital, camino recomendable para que esta tecnología pueda traer desarrollo económico y social al país”, explicaron.

La semana pasada se conoció que el directorio del Enacom avanzó en la atribución de las bandas de frecuencias para la prestación y despliegue de 5G. Identificaron la porción de espectro radioeléctrico 3300-3600 MHz disponibilizando un total de 300 MHz para la prestación de comunicaciones, tanto fijas como móviles, en lo que se denominó “Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes”. En este mismo sentido, se aprobó el “Reglamento General del Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes”, que regulará la utilización de la tecnología 5G. El próximo paso sería la aprobación del pliego de la licitación que, según fuentes oficiales, tendría lugar en febrero en la próxima reunión de directorio.

Sin embargo, para IDA, este proceso también se ve afectado por “la inestabilidad macroeconómica, con volatilidad cambiaria y alta inflación, que dificultan el escenario económico de corto y mediano plazo para la realización de inversiones”. Por otro lado, también apuntaron a las restricciones a las importaciones que dificultan el acceso a los insumos del sector, problema que se potenciará por la necesidad de importar nuevas tecnologías.

Además, mencionaron “la incertidumbre frente a la litigiosidad e inequidad generada por el DNU 690/2020″ y la supuesta falta de limpieza de las bandas. “En los reglamentos ahora aprobados se reconoce la existencia de licenciatarios en uso de las bandas que deben ser migrados, generando incertidumbre. Estas mismas circunstancias suscitaron conflictos y demoras en los despliegues como lo demuestra la experiencia en las licitaciones de espectro realizadas anteriormente”. Por último, criticaron el afán recaudatorio del Gobierno y dijeron que los fondos recaudados en un eventual proceso licitatorio de espectro deberían verse reflejados en la mejora de infraestructura a lo largo y a lo ancho del país con criterio federal.

Según una estimación de septiembre, la previsión oficial era recaudar US$1400 millones a través de la subasta entre los operadores de telefonía móvil (Telecom, Movistar y Claro) y una eventual participación del empresario Alberto Pierri, dueño de Telecentro y expresidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Carlos Menem.

Pero, para las empresas, el número no se condice con la actualidad del negocio con tarifas retrasadas, ingresos en pesos y gastos en dólares. Es que, si bien la mayoría del sector cuenta con medidas cautelares en contra del DNU 690 que estableció que los precios iban a ser definidos por el Enacom, la realidad es que las firmas igualmente no están trasladando todos los aumentos a los usuarios por lo golpeados que están los salarios. Según el índice de precios, el rubro comunicaciones tuvo una suba de un 65,3% interanual a noviembre, mientras que el nivel general fue de 92,4%.

En la región, Chile y Brasil ya llevaron a cabo sus propias licitaciones 5G en las que recaudaron, respectivamente US$453 millones y US$8400 millones.

Conforme a los criterios de

Conocé más

Cambios profundos en 2025. Detalles de una propuesta que liquida 23 años de historia en el inicio de un experimento único

Lágrimas de constructores. El Gobierno oficializó la poda a la obra pública y el Tesoro le pidió a la Secretaría que devuelva 1 billón de pesos

Impuesto PAIS. Qué efectos tendrá, en costos, precios y recaudación, la eliminación de la carga fiscal