Energía. Alerta en el sector por la posible derogación de un DNU macrista
LA NACIONSofía Diamante
La iniciativa surgió de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, avalada por una decisión anterior del interventor del Enargas, Federico Bernal, y de inmediato se prendieron las alarmas en la industria energética y dentro del mismo Ministerio de Desarrollo Productivo. Anoche, el Senado rechazó el DNU que emitió el gobierno de Mauricio Macri para que el Estado se haga cargo de la deuda que se generó entre distribuidoras y productoras de gas por la brusca devaluación de 2018. Para que dicho DNU sea derogado, debería ser rechazado también por Diputados, aunque su discusión todavía no está en agenda.
El DNU en cuestión es el 1053, que nació como una solución a las diferencias generadas por la devaluación de la moneda ocurrida en ese invierno: las distribuidoras habían recibido el suministro de gas pactado en dólares a un tipo de cambio de $20,18 (abril 2018) y al momento de pagarles a las productoras, la divisa se disparó a $37,40 (septiembre mismo año).
El gobierno anterior intentó sin éxito trasladar ese costo a los usuarios en 24 cuotas. Como la propuesta del entonces secretario de Energía, Javier Iguacel, no prosperó, se decidió que el Estado se hiciera cargo de la deuda de $24.500 millones, comenzando a pagarla en 30 cuotas a partir de octubre de 2019, aunque solo giró un pago.
Del total, YPF es a quien le corresponde el monto mayor entre las petroleras, con $6795 millones, ya que es el principal oferente en el mercado de gas residencial. Pero también tienen saldos a cobrar Total ($2356 millones); Pan American Energy ($2122 millones); Pampa Energía ($1218 millones); Wintershall ($962 millones); Tecpetrol ($635 millones); Pluspetrol ($476 millones); CGC ($409 millones), y Vista ($34,6 millones), entre otras. Pero además, el Estado le debe por este concepto $8903 millones (36% del total) a Enarsa, la empresa estatal a cargo de las importaciones de gas.
El mes pasado, el Ministerio de Desarrollo Productivo –del cual depende la Secretaría de Energía– decidió avanzar con el pago de seis de las cuotas atrasadas, como un gesto hacia las productoras antes de lanzar el nuevo Plan Gas 4, que daría incentivos a la producción para que no falte el suministro en el invierno del año que viene. Sin embargo, a los pocos días tuvo que suspender la operación, luego de que el Enargas iniciara una denuncia penal contra la administración anterior por establecer los contratos que generaron esa deuda.
Bernal sostiene que el exministro de Energía Juan José Aranguren y otros exfuncionarios violaron la ley que regula el sector por establecer el valor de las tarifas sin "la libre negociación del precio entre las empresas productoras y distribuidoras" y sin el marco de la ley de emergencia económica, que se había dejado de prorrogar unos meses antes. Analistas del sector consultados por este medio opinaron que, si bien el exministro se equivocó al fijar precios en dólares en una economía tan volátil como la argentina, su política estaba dentro del marco legal.
Exfuncionarios del gobierno de Macri, por su parte, señalan que, si lo que ellos hicieron violó la ley, lo que hizo el actual secretario de Energía, Sergio Lanziani, de extender hasta fin de año por resolución los contratos de gas que finalizaban el 31 de marzo, también sería ilegal, ya que tampoco rige ahora una ley de emergencia que avale establecer los precios entre productoras y distribuidoras. Lo que sí rige, sin embargo, es la ley de Solidaridad, que faculta al Poder Ejecutivo "a mantener las tarifas de electricidad y gas natural". El detalle fino se abre a interpretaciones.
La cuestión es que la denuncia obligó al Ministerio de Desarrollo Productivo a rediseñar el Plan Gas que tenían en mente, de fijar un precio de incentivo por cuatro años. En los nuevos borradores figura la idea de aplicar un sistema de subastas. Pero además, la imposibilidad de pagar las deudas a las productoras puso en jaque la predisposición de las mismas a participar de las licitaciones.
Bernal, por su parte, tiene otra idea: le propuso a la vicepresidenta Cristina Kirchner reducir hasta un 22% las tarifas residenciales de gas, subsidiando a los usuarios con la deuda a las empresas, según contó el portal Econojournal, lo que generó nervios dentro de la industria.
En paralelo a la denuncia penal del interventor del Enargas, en el Congreso se abrió una nueva fuente de incertidumbre: ¿Qué ocurriría si se rechaza el DNU 1053? ¿Quién se haría cargo de esa deuda generada? ¿Las productoras deberían devolverle al Estado la única cuota que se pagó? ¿Cómo lograría el Gobierno llevar adelante un nuevo programa de incentivos fiscales a la producción, si las empresas verían nuevamente vulneradas sus garantías?
Al derogarse ese decreto, además, las productoras, que para acceder a cobrar la deuda debían renunciar a su derecho a reclamar, obtendrán de nuevo esa posibilidad de accionar. Legalmente, la responsabilidad de esa deuda es de las distribuidoras –entre las que se encuentran Metrogas, Naturgy y Camuzzi–, pero estas empresas podrían denunciar que el Enargas no les actualizó los ingresos como les correspondía por el aumento del costo.
En la práctica, además, las distribuidoras no tienen el dinero para hacerse cargo de esos compromisos, en un contexto de tarifas congeladas desde abril del año pasado y caída en los índices de cobrabilidad por la cuarentena.
La decisión de derogar el DNU estará en manos de Diputados, donde el oficialismo no tiene mayoría. Es una ironía que una iniciativa que nació del mismo Gobierno perjudicará no solo a YPF y a Enarsa, dos empresas con participación estatal, sino a las medidas que quiere llevar adelante el Poder Ejecutivo.
Por Sofía Diamante
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