Crítica devastadora al proyecto kirchnerista para recaudar más

“Una cacería de brujas”. Así definen los tributaristas al nuevo proyecto que presentó el oficialismo para penalizar a los contribuyentes que tienen bienes sin declarar en el exterior, con el objetivo de recaudar fondos para pagarle al Fondo Monetario Internacional. En el proyecto se plantea la introducción de la figura del “colaborador” en la legislación argentina, una herramienta que los expertos advierten que podría convertirse en una vía para extorsionar, amenazar y hasta perseguir políticamente.

La iniciativa, que se presentó ante el Senado bajo el nombre “Aporte especial de emergencia”, grava con un 20% a pagar en dólares por aquellos bienes y capitales radicados en el exterior y no declarados ante el fisco, siempre y cuando sean repatriados en los primeros seis meses de la vigencia de la ley. Además, las entidades financieras quedarían “liberadas” de los acuerdos de confidencialidad o secreto fiscal, y cualquier individuo podría denunciar ante la AFIP a un contribuyente. ¿El incentivo? El 30% del monto total recaudado.

“Lo llamativo y reprobable es que este blanqueo, en lugar de instar a la exteriorización voluntaria, recurre a la figura del colaborador, incentivando la caza de brujas, es decir que quienes tengan información de personas presuntamente titulares de los patrimonios evadidos en el exterior la denuncien para recibir un premio equivalente al 30% de lo recaudado. Digamos que es el cómo y no el qué lo que más molesta. Es el aspecto que incorpora una cultura de persecución. Que tenga fines nobles como identificar a quienes incurrieron en delitos no justifica el incentivo a las peores prácticas sociales. Ocurre que no están dadas las posibilidades para un blanqueo voluntario, mucho menos después de haber incrementado exageradamente la alícuota del impuesto a los bienes personales”, aseveró Cecilia Goldemberg, de Andersen Argentina.

Para Iván Sasovsky, CEO de Expansión, los “blanqueos” que ha intentado llevar adelante el kirchnerismo nunca tuvieron la recaudación esperada. Por esa razón, el proyecto actual se basa en “instalar el miedo” como principal motor para repatriar los fondos, sobre todo teniendo en cuenta que en el texto oficial se cita la ley penal tributaria y advierte la posibilidad de ir a prisión por evadir dinero.

“Esto puede convertirse en una cacería de brujas en un contexto de revanchismo e ideologización tan fuerte. Se le paga un 30% de lo recaudado por la información que un individuo brinde, pueden ser empleados de bancos o de estudios, más allá del secreto profesional. También se puede usar políticamente para perseguir opositores”, advirtió Sasovsky.

En el mismo sentido apuntó César Litvin, socio de Lisicki, Litvin & Asociados, quien agregó que la figura del colaborador podría generar un “festival” de extorsiones. “Es una figura compleja para la grieta, la división, la desconfianza y la desunión, teniendo en cuenta que el que sabe un dato está violentando la confianza. Se podrían dar casos de ‘Necesito plata, me la das vos o te denuncio’. Ahí entran a jugar los valores humanos”, completó.

No obstante, la figura del “colaborador” no es una novedad en la legislación global. En Estados Unidos existen los whistleblowers (denunciantes), quienes obtienen una recompensa de entre el 15% y el 30% de los ingresos recaudados gracias a la información. Con este programa, la administración de Joe Biden pagó más de US$1000 millones en premios a 207 denunciantes, incluidos más de US$500 millones en el año fiscal 2021.

“Pero es un peligro la introducción de esta figura en la legislación argentina, porque gente resentida y con bronca puede dar lugar a investigaciones falsas e intento de cobro por recaudación. En este caso, dado lo difícil de probar las cuentas fuera del país, porque Estados Unidos no intercambia información fiscal con la Argentina, no es tan peligroso. Pero, si se introduce en otras ramas de la tributación, sí podría serlo. No es buen antecedente recompensar a la gente por denunciar”, consideró Mariano Ghirardotti, del estudio homónimo.

De acuerdo con la letra chica del proyecto, los colaboradores que aportaran información falsa tendrían que enfrentar entre uno a seis años de prisión. En tanto, la pena es de seis meses a dos años para aquellos colaboradores que, de cualquier forma, difundiere, divulgare o diere a conocer información relativa al proceso de colaboración.

“Esta figura es regulable en función de la importancia de la información, de cuánto colaboró, se tiene que quedar a lo largo de todo el juicio hasta obtener el rembolso, lo cual es poco probable que el beneficio económico se haga concreto. A su vez, es difícil pensar que un banco actúe como colaborador, porque cuando sale a relucir que la entidad financiera aportó información que asumió confidencial, vería complicada su imagen y clientela”, aportó Fernanda Laiún, socia de Laiún, Fernández Sabella & Smudt.

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