Precios: las empresas cuestionaron al Gobierno a horas de una reunión clave y se complica la posibilidad de un acuerdo
Copal, la entidad que nuclea a las firmas productoras de alimentos, difundió un documento en el que llama al diálogo con el Gobierno y pide que sus propuestas sean escuchadas
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LA NACIONCamila Dolabjian
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (Copal), entidad que agrupa a 14.500 empresas y 35 cámaras sectoriales de la industria de alimentos y bebidas, emitió un comunicado rechazando la posición del Gobierno frente al congelamiento de precios. En el texto, expresó que sus propuestas no fueron tenidas en cuenta y que hay una falta de condiciones para el diálogo. Esto ocurrió horas antes de una reunión que mantendrán esta tarde el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, que también es presidente de la UIA.
“A pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta, así como tampoco fue considerado el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible”, se lee en el comunicado.
“Frente a diversos encuentros con la Secretaría de Comercio Interior, Copal ratifica una vez más su voluntad de colaboración y diálogo para el acuerdo. Sin embargo, advierte que en la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios”, dice el texto.
Además, se destaca que las cifras oficiales revelan que el sector alimenticio y de bebidas no es el principal responsable de los niveles crecientes de inflación. De acuerdo con la entidad, esto queda en evidencia en el último informe de Indec que mostró que el IPC creció 3,5% mientras que el rubro de “Alimentos y Bebidas” aumentó por debajo del nivel general (2,9%).
“El argumento de que la inflación se aceleró por los aumentos de la categoría de productos de alimentos y bebidas pierde sentido, ya que existen otras divisiones cuyos precios crecen por encima del índice IAB y del índice General”, dijo Funes de Rioja.
En contraste, Roberto Feletti expresó tras la reunión de ayer con los empresarios que no le parecía un esfuerzo tan grande para las empresas acordar por 90 días y que la medida no afectaría su rentabilidad porque ganarían por cantidad en vez de por precio.
“Hay vocación de acuerdo, pero firmeza en la necesidad de concretarlo porque la aceleración de los precios de la canasta básica es un tema que preocupa sumamente al Gobierno Nacional. Entre el 1° y el 18 de octubre, la canasta del supermercado aumentó 2,2%, con productos que registraron aumentos de entre 10% y 25%”, señaló el secretario de Comercio Interior.
Además, el funcionario dijo: “Estamos dispuestos a recibir propuestas, vamos a continuar el diálogo durante estos 90 días para revisar lo que sea necesario, pero necesitamos parar la pelota”.
Las compañías de alimentos, bebidas e higiene tenían tiempo hasta hoy por el mediodía para enviar sus listas con precios vigentes al 1 de octubre pasado. En los últimos encuentros y cruces, se quejaron por una cantidad inicial que consideraban excesiva (1247). Pero en vez de ceder, Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, redobló la apuesta y sumó 403 más. La canasta ahora estaría compuesta por 1650 productos.
El presidente de la Copal fue contundente sobre la actitud del Gobierno frente a las empresas. “Frente a la amenaza de la aplicación de la Ley de Abastecimiento y las manifestaciones sobre codicia, hay que reconocer que la industria no es la causa sino que sufre sus consecuencias”, expresó.
La norma mencionada por Funes de Rioja data de 1974. La “ley de abastecimiento y represión del agro”, como se la llamó hace 47 años, originalmente autorizaba a funcionarios a establecer precios máximos y márgenes de utilidad; allanar comercios o empresas, pudiendo requerir apoyo policial; a secuestrar documentación; intervenir mercadería en infracción; clausurar establecimientos y a detener preventivamente a presuntos responsables de las infracciones. En 2014, se reformaron algunos puntos de la ley aunque se incorporaron nuevas herramientas con las que el poder ejecutivo podría controlar los precios y el abastecimiento de productos.
Por Camila Dolabjian
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