Precios justos, dispares, inciertos e incomprensibles

Sólo en el terreno del absurdo podría entenderse que los decimales sean el eje del discurso del Gobierno sobre la inflación mensual y se celebre que a nivel interanual no haya alcanzado los tres dígitos porque en 2022 cerró apenas 5 puntos más abajo (94,8%), en buena medida por el freno de los precios de la carne debido a la sequía.

Este “objetivo cumplido” por el ministro de Economía –en palabras de la inefable vocera presidencial– deja de lado que el índice de precios al consumidor batió el récord de los últimos 32 años y resultó el quinto más alto en el mundo (detrás de Venezuela, Líbano, Siria y Sudán), mientras las proyecciones privadas para 2023 lo ubican en 98,4% según la última encuesta de expectativas (REM) del Banco Central.

Con estas sobreactuaciones, a las que seguramente se sumarán otras durante el año electoral, el marketing político hace aparecer al Gobierno más alejado de la realidad frente al principal drama económico y social de la Argentina.

Quizá los mensajes oficiales de “menor inflación” busquen aprovechar el clima creado por el boom en los principales centros turísticos del país –que ciertamente abarca a una proporción minoritaria de la población– e inyectar algo de optimismo tras la transitoria mejora de ingresos que significó el medio aguinaldo de diciembre para menos de la mitad del total de trabajadores; o los refuerzos de suma fija otorgados a jubilados con haberes mínimos y a un porcentaje mucho menor de asalariados formales e informales, que equivalen a un par de compras semanales en supermercados.

Pero alguien debería explicar sensatamente cuál sería la diferencia entre 95 y 100% de inflación anual en la vida cotidiana de la gran mayoría de argentinos, que consumen lo que pueden y no lo que necesitan en medio de una enorme disparidad de precios, incluso para un mismo producto o servicio privado. En el IPC de diciembre abundan los rubros con alzas interanuales de tres dígitos (ropa y calzado; frutas, verduras y hortalizas; pan y cereales; lácteos y huevos; azúcar, chocolates y golosinas; bebidas alcohólicas; servicios de mantenimiento; medicina prepaga; restaurantes y hoteles y cuidado personal).

Una inflación de esta magnitud provoca estragos sobre los ingresos de la población. Un informe de la Fundación Capital revela que el 18% de los asalariados formales están por debajo de la línea de pobreza y esa proporción se eleva al 45% en los informales. A su vez, otro del Iaraf calcula que en los últimos 5 años las jubilaciones mínimas perdieron 6,7 haberes, equivalentes a $452.000 a valores de diciembre.

De ahí que unos y otros se aterran cuando deben realizar alguna compra no habitual, ya sea para reparar o reemplazar artefactos para el hogar, electrónicos, instalaciones sanitarias o piezas y neumáticos de vehículos. Aun así, con una brecha cambiaria otra vez en 100%, la Argentina sigue siendo en general un país barato para los viajeros extranjeros si se calculan los precios al dólar blue o MEP (excepto en ropa y calzado), aunque resulten caros para los asalariados con pesos devaluados. Una prueba es que, en noviembre, el mayor ingreso de turistas provino de países limítrofes como Uruguay (19,6%), Chile (17,2%) y Brasil (16,4%), con estadías cortas que sugieren tours de compras.

Más por necesidad que por virtud –ante las limitaciones políticas impuestas por el kirchnerismo para diseñar un plan macroeconómico consistente– Massa también redobló su apuesta para extender el programa Precios Justos. A menos de dos meses de su debut en noviembre y su integración con el de Precios Cuidados, la canasta de unos 3000 productos tuvo un ajuste inicial de 4% en los precios, que deben mantenerse sin variantes por 120 días (aunque la resolución oficial establece como tope el 28 de febrero), para retomar luego un ritmo de 4% mensual. Durante ese lapso, las firmas que adhirieron podrían aplicar el mismo porcentaje de aumento a los productos no incluidos en el listado

En teoría, no se trata de controles sino de acuerdos “voluntarios” con empresas fabricantes y grandes cadenas de supermercados minoristas y mayoristas, a cambio de la promesa oficial de entregarles dólares al tipo de cambio oficial para la importación de insumos. En realidad, el objetivo es operar de manera indirecta para desacelerar el ritmo de aumento de los productos industrializados de consumo masivo que tienen mayor impacto en las canastas básicas que determinan las líneas de pobreza e indigencia.

Pero en la práctica su alcance es limitado por varias razones. Una es que los precios sujetos a acuerdos representan el 30% del consumo masivo y dejan afuera a los pequeños autoservicios y comercios de cercanía, donde las diferencias de precios suelen superar el 100%. Otra es que no hay dólares para todas las empresas que necesitan importar y los plazos del SIRA se van extendiendo.

El anuncio de Massa de extender el programa por otros cuatro meses (hasta julio) también divide aguas en el sector empresario. Algunas firmas lo consideraron previsible ante la campaña electoral y otras aseguran haberse enterado por los diarios. Unas y otras coinciden en que todavía no hubo conversaciones. Tampoco cuentan con referencias de precios de insumos (plástico, cartón, papel, vidrio, etc,), ya que el Ministerio de Economía aprobó a fin de diciembre un modelo de acuerdo con los fabricantes que todavía no fue suscripto. Esa resolución incluye un artículo que prevé extender todo el programa hasta fin de 2023, en tramos.

Uno de los problemas a resolver se presenta en alimentos básicos elaborados con cereales y oleaginosas, que en 2022 recibieron subsidios de fideicomisos financiados por el sector exportador de granos. En el caso de la harina de trigo, habría un remanente de recaudación de retenciones del año anterior que permitiría cubrir el fondo de estabilización del trigo (FETA) hasta julio. También Economía habría decidido destinar 2 puntos de la recaudación de retenciones del complejo sojero (sin incrementarlas) para completar el resto del año. En cuanto al fideicomiso aceitero, se está analizando su puesta en marcha entre febrero y octubre. No obstante, el tema es más complejo porque la sequía se traducirá en menos rindes, contratos de exportación y recaudación, mientras el Gobierno no ha logrado contener los márgenes de mayoristas y distribuidores, con lo cual perjudica el precio a los productores.

No menos complejo es para los usuarios de medicina prepaga cumplir con la obligación de presentar declaraciones juradas de ingresos familiares para acceder a un descuento de 50% en las cuotas que aumentarán 9,8% en febrero. Ni para los fumadores conseguir cigarrillos al precio oficial (que publica la AFIP), tras el ajuste de 13% que rige este mes y que la mayoría de los kioscos y estaciones de servicio eleva a casi el doble.

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