Por una omisión del Gobierno, se desata una pelea entre las empresas, las obras sociales y las ART por la cobertura del coronavirus en los trabajadores

Hasta el 31 de diciembre del año pasado regía un decreto (el 413/21) que incluía el coronavirus como una enfermedad de carácter profesional -no listada- para la totalidad de los trabajadores dependientes. La presunción indicaba que los contagios tenían, sin necesidad de probarlo, carácter laboral. En consecuencia, las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) debían dar cobertura a las empresas frente al contagio del personal de todos los ámbitos y rubros.

Hace siete días, en pleno pico de contagios, las empresas entraron en alerta porque el Gobierno no renovó la medida, lo que significa que los empleadores deberán cubrir la totalidad de días que dure la enfermedad y no sólo 10, como ocurrió durante todo 2021. Los únicos que están amparados por las ART actualmente son los profesionales de la salud y el personal de seguridad, debido a una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que entiende como inherente al desempeño laboral el contagio de esos trabajadores.

“Con este nivel de casos, las empresas no van a poder soportarlo. Vamos a tener que cubrir todos los aislamientos y no hay más ayudas como ATP, bajas en las cargas sociales o de aportes patronales. Es una carga enorme en un momento en el que recién comenzamos a recuperarnos”, dijo Raúl Zylbersztein, secretario General de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA).

Las ART, además, proveían el seguimiento médico, los medicamentos, las internaciones, hospitalizaciones y estadías en hoteles por coronavirus de los empleados. A partir de ahora, esa responsabilidad estará a cargo de las obras sociales y las prepagas.

“Respecto del resto de trabajadoras y trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557 -frente al cambio de la coyuntura sanitaria producto de la implementación exitosa del programa de vacunas que llevó a desestresar el nivel de enfermos graves y desocupar sustancialmente las UTI- la presunción extraordinaria prevista por el régimen normativo mencionado debió finalizar el 31 de diciembre de 2021″, comentaron en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

En el sector de seguros argumentan que la medida tenía una vida útil y que la ola de contagios implica una imposibilidad de presumir que la enfermedad ocurrió en el ámbito laboral. Si la persona lo puede demostrar, este o su empleador deben presentarse ante las comisiones médicas para que la ART lo cubra.

“En rigor, el Covid nunca fue una enfermedad profesional. En el medio de la emergencia, las ART respondieron como el decreto indicaba. El sistema de riesgos del trabajo no fue pensado para atender una pandemia, sino enfermedades típicas del mundo laboral. Ante la emergencia se recurrió al sistema y se habilitó un fondo (Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales) para cubrir los gastos, y fue insuficiente. Después, con distintos mecanismos se aumentaron los montos”, comentó una fuente del sector.

Existieron tres etapas de atención. Durante todo 2020 las ART cubrieron a los empleados que progresivamente eran declarados como esenciales por parte del Gobierno y debían salir de sus casas para trabajar. En 2021, esa declaración se extendió a todos.

Hoy los servicios deben prestarlos las obras sociales, aunque los especialistas apuntan a que la carga es inferior porque los casos graves bajaron y la mayoría sólo requieren de mínimos analgésicos para dolores. Sin embargo, los pacientes de riesgo continúan necesitando seguimientos de control.

El descontento crece por la preocupación de las empresas ante en nivel de ausentismo por enfermedad o contacto estrecho. El tiempo no trabajado por un aislamiento preventivo, ante una sospecha de coronavirus, nunca estuvo cubierto por las ART. La caída en la productividad que alertan las empresas generaría más presión sobre las cargas de salarios que afrontan los empleadores.

En algunos rubros, la no cobertura impacta más fuertemente. En particular, en transporte de cargas los empleadores deben recurrir a opciones alternativas de cobertura para que los choferes puedan salir y entrar del país. Se trata de 40.000 camiones que transitan entre los países limítrofes por día, en promedio.

“Si pasan al exterior, no los van a dejar entrar si no tienen algo alternativo como un Assit Card, a cargo de la empresa. Si contrae el Covid, cuando sale se va a tener que quedar ahí sin cobertura medica, si no cuenta con un seguro tipo turista”, explicó Roberto Rivero, director ejecutivo de FADEEAC, a LA NACION.

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