¿Por qué les prestamos atención a las barbaridades?
En la Argentina se pierde tiempo en analizar iniciativas económicas que en un país normal solo generarían risa
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En 1946, en Estados Unidos se aprobó la ley de empleo, que entre otras cosas creó el Consejo de Asesores Económicos del presidente de ese país. Es una consultora muy peculiar porque tiene un solo cliente. Cuando alguien analizó su accionar, al cumplirse el primer medio siglo de existencia, puntualizó que la principal tarea del Consejo consiste en elaborar memos en menos de cinco horas, porque “en Washington, en cinco horas, una estupidez que escucha el Presidente se puede convertir en un proyecto de ley”.
La anécdota viene a cuento a raíz de la propuesta de crear una Empresa Nacional de Alimentos para abaratar los precios de dichos productos. Dicha empresa: ¿producirá alimentos o los comprará a productores privados y los venderá a menor precio que los almacenes y los supermercados? ¿Esto último será posible porque los funcionarios serán más eficientes que los empresarios o porque el canal oficial no pagará impuestos ni estará sujeto a regulaciones? El economista norteamericano Larry Sjaastad diferenciaba el comportamiento de las empresas privadas y públicas señalando irónicamente que las primeras son las que controla el Estado, mientras que las segundas son las que no controla nadie.
En la Argentina, al menos, pretender solucionar problemas creando una empresa estatal no resiste el menor análisis. El medio siglo que transcurrió entre las estatizaciones dispuestas por Juan Domingo Perón y las privatizaciones realizadas por Carlos Saúl Menem constituyen una experiencia muy costosa, que no deberíamos ignorar. No caigamos en la trampa de utilizar tiempo y energías en discutir la cuestión como si viviéramos en Suiza o en Francia.
¿Por qué me ocupo de esto? Porque es una nueva manifestación de la desintegración con la que hoy se plantean iniciativas económicas. Otros ejemplos: cobrar 3% a los alimentos envasados para financiar la lucha contra el deterioro del ambiente; revaluar el precio de los inmuebles para el pago del impuesto a los bienes personales sin modificar alícuotas; gravar las viviendas vacías; seguir cobrando el impuesto a las grandes fortunas, etc.
No cabe esperar otra cosa dada la debilidad política del Poder Ejecutivo, su falta de credibilidad y la ausencia de un verdadero equipo económico. Por eso, iniciativas como la que inspiraron estas líneas, que en un país normal sólo generarían risas, en el nuestro hoy generan preocupación.
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