Por los altos precios de los alimentos, el Gobierno investigará a varias empresas

Que la inflación no logre perforar el piso de 3% mensual desde septiembre del año pasado pese a tener anclados el dólar y las tarifas puede tener una explicación más banal que una desordenada macroeconomía o la incertidumbre con la que conviven los actores económicos sin un horizonte claro. Por lo menos para el Gobierno.

La Secretaría de Comercio Interior, que conduce Paula Español lo puso en ejemplos cotidianos: el vidrio es un 30% del costo del vino, y una lata el 30% del costo de las conservas como, por ejemplo, el tomate; además, el envoltorio del arroz impacta el 3% en el precio, precisó ayer la funcionaria.

Con la preocupación por los precios de los alimentos y las cada vez más cercanas elecciones como contexto, Comercio Interior instruyó hoy a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) a abrir una investigación para indagar sobre posibles conductas anticompetitivas y abuso de posición dominante en sectores proveedores de insumos para la fabricación de alimentos, bebidas, elementos de perfumería, higiene personal y limpieza del hogar.

El comunicado oficial mencionó al aluminio, cartón, vidrio y tetrabrik. En esos rubros coexisten varias empresas de las más grandes del país como Aluar, Cartocor (Arcor), Dow, Tetra Pak, o Rigolleau, entre otras, que, según pudo verificar LA NACION, no habían sido notificados aún de esta decisión.

Curiosamente, el avance del Gobierno se da luego de que la Secretaría fallara, por ahora, en su intención de lograr un acuerdo de precios durante el período electoral con el sector de insumos difundidos similar al que consiguió con la industria electrónica y de electrodomésticos de Tierra del Fuego. Con la intención de controlar los precios en el sector de insumos difundidos, en lo único en lo que avanzó es en establecer precios de referencia para varios productos.

“No vamos a comunicar nada al respecto”, dijeron en Tetra Pak. En otras compañías con las que habló LA NACION también prefirieron el bajo perfil. “Creo que esto viene de la frustración oficial que fue el no haber logrado la meta del 29% [la establecida por Martín Guzmán en el presupuesto 2021]. Me parece que el Gobierno debería volver a reeditar las mesas de díalogo para tratar de trabajar en amortiguar el problema de los precios y en buscar una solución definitiva”, esgrimió un empresario industrial.

Tanto el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, como Español prometieron encarar el aumento de costos de los insumos de la industria alimenticia, sobre todo, cuando las empresas no podían trasladar a la góndola los mismos debido a los Precios Máximos, que hoy no existen –más allá de los permisos informales que se requieren desde la Secretaría–. Justamente, hoy Español recibirá a una tanda de empresarios de la alimentación para debatir el tema.

La canasta básica alimentaria aumentó 58,3% en la medición interanual en julio, según los datos del Indec. En el mismo período, la inflación subió 51,8%. En el mes aumentó 2,1%, la menor alza registrado en doce meses y por abajo de la suba de precios de 3% del mes.

Cerca de las elecciones, el oficialismo volvió a virar en su discurso y a poner nuevamente al empresariado en el centro de la escena a la hora de hablar de precios. Semanas atrás, el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuestionó a hombres y mujeres de negocios. Dijo en una universidad que les faltó “conducción y alineación”.

“Durante los últimos meses, desde la Secretaría de Comercio Interior se ha monitoreado el comportamiento de los costos de diversos bienes de consumo masivo producidos en el país. Asimismo, en reiteradas reuniones, autoridades de las principales empresas productoras de alimentos han mencionado que el aumento de precios de sus proveedores de insumos básicos como aluminio, cartón, vidrio y tetrabrik, fundamentales en el proceso productivo, ha generado un incremento en los valores finales de sus productos de comercialización”, informó la cartera que conduce Español, que precisó que se basará en el artículo 28, inciso f) de la Ley de Defensa de la Competencia (N° 27.442).

“Estas variaciones en los costos de las empresas proveedoras de alimentos y bienes de consumo masivo, no se corresponderían con ninguna variación de los índices de precios”, cerró.

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