Por la sequía, el Fondo aceptó flexibilizar el programa, pero pidió “políticas más sólidas”

WASHINGTON.- El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron un nuevo acuerdo que flexibiliza las metas del programa económico implementado hace apenas un año, una profunda recalibración forzada por la continua fragilidad de la economía y la fuerte sequía que golpeó a la cosecha del campo. El nuevo acuerdo, que todavía debe ser aprobado por el board del FMI, abre el camino para recibir un nuevo giro por unos US$5300 millones en las próximas semanas.

Aunque el Fondo aceptó –sin mucho más remedio– evaluar el pedido del Gobierno para aliviar la meta de reservas para este año, tal como habían anticipado fuentes oficiales, dijo también que es necesario “políticas más sólidas”, y subrayó que se reafirmaron las metas fiscales y el esquema pactado para la suba de tarifas previstas para bajar la cuenta de subsidios energéticos, la principal variable de ajuste del déficit de las cuentas públicas. El Fondo también reconoció que las presiones inflacionarias “han repuntado” en los últimos meses.

“Ante un contexto económico más desafiante, en particular por la sequía cada vez más grave, se necesitan medidas de políticas más sólidas para salvaguardar la estabilidad, abordar la inflación creciente y los reveses de política, y mantener el papel de ancla del programa″, dijeron en un comunicado Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, y Ashvin Ahuja, el nuevo jefe de misión para la Argentina. “En este contexto, se solicitan revisiones de los objetivos de reservas para 2023″, agregaron.

Cubeddu y Ahuja remarcaron que el nuevo entendimiento, que surge de la cuarta auditoría del programa vigente con el Fondo, permitió “llegar a acuerdos sobre un sólido paquete de políticas para abordar de manera duradera los desequilibrios macroeconómicos y limitar las vulnerabilidades futuras”, sin dar más detalles. Tal como ha hecho el Fondo con anterioridad, ambos funcionarios dejaron un mensaje en contra de medidas como el dólar “soja” o el dólar “Malbec”, que, pese a su disconformidad, el Fondo ya avaló.

“Las medidas cambiarias temporales no deben ser un sustituto de una política macroeconómica sólida”, afirmaron ambos funcionarios.

Y los funcionarios dejaron entrever cierto malestar con la “imprevista” moratoria previsional: “Se tomarán medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria previsional para asegurar los objetivos fiscales para este año y más allá”, señalaron.

Una vez que sea aprobado por el board del Fondo, el nuevo acuerdo con el Fondo liberará US$5300 millones y le brindará al Gobierno una bocanada de oxígeno para intentar llevar la economía hasta las elecciones presidenciales y el fin del mandato de Alberto Fernández, alejando el riesgo de una suspensión de los desembolsos previstos para el resto del año, cruciales para sostener las reservas y cumplir con los pagos de la deuda, incluidos los pagos al Fondo.

Pero la economía argentina continuará sufriendo la escasez de dólares, agravada este año por la fuerte sequía que le propinó un duro golpe a la cosecha del campo, una de las principales fuentes de divisas de la Argentina.

Apuntalado por la docilidad del FMI para acomodar sus exigencias a las limitaciones de la Argentina, el equipo de Massa terminó de delinear la nueva flexibilización del programa económico con el staff en una negociación que recorrió varias latitudes, y se alargó en la recta final: primero un equipo técnico del Fondo viajó a Buenos Aires y, luego, una misión del Gobierno llegó a Washington para pulir los detalles del acuerdo técnico y preparar los documentos que serán elevados al board del FMI, que dará su aprobación definitiva, se prevé, a fines de este mes.

En la reunión del G20 en Bengaluru, India, Massa perfiló el acuerdo con la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, y la número dos, Gita Gopinath, ahora más involucrada con la Argentina, y con quien Massa tejió buena sintonía. El Ministerio de Economía dijo que hubo más de 140 horas de reuniones por Zoom.

Pese a que el Fondo y el Gobierno dijeron que las metas se mantendrían, y tildaron al acuerdo original de “realista y creíble”, el programa ya se modificó tres veces. Esta última revisión, correspondiente a la cuarta auditoría trimestral del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según sus siglas en inglés) firmado hace un año, fue la más profunda, y se concentró en uno de los flancos más débiles del plan económico: la fragilidad de las reservas del Banco Central, que mantienen latente la amenaza de una devaluación aguda. Para muchos economistas, la nueva modificación sólo compra tiempo y vuelve a golpear la credibilidad del plan, aunque reafirma la predisposición del Fondo para acomodarse a la coyuntura económica y política del país.

El principal cambio fue la meta de reservas. El Gobierno debía sumar US$9800 millones a las reservas netas del Banco Central en 2022 y 2023, un objetivo inalcanzable por la sequía. Esa meta se dividía, originalmente, en US$5800 millones el año anterior y US$4000 millones este año. Para cumplir con ese objetivo, Massa y su equipo diseñaron el dólar soja, una medida que el Fondo aceptó a regañadientes sólo porque se trataba de una herramienta excepcional. Pero el éxito del dólar soja requiere, sí o sí, que haya soja para vender. El golpe que le impuso la sequía al campo –paradójicamente, el mismo fenómeno que descarriló el programa de Mauricio Macri a principios de 2018– forzó al Gobierno y al Fondo a recalcular, otra vez.

El FMI no indicó cuál será la nueva meta, pero fuentes oficiales afirmaron que la meta de acumulación se reduce en más de US$2000 millones para este año.

Con el nuevo acuerdo, el Gobierno logra despejar el horizonte al menos hasta las primarias presidenciales. La próxima revisión del Fondo, que auditará las metas del primer trimestre, está prevista para junio.

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