Por consumo, ingreso o localización geográfica: cómo conviene focalizar los subsidios

La crítica que más se le hace al kirchnerismo en materia tarifaria es que el esquema actual de subsidios alcanza a familias que no lo necesitan. El mismo ministro de Economía, Martín Guzmán, lo dijo de manera directa el año pasado, luego de que no pudiera despedir al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, de relación cercana con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Hoy tenemos un sistema de subsidios energéticos que es pro-ricos. En un país con un 57% de pobreza infantil estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y de gas a una parte de nuestra población que hoy no es prioritario que reciba ese subsidio; barrios en donde vive gente de altos ingresos”, dijo el funcionario, quien adelantó que busca reducir las transferencias a la energía de 2,4% del PBI en 2021 a 1,7% este año.

Fernando Navajas, economista jefe de FIEL y especialista en temas energéticos, explica los tres esquemas de segmentación tarifaria más comunes que aplican los otros países de la región. “El primer método es hacer un subsidio en función de los que más lo necesitan, según las características del hogar. Sobre el precio de la tarifa, se da una suma fija para gastar. Este esquema lo utilizan Chile y Brasil”, indica.

“El segundo esquema es muy raro de ver, pero algunos países lo tienen, e incluye segmentar según la localización geográfica y hacer como hacemos acá con la tarifa de agua, donde no hay medidores, sino que se cobra según los metros cuadrados de la casa. Se toma en cuenta en qué barrio vivís y la calidad de la zona. Este modelo lo utiliza Colombia”, dice.

Finalmente, dice: “El tercer modelo es el que se aplica en la Argentina, que consiste en segmentar por cantidades de consumo. Por eso en las tarifas vemos cargos fijos y cargos variables. Es un esquema bastante malo, porque presupone que los niveles de consumo están correlacionados con los ingresos, cuando no es así. No se tiene en cuenta cuántos habitantes hay en un hogar ni la eficiencia energética. Por ejemplo, un hogar de clase media baja del conurbano que vive en una casa con electrodomésticos ineficientes tiene un nivel de consumo de electricidad muchísimo mayor total y per cápita que el que vive en una torre de Puerto Madero”.

Entre los analistas energéticos no hay dudas de que el mejor método para segmentar y asignar recursos es el de aplicar una tarifa social, con un tope máximo fijo, para desincentivar un consumo ilimitado.

“Sería más simple y efectivo incrementar todas las tarifas y otorgar un ‘Plan EnergizAR’, con una tarjeta que posea el equivalente monetario a una cantidad de kW/h y metros cúbicos de gas por mes, para entregar a quienes el Gobierno considera susceptibles de requerir la ayuda por razones socioeconómicas”, propone Daniel Gerold, director de G&G Energy Consultants.

Santiago Urbiztondo, otro economista especializado en energía de la fundación FIEL, indica que “todos en el país deberían pagar el precio que cuesta la electricidad y focalizar los subsidios en aquellos que no pueden pagarla, como fue entre 2016 y 2019. Generalmente, entre el 25% y 30% de la población recibió subsidios. La mejor forma de subsidiarlos es estableciendo que hasta tanto consumo de kilovatios-hora se paga menos la electricidad y ya después el costo pleno, para que no distorsionen sus decisiones de demanda”, analizó Urbiztondo.

Durante el mandato de Macri, se intentó avanzar con la implementación de la tarifa social, pero el aumento de precios impactó de lleno también en la clase media y la asistencia del Estado no alcanzó. Juan José Aranguren, exministro de Energía durante ese gobierno, dice que es fundamental establecer un período en el que se aporte ayuda, pero dice que debería ser “un subsidio explícito” y que en la boleta debería decir cuánto cuesta la energía. “Y que quien necesite un apoyo, lo reciba de manera externa a la factura, para que no se cree la ilusión de que la energía no vale”, añade.

“De lo contrario, se dan señales contradictorias y se permite que se consuma más. Si tenemos precios artificialmente bajos, incentivamos que haya más contaminación. La energía cuesta y tiene un impacto en el cambio climático, sobre todo si es fósil”, indica Aranguren, actual director de Energy Consilium.

El exministro también hace hincapié en la desigualdad que hay con la conectividad a la red de gas: según el Indec, el 34% de los hogares no tiene acceso, mientras que cuando se analiza solo el conjunto de los hogares pobres, la mitad no accede a la red y consume con garrafas. Sin embargo, todos ayudan a subsidiar a los que sí tienen acceso con el impuesto inflacionario.

“No todas las personas o provincias están conectadas a la red de gas natural. Si no establezco el precio real y pongo uno artificial, los que no están conectando también subsidian a los que están conectados. Es discriminatorio, porque subsidian a los más ricos que sí pudieron conectarse”, concluye.

Proyecto de La Cámpora

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que está intervenido por Soledad Manín, quien responde a Basualdo, presentó un plan de segmentación basado en el valor inmobiliario de los usuarios, que fue realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) a través del Conicet, y está focalizado en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En el organismo habían señalado que se le quitaría el subsidio a aquellos residentes de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) que vivan en una propiedad cuyo metro cuadro tenga un valor igual o superior a los US$3700. En el Gran Buenos Aires (GBA), la idea es aplicar una fórmula compuesta con base al valor del terreno. Según el criterio elegido, pagarán la tarifa plena las parcelas cuyo valor es cuatro veces superior al promedio de la zona. Actualmente, los usuarios residenciales pagan solo el 35% de lo que cuesta la generación eléctrica. El resto es cubierto por el Tesoro.

Con los datos obtenidos en la implementación de la metodología de localización geográfica, se identificaron alrededor de 487.000 usuarios residenciales del AMBA que dejaran de tener subsidios, según el documento del ENRE. Esto representa el 10% del total de residenciales de esta jurisdicción.

Víctor Bronstein, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys), indicó que, con esta segmentación, el Estado se ahorraría $10.000 millones (US$95 millones) y estimó que los subsidios a la energía bajarían 7% a partir de entonces, aunque señaló que este cálculo podría variar si se mantienen altos los precios del gas natural licuado (se espera un precio de US$23 por millón de BTU, cuando el año pasado se importó a US$8,5).

El ingeniero en petróleo, un economista cercano a la agrupación kirchnerista, indicó además que “el descenso de los subsidios tiene que ser de manera gradual” y dijo que esta segmentación que se diseñó “basada en el criterio del sentido común” es un primer paso de la segmentación hasta avanzar al resto de los usuarios.

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