Por carta, Edenor, la empresa de Vila y Manzano, le reclama al Gobierno que le mejore los ingresos

Mientras el Gobierno avanza con la segmentación de tarifas para reducir el gasto en subsidios energéticos, las empresas Edenor y Edesur también piden recomponer sus ingresos para dejar de financiarse con el Estado. En dos cartas que cada una le envió al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), señalaron que en los últimos tres años sus tarifas aumentaron 31,5%, pero los costos subieron 321%, y advirtieron sobre “la calidad y continuidad del servicio público”.

Los únicos dos incrementos que tuvieron las compañías desde que asumió Alberto Fernández fueron en 2021, de 20,9%, y en mayo pasado, de 8%. Para cubrir el aumento de sus costos, las empresas se endeudaron con Cammesa, la compañía con control estatal encargada de los despachos de energía eléctrica. Al 15 de septiembre pasado, Edenor registraba una deuda de $112.076 millones y Edesur, de $116.138 millones.

Esas deudas las cubre el Tesoro nacional con transferencias y genera una situación desigual con el resto del país, ya que pese a que hay otras distribuidoras que también se financian con Cammesa, ninguna lo hace en igual magnitud que Edenor y Edesur.

Edenor -la empresa que controla el grupo de Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti- envió una misiva al ente el 23 de septiembre pasado con la referencia “Impacto financiero y contable del incremento del costo de la energía dispuesto por el ENRE”. Allí, indica que el ente regulador debe reconocer costos que la empresa “no puede controlar”, como el “aumento inflacionario”, y dijo que los únicos dos aumentos que se dieron en los últimos tres años fueron “de manera parcial e insuficiente”.

En la misma línea señala que, según sus cálculos, por aumentos no reconocidos en los últimos años, Edenor dejó de recibir $132.739 millones, actualizado por intereses, casi la misma cantidad que la distribuidora le debe a Cammesa.

“Edenor ha solicitado y explicado en reiteradas oportunidades la necesidad -para no afectar la calidad y continuidad del servicio público comprometido- de readecuar el CPD [Costo Propio de Distribución], el que evidencia un atraso significativo atento la ausencia de un reajuste que se corresponda con el incremento general de precios (y, por tanto, de costos) existente en los últimos años”, dice la carta.

Según explicita, la estructura de costos de la distribuidora se compone de:

i) Un 37% por salarios al personal propio que ajustan por los incrementos que se acuerden con el sindicato de Luz y Fuerza.

ii) Un 37% para materiales, contratistas y servicios: los cuales ajustan por pautas de inflación, salarios y en menor medida por el precio del dólar

iii) El 26% restante corresponde inversiones que ajustan por inflación, salarios y el precio del dólar para los productos importados y que rigen por precios internacionales, como por ejemplo el cobre.

Edesur, por su parte, la empresa controlada por el grupo italiano Enel, envió una misiva el pasado 13 de octubre, en la cual “solicita reajuste urgente del costo propio de distribución (CPD) (actual y postergado) a fin de hacer cesar el detrimento patrimonial de la distribuidora e interrumpir licuación de ingresos reales para la operación normal del servicio público”.

En la carta, la distribuidora advierte que el “escenario existente en materia tarifaria no se ha correspondido con las premisas legales que indican que la Distribuidora debe recibir una tarifa justa y razonable que permita obtener fondos suficientes para solventar los costos operativos razonables del servicio, impuestos, amortizaciones (art. 40 de la Ley Nº 24.065), y una tasa de rentabilidad similar a la de otras actividades de riesgo similar”.

Asimismo, también señala que los valores por reconocerse por incrementos no otorgados en los últimos tres años asciende a $110.204 millones, similar también a la deuda que tiene la empresa con Cammesa.

En el proyecto de Presupuesto 2023, que tuvo media sanción en Diputados, se aprobó en el artículo 89 que “se establece un plazo no mayor a noventa (90) días para realizar las revisiones tarifarias integrales correspondientes a las empresas distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires”.

En estos tres meses, desde que sale publicada la ley (falta que se trate en el Senado), el ENRE deberá autorizar nuevos aumentos en las tarifas de electricidad, no solo para avanzar con la segmentación tarifaria y reducir los subsidios energéticos, sino también para recomponer los ingresos de las distribuidoras, de manera que puedan entrar en un plan de pagos de 96 meses con Cammesa para regularizar sus deudas.

Las facturas de electricidad reflejan el costo de tres servicios: el de generar electricidad, el transporte para que llegue a los centros de consumo y el de la distribución en cada hogar. De esos tres componentes, el Estado Nación subsidia de manera directa la generación eléctrica, que busca reducir las transferencias a través de la segmentación.

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