IFE y política social: qué hacer con los subsidios a hogares en la pospandemia

Problemas de vieja data que se agravan. Los efectos que dejarán la pandemia y la cuarentena en la realidad social de la Argentina tendrán sus síntomas en mayores índices de pobreza e indigencia y, muy probablemente, también en la profundización de déficits como el del acceso al mundo laboral formal o el de la terminalidad educativa. A la par de esas consecuencias, se va ampliando el desequilibrio fiscal (el déficit primario treparía a 8% del PBI este año) en gran medida por las acciones tomadas para contener el derrumbe de la actividad y de los ingresos en muchos hogares.

¿Qué hacer con la política de derivación directa de recursos estatales a familias, en el escenario que marque la pospandemia? En la actual situación, la asignación de fondos por fuera de los programas que ya existían se está dando a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de $10.000, que en la práctica se les paga cada dos meses a unas 8,9 millones de personas anotadas en los primeros tiempos del aislamiento obligatorio (la inscripción luego se cerró).

Más allá de que se haya puesto en debate la posible transformación de ese plan en una nueva modalidad de subsidio que quede instalada tras la pandemia, lo cierto que el universo del IFE no permite saber, al menos a simple vista, cuáles serán los problemas sociales y laborales por fuera del marco de la emergencia actual. Entre quienes lo cobran hay distintas situaciones de base, en cuanto a la situación laboral y, más allá de eso, hay también diferencias respecto de la posibilidad y del momento en que podría recuperarse algún nivel de actividad, en el caso de quienes estaban trabajando en los meses previos.

De los beneficiarios de ese ingreso, seis de cada diez son trabajadores de la economía informal, desocupados o inactivos (no trabajan ni buscan hacerlo). La incidencia de los inactivos es mayor en provincias donde hay bajas tasas de población económicamente activa y de empleo, como ocurre en Formosa o en Santiago del Estero, donde el IFE alcanza al 44,2% y al 48,9%, respectivamente, de la población de entre 18 y 65 años, y al 80,1% y 71% de la población activa, según un informe elaborado por la Anses.

"Todavía no hay definido", señala el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, respecto de qué pasará con el programa de ingresos en el futuro. Su idea de la política social para el futuro es que esté regida por tres ejes: el actual plan Potenciar Trabajo, que tiene 540.000 beneficiarios que perciben $8500 mensuales; un programa de ingreso de base (que se diferenciaría por tener contraprestaciones que podrían ser de terminalidad educativa en lugar de ser específicamente laborales) y las tareas de urbanización de 4000 barrios populares en el país.

Aun cuando tenga lugar un proceso de recuperación, o al menos un rebote, tras la fuerte caída de la actividad económica, es esperable que haya necesidad de subir el piso de protección social, según advierte el sociólogo Agustín Salvia, coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). El plan que se disponga para eso, agrega, debería ser puesto en clave transitoria. "Los programas como la AUH, el Progresar o las pensiones no contributivas deben continuar, pero el IFE y el Alimentar deberán ajustarse según los niveles de desempleo y pobreza", señala.

La medida de la eficiencia de los planes debería ser, en todo caso, la tasa de salida por parte de quienes los cobran. Para Salvia, un giro esencial sería dejar de pensar en "cómo dotar de ingresos a consumidores pobres", para empezar a pensar en "cómo dotar de empleo y trabajo con una remuneración constitucional y con derechos a las poblaciones inactivas, desocupadas o informales pobres".

La alta inactividad laboral en algunos lugares tienen que ver con la carencia de oportunidades. No hay dónde buscar empleo y falta impulsar herramientas materiales y cognitivas para que haya emprendimientos.

En que el criterio para evaluar positivamente un plan social tiene que ser la caída progresiva de la cantidad de personas alcanzadas es algo en lo que coincide Juan Luis Bour, economista jefe FIEL. Al pensar en pagos para desocupados, "la primera pregunta que hay que hacerse es cuál es el incentivo al empleo", agrega. Y dice que no hay que confundir una medida temporaria tomada en una emergencia con la instalación de un ingreso universal para el después. "En condiciones normales habrá que bajar el déficit fiscal", advierte. En todo caso, insiste, en los pagos sociales habría que plantearse cómo generar incentivos al salto hacia el empleo formal. Cita, como experiencias de otros países, la obligatoriedad para quienes reciben subsidios de presentarse a entrevistas de empleo a las que se los convoca, y el derecho a rechazar solo una cierta cantidad de propuestas.

"Hay tres ejes fundamentales para la agenda poscovid: acordar el perfil productivo posible y deseable para la Argentina y su relación con el mercado mundial; abordar reformas fiscales, tributarias, laborales, educativas, administrativas, comerciales y financieras en clave de reducir desigualdades y de superar las heterogeneidades estructurarles productivas, regionales y sociales; y repensar los sistemas de protección, hábitat y seguridad social para los más vulnerables", dice Salvia.

En la opinión del economista Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios sobre Producción, Empleo y Desarrollo de la UBA, "hay dos instancias a tener en cuenta a la hora de plantear una acción: la de producción y distribución, que implica reorientar y recuperar la actividad económica, y la de redistribución, en la cual juega la definición de la política social.

La reforma fiscal es uno de los ejes de lo que necesita ser repensado, según el economista. Y aclara que se refiere a una reforma en dos sentidos: los ingresos del Estado (darle al sistema impositivo una mayor progresividad sin aumentar la presión fiscal) y sus erogaciones. Sobre este último punto, señala, hace falta revisar las prioridades. "Entre los desafíos ahí incluidos está la discusión sobre el ingreso universal [o básico, porque claramente no sería para toda la población], del que hoy se habla 'gratis'; pero no como un subsidio más, sino como un reemplazo de los mecanismos de protección social", apunta.

"El acuerdo con los acreedores del país, la previsión de la esterilización necesaria de la enorme emisión monetaria [que conlleva el riesgo de mayor inflación en los próximos meses, lo cual agravaría más la situación social] y la formulación de un claro plan de reactivación y crecimiento con perfil exportador" son condiciones para planes que se sostengan", dice Lindenboim.

Pero, aun si se dan las condiciones del entorno para una economía que repunte, ¿qué posibilidades hay de que las chances de empleo lleguen a la población más vulnerable? O, en todo caso, ¿qué tipo de modalidades impulsar? Salvia propone un esquema de "trabajo mínimo garantizado", con raíces en la economía popular y con "un ingreso digno, que tome como referencia el salario mínimo, vital y móvil". Se trataría de prestaciones de servicios comunitarios, tomando como punto de apoyo la movilización de la sociedad civil, que actuaría como promotora de proyectos.

"Esto implica un cambio en la seguridad social, incorporando un derecho -explica Salvia-, con un financiamiento que vendría de aportes y contribuciones, impuestos a las ganancias corporativas o recursos de créditos o donaciones que llegarían a un fondo administrado por un fideicomiso con respaldo de la banca público-privada, bajo control de una comisión bicameral del Congreso". Según el sociólogo, la ley 27.345, de 2016, significó un hito al crear el Registro Nacional de la Economía Popular, en el que hasta ahora hay, según el ministro de Desarrollo Social, 260.000 personas. Esa herramienta permite avanzar "hacia un plan de trabajo social garantizado", señala Salvia.

Bour apunta que para que sea viable tener como objetivo que haya un salto al empleo formal hace falta tener un servicio de empleo público y privado muy comprometido. Y evalúa que el Plan Empalme, con el cual en la gestión anterior se buscó incentivar la contratación por parte de empresas de beneficiarios de planes no sirvió. ¿Y por qué fue así? "Habría que ver si es que no se ofrece suficiente información, si falta un incentivo para quien recibe el plan, si el Estado no hace nada cuando las personas rechazan ofertas de trabajo...", dice.

Más allá de la pandemia y de la realidad de la Argentina, en el mundo "hay un transfondo amplio en el que se destacan desafíos como la cuestión ambiental, la robotización y la pugna entre globalización y aislamiento", dice Lindenboim, respecto de temas que inciden en el campo laboral. Son tiempos de cambios acelerados que interpelan a las sociedades, especialmente por sus efectos sobre los segmentos más vulnerables y más perjudicados por las desigualdades, que corren riesgo de profundizarse.

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