Pocos días antes de cumplir la "semestrena"
¿Qué habría ocurrido si el 19 de marzo pasado el presidente Alberto Ángel Fernández hubiera anunciado que todos debíamos quedarnos en casa hasta por lo menos setiembre de 2020? Esta es la pregunta que deberían contestar quienes le reclaman al primer mandatario por no haber anunciado desde el vamos qué es lo que iba a ocurrir, y lo que por ende correspondía hacer.
Típica pregunta de historia contrafáctica, no es de mis preferidas. Porque prefiero concentrar mis energías en entender y ayudar a tomar decisiones, que son siempre prospectivas.
Los argentinos estamos viviendo un momento particularmente difícil por la coexistencia de indicadores sanitarios que no mejoran, creciente dispersión geográfica de los infectados y fallecidos y –en un país presidencialista y personalista– un presidente con su palabra muy devaluada, tironeado simultáneamente por varios lados.
No seamos parte de los problemas. Quienes, para castigar al oficialismo, no usan barbijos, alcohol en gel, etcétera, no contagian a los funcionarios a quienes desean perjudicar, sino a ellos mismos y a sus conciudadanos. Thomas Sowell, un economista negro, a quienes incendian supermercados para reaccionar contra la brutalidad policial les recomienda que no lo hagan.
Porque al día siguiente tendrán dos problemas: la brutalidad policial y más dificultades para seguir comprando alimentos.
El coronavirus no es chiste, testimonian quienes sobrevivieron a la enfermedad. Sigamos actuando de manera responsable, aunque las autoridades no puedan predicar con el ejemplo. Aprovechemos todas las rendijas que posibilita la flexibilización por derecha y por izquierda, sabiendo que cuarentena no es un concepto cualitativo, sino cuantitativo. Cada vez hay menos cuarentena, pero todavía hay. Quien duda de esto último, que les pregunte a quienes trabajan en cines, teatros, escuelas, etcétera.
En este delicado contexto estalló la crisis de la policía de la provincia de Buenos Aires, motivada por razones económicas y extra económicas. ¿Puede ser que los agentes tengan que pagar de su bolsillo las balas que utilizan? Las razones económicas de la protesta son comunes a muchos empleados públicos, de muchas jurisdicciones. Ergo, les plantean un desafío importante y perentorio al presidente y a su equipo económico, quienes venían tomándose sus tiempos para analizar y decidir. Un aumento salarial generalizado demanda un replanteo del resto de la política económica.
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