Piden un embargo contra el país por alrededor de US$230 millones en Estados Unidos

Dennis Hranitzky está de vuelta. El abogado que ayudó al fondo NML - Elliott Capital Management en su contienda contra la Argentina e incluso confiscó la Fragata Libertad en Ghana solicitó el embargo de activos que tenga el país en la Reserva Federal de Nueva York. Según el economista Sebastián Maril, que sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior, esto implica un total de US$230 millones, aproximadamente.

El pedido de embargo se suma al reclamo que realizó en Estados Unidos también el fondo Titan Consortium por el pago de US$327 millones que la Argentina le debe por el fallo en contra que tuvo en el Ciadi -el tribunal arbitral del Banco Mundial-, a raíz de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.

Hranitzky representa a tres fondos buitres que demandaron al país por un remanente de deuda que entró en default en 2001 y no entró en ninguno de los tres canjes que el país ofreció desde entonces, los de 2005, 2010 y 2016. Los tres fondos son Attestor Master Value, Trinity Investments y Bainbridge Capital.

“Estos tres fondos presentaron en febrero pasado su consentimiento para que se iniciara un pedido de discovery, que es una herramienta muy utilizada en Estados Unidos y sirve para hacer pedidos de embargos de activos. Este juicio estuvo en silencio durante nueve meses hasta que la semana pasada se presentó un informe confidencial al cual el público no tuvo acceso. Ahora aparece este archivo, que tiene fecha de hace 10 días. Es un pedido de embargo que le mandan al Departamento de Justicia y del cual ya está aprobado por la Corte“, explicó Maril, director de Research for Traders.

En abril de 2016, a pocos meses de haber comenzado la gestión de Mauricio Macri, el entonces gobierno pagó US$9300 millones a parte de los holdouts que tenían deuda en default de 2001. Para hacer frente a los primeros compromisos, se emitieron los famosos bonos Globales, que el año pasado el ministro de Economía, Martín Guzmán, reestructuró junto con los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010.

El pago de 2016 permitió que el fallecido juez Thomas Griesa levantara las cautelares que impedían al país pagarle al resto de los bonistas que sí habían entrado en los canjes de 2005 y 2010. De esta manera, ese año el país salió del default técnico en el que estaba. Además, se firmaron nuevos acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York, lo que explica que el monto total pagado ascendiera luego a US$11.000 millones para 2019.

Sin embargo, todavía quedaba un pequeño remanente de holdouts que mantuvieron la demanda vigente contra la Argentina. Son aquellos que no entraron en los canjes de 2005 y 2010, ni aceptaron la propuesta realizada por el gobierno de Macri.

Según fuentes del mercado, los juicios que quedan son por bonos que tienen un valor nominal de menos de US$250 millones; de esos, hay US$140 millones en un juicio de tres fondos que trabajaban juntos. Si se lograra un acuerdo con la propuesta que se realizó en 2016, el pago sería de alrededor de US$375 millones.

Que todavía haya fondos buitres litigando contra el país fue lo que popularizó en el mundo financiero las cláusulas de acción colectiva (CAC), un instrumento que establece que si el país deudor efectúa una oferta de canje en la cual consigue la aceptación de una mayoría considerable, la propuesta se hace extensible al 100% de los acreedores de forma automática. Con los canjes que había realizado el país en 2005 y 2010, se había logrado que acepten la oferta los titulares del 92,4% de la deuda en default.

Más demandas

Esta demanda se suma a la que realizó en los tribunales del distrito de Columbia el fondo Titan Consortium hace tres meses, que reclama al país el pago de US$327 millones que le debe por el fallo en contra que tuvo en el Ciadi -el tribunal arbitral del Banco Mundial-, a raíz de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurrida en 2008.

En 2019, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) rechazó el pedido de nulidad que había hecho la Argentina, luego de que en 2017 condenara al Estado argentino a desembolsar más de US$320 millones más intereses a Titan.

Este fondo logró demandar a la Argentina, luego que le comprara el derecho a hacerlo por US$107 millones al fondo inglés Burford (el mismo que litiga contra la Argentina por la expropiación de YPF), que, a su vez, se lo había comprado a la empresa española Teinver, dueña del grupo Marsans, después de que entrara en quiebra.

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