Piden embargos al país por juicios que perdió en el exterior y que suman US$663 millones

En medio de la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina empiezan a atormentarla otras deudas, que pueden incluso, si la situación se complica, arrastrarla a un nuevo default técnico: debe pagar US$663 millones por juicios que perdió (o puede perder) y por los cuales ya se le empiezan a pedir embargos.

En concreto, se trata de juicios que iniciaron empresas o fondos (algunos conocidos como fondos buitres). Los más avanzados por el momento son cuatro: el de Attestor Master Value/Trinity, por US$ 227 millones; el de Bainbridge Capital, por US$95 millones; el de Titan, por la estatización de Aerolíneas, por US$320 millones, y el de Impreglio, por incumplimiento de contrato en Aguas de la provincia de Buenos Aires, por US$21 millones. Los dos últimos reclamaron vía el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi).

Según explica Sebastián Maril, director de Latam Advisors, estos grupos ya pidieron en febrero autorización para empezar a buscar activos de la Argentina para cobrarse lo que se les debe. “Por ahora es solo por activos en suelo estadounidense, pero en un futuro puede ser que requieran en otros países, como sucedió con el recordado embargo de la Fragata Libertad, en Ghana”, comentó el especialista.

Ahora bien, el más avanzado de todos es el reclamo de Attestor Master Value/Trinity, puesto que ya pidió embargo por US$32 millones de dólares que la Argentina tiene en la Reserva Federal de Nueva York. Casi a la par lo sigue Bainbridge, que solicitó a la jueza Loretta Preska, que intime al país a llevar activos a los Estados Unidos, para cobrarse de ahí.

Si la jueza Preska hace lugar a lo pedido por Bainbridge y la Argentina no cumple, el país quedaría en desacato. Este dato no es menor, puesto que de ser así, podrían dictarse medidas que inmovilicen los fondos que el país envía para pagarles a los acreedores que sí entraron al canje. En ese caso, se caería en lo que se conoce como un default técnico (algo que ya ocurrió cuando estaba a cargo de este tipo de juicios el juez Thomas Griesa en 2014).

En tanto, los casos de Titan e Impreglio, están apenas un escalón más atrás que los dos primeros en su proceso de cobro, puesto que su vía de reclamo fue el Ciadi, un organismo que no tiene protocolo para obligar a una parte a pagar. “Por eso, ambos fondos pidieron a un juez de Delaware que reconozca el fallo del Ciadi. Aún no se los reconocieron, pero cuando eso pase, quedarán en iguales condiciones que Atestor y Bainbridge”, explicó Maril.

El especialista de Latam Advisors opinó que sería realmente lamentable que la Argentina tuviera problemas por estas deudas de US$663 millones, puesto que cuenta con US$3200 millones en oro en el Banco de Basilea. “Podría usar eso como respaldo para pedirle a cualquier banco un préstamo por lo que se le está reclamando y solucionar así la cuestión”, señaló.

De todos modos, los problemas de deudas que persiguen a la Argentina no se terminarían allí. Según precisó Maril, el año que viene podrían dictarse fallos en juicios de otros acreedores, por un monto de US$10.700 millones. “De ese total, unos US$4000 millones son por la expropiación de YPF; 1200 por los reclamos vinculados al cupón PBI; US$3000 millones en Ciadi por diversos casos; US$1200 en la Corte de las Naciones Unidas, más US$450 millones de los holdouts”, detalló el experto.

Todo esto en medio del mencionado litigio por los cupones atados al PBI, de lo cual se acaba de derivar que la jueza Preska le pidió al país que informe la metodología que utilizó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para calcular su producto bruto interno (PBI) durante el gobierno de Cristina Kirchner. La cuestión no es menor, ya que la cifra de crecimiento anual determinaba si el país debería pagar o no intereses a los tenedores de esos cupones, una herramienta financiera que la Argentina entregó en la negociación de deuda que se hizo en tiempos de Néstor Kirchner.

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