Pfizer y la Sputnik argentina: un interrogante empieza a revelarse, otro aún no
El misterio Pfizer y las razones de su frustrado contrato con el gobierno argentino quizás se haya empezado a desentrañar ayer cuando, con la comparecencia ante el Congreso de los directivos de éste y otros laboratorios productores de vacunas que se aplican en el país, comenzaron a ventilarse cuestiones de protección legal que empantanaron el acuerdo con la empresa norteamericana.
Pero cuando aún quedan interrogantes por despejar de ese desaguisado que privó al país de acceder en forma prioritaria a 13,2 millones de dosis de una de las vacunas más requeridas del mundo, habrá que sumar un nuevo enigma o redirigir la “obsesión”, como diría la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para saber algo más sobre otro hecho, aunque en este caso no se trate de un acuerdo fracasado, sino, por el contrario, de uno concretado y celebrado por el Gobierno como un logro de la ciencia argentina: el inminente envasado, y futura fabricación, de la vacuna Sputnik V en el país.
La pregunta es por qué el Instituto Gamaleya, el Fondo Ruso de Inversión Directa y el gobierno de Vladimir Putin, en definitiva, confiaron el proyecto de la Sputnik V argentina a un laboratorio nacional, Richmond, sin planta para producirla y sin expertise específico en vacunas. La empresa confía en tener esas instalaciones en 2022, aunque en el sector farmacéutico algunos estiman que podría llevar hasta dos años.
Para poder poner en marcha la planta, Richmond necesita reunir financiamiento por US$85 millones que buscará en el mercado, según anunció en abril con el lanzamiento del fideicomiso financiero proyecto VIDA (Vacuna de Inmunización para el Desarrollo Argentino) y cuya constitución se espera para fines de este mes.
El dueño de Richmond, Marcelo Figueiras, es consciente de que el protagonismo oficial en todo lo que rodea a su vacuna aumenta las sospechas de que él fue elegido por su proximidad con el kirchnerismo, aunque ante los micrófonos repite que fue su sociedad con el laboratorio indio Hetero lo que posibilitó un “acuerdo entre privados” al que él fue invitado a sumarse. Frente a sus colegas y amigos incluso se queja del aprovechamiento político que el gobierno de Fernández intenta hacer del convenio.
El Ministerio de Desarrollo Productivo, por ejemplo, informó que a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) se le había otorgado un crédito a Richmond por casi $30 millones y asistencia financiera por $13 millones a través del Programa Soluciona, aunque no aclaró que el destino no era la futura planta de vacunas, sino otros proyectos. Por su parte, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que conduce José Ignacio de Mendiguren, ya anticipó su interés en participar del fideicomiso VIDA, aunque no se dijo con cuánto dinero. “No me molesta, pero sería mejor que todo el financiamiento fuera de privados”, suele comentar Figueiras a sus conocidos. Hasta el ministro de Economía, Martín Guzmán, buscó la foto con él cuando ambos coincidieron en Moscú en abril pasado.
Mientras no esté su planta, Richmond “envasará” el principio activo de la Sputnik (formulado, filtrado y dosificado en viales estériles), a razón de 500.000 dosis por semana, en una fábrica alquilada al laboratorio tercerista MR Pharma, ubicada en Tortuguitas. Se trata de una empresa que trabaja exclusivamente para terceros. Allí también se elaboraron los primeros lotes de prueba que luego se enviaron a Rusia y fueron aprobados.
Es un laboratorio relativamente joven, constituido en el año 2000 y con inicio de actividades en 2001, liderado por Sebastián y Virginia Martínez Ríos en calidad de presidente y directora suplente. Si bien en esa condición fabrica medicamentos de marcas muy reconocidas en el mercado, MR Pharma cultiva un bajo perfil y no tiene participación en la Cámara de la Industria de Laboratorios Farmacéuticos de la Argentina (Cilfa), que agrupa a los popes del negocio a nivel local como Roemmers, Bagó, Elea, Raffo o Gador. “Es un tercerista al que contratan para hacer un producto, pero no conozco a sus dueños, no los traté”, dice uno de los miembros de esa entidad ante la consulta de LA NACION. Ayer pactaron con Figueiras el alquiler de la planta mediante un contrato por dos años o hasta que esté operativa la fábrica propia.
Estos pormenores no se comunican o bien se deslizan entrelíneas de manera ambigua. En los actos y comunicados oficiales se suele hablar de “el laboratorio bonaerense de Richmond” (así se refirió al tema, por ejemplo, el ministro de salud de la provincia, Daniel Gollán) sin más aclaraciones, lo cual podría llevar a confusión con la planta que la empresa de Figueiras tiene en Pilar, produce medicamentos biotecnológicos, y que en el verano recibió al presidente Fernández para un acto en el que se anunciaron inversiones. El empresario tampoco lo aclara cuando da notas en los medios. Cuentan que no lo dice porque no lo considera necesario. “Así es como funciona la industria farmacéutica en el mundo. A este tipo de acuerdos se los llama contract manufacturing”, suele explicar. Para graficarlo, Figueiras usa el ejemplo de la Hepatalgina. “La hacemos en una planta nuestra, pero el que figura es Elea”.
“Usan nuestras instalaciones”, confirma una fuente de MR Pharma, aunque aclara que “ellos se hacen cargo de todo el proceso: traen los insumos, el personal, hacen los controles, somos pocos los que en la Argentina podemos ofrecer esto, una planta segregada, la planta 4, exclusiva para la vacuna Sputnik componentes 1 y 2”.
La separación del resto de las actividades productivas que pueda tener una planta, aspecto que en MR Pharma subrayan, es una cuestión de seguridad crítica. Pero si en la Argentina son escasos los jugadores que tienen la infraestructura necesaria como para fabricar vacunas, eso lleva nuevamente a la pregunta de por qué el elegido por los rusos fue Richmond, sin trayectoria en la materia. “Nadie tenía hoy en la Argentina capacidad productiva libre para hacerlo, estaba todo ocupado”, dicen en el entorno de Figueiras.
Entre quienes sí contaban con know how en el país en la materia están Sinergium Biotech y mAbxience, empresas de Hugo Sigman, y Biogénesis Bagó (sociedad de Sigman con Bagó), aunque él ya se había embarcado en su propio proyecto contra el Covid como contratista local de la vacuna de AstraZeneca en sociedad con el laboratorio mexicano Liomont. BIOL y Sanofi son otros laboratorios con expertise local en vacunas.
Pero Figueiras niega toda teoría conspirativa. Dice en público y en privado que no tiene nada que ver con el Gobierno y que, por el contrario, su sinceridad entra a menudo en colisión con el secretismo del que hacen gala los seguidores de Cristina Kirchner. Ayer, en el Congreso intentó un difícil equilibrio: destacó el apoyo de la Presidencia y de la Anmat (el organismo regulador del Estado), pero también se quejó de la carga impositiva: para poder importar maquinaria, Richmond tiene que pagar US$10 millones por adelantado a la Aduana. Suficiente para irritar a un político oficialista, insuficiente para contentar a un opositor.
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