Pese a las denuncias, Camioneros seguirá con los controles de abastecimiento y el Gobierno se prepara para aplicar multas a las empresas

El sindicato de Camioneros continuará con sus trabajos de fiscalización y control de abastecimiento en los centros de distribución, pese a las dos denuncias penales formuladas contra Matías Tombolini, Sergio Massa y Alberto Fernández (la de Carrió y la de la Fundación Apolo). Así lo confirmaron a LA NACION fuentes oficiales.

Óscar Borda, el delegado de la rama logística y apuntado por sus involucramientos en extorsiones y violencia dentro de algunas empresas, será el encargado de “centralizar” la información que remitan los choferes para enviarla a las oficinas públicas, indicaron.

La semana pasada se llevaron adelante tres operativos coordinados: uno a Coto, otro a Carrefour y el último a Cencosud. La presencia de Camioneros, cuyos trabajadores sirvieron como agentes de control e información, derivó en llamados a las empresas de consumo masivo apuntadas por el Gobierno. Por estas horas, los empleados del área de fiscalización de la Secretaría de Comercio están en contacto con las compañías, a las que le están solicitando información para avanzar con multas por incumplimiento, de acuerdo con diversas fuentes consultadas. El proceso tardaría hasta un mes.

Además, fuentes oficiales confirmaron que se elevaron los montos de las multas. El año pasado regía un máximo de $5 millones por los incumplimientos más graves, mientras que a partir de este mes comenzó a aplicarse una fórmula elaborada a partir de canastas del Indec cuyos valores pueden ascender hasta los $170 millones.

Los controles generalizados, en los que intervinieron funcionarios nacionales y cuyas imágenes se viralizaron la semana pasada, podrían volver a repetirse de detectarse bajos niveles de abastecimiento de los productos de Precios Justos (que ahora rondan el 60%), pero de momento no hay alguno puntual planificado, indicaron. Mientras tanto, los agremiados a Camioneros continuarán informando todos los días sus observaciones en centros de distribución como parte de sus tareas laborales normales.

Parte de la decisión de avanzar con esta modalidad pese a la preocupación expresada por parte del empresariado y del arco político es justificada en una supuesta reunión. Hace dos semanas, representantes del sindicato -entre los que estaba Pablo Moyano y Borda- se habrían reunido con enviados de los supermercados para validar esta modalidad de “colaboración”, en el Palacio de Hacienda, según fuentes oficiales. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU), que nuclea a las empresas, negó “rotundamente” a LA NACION la existencia de ese encuentro.

Algunas de las informaciones ya enviadas a la Secretaría de Comercio tienen que ver con entregas demoradas, parciales o inconvenientes en el cumplimiento del stock de acuerdo a los listados de reposición que enviaron los supermercados.

Por ejemplo, una de las empresas que recibieron una visita de Camioneros y del Gobierno la semana pasada apuntaba a que una compañía de consumo masivo sólo había enviado el 28% de los productos solicitados. La sospecha oficial es que esa mercadería se estaría desviando a los canales de autoservicios y pequeños comercios, que no están incluidos en el programa de congelamiento de precios.

En el Ministerio de Economía se preparan para aplicar multas a las empresas que incumplan el acuerdo (previa consulta), como fue el caso Día, contra la que se realizó un operativo de control específico sobre 40% de las sucursales de la cadena, que derivó en 75 infracciones y tres clausuras.

Ayer, el Gobierno, ante la consulta de LA NACION, admitió que esta forma de control no cuenta con un marco legal específico, no fue incluida en los acuerdos escritos y voluntarios firmados con las empresas, ni tampoco fue resuelta formalmente con los sindicatos. Ocurrió de palabra y sin un canal institucional.

Sin embargo, fuentes oficiales insisten con que los sindicatos no tienen capacidad de imponer multas o sanciones, como sí ocurre en el caso de los municipios, cuya participación fue plasmada en los acuerdos. Los inspectores de las intendencias hacen una auditoría de precios y stock y se llevan para las localidades una tajada del monto de las sanciones: 30%. Camioneros solo tendría capacidad para informar a la Secretaría de Comercio.

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