Persiste la alta informalidad, que en el conurbano afecta al 40% de los asalariados, y el problema impacta en el sistema jubilatorio

En el conurbano bonaerense, cuatro de cada diez asalariados están en la informalidad. Esa incidencia del grupo de trabajadores sin aportes a los sistemas jubilatorio y de salud –que se eleva a más del 56% entre quienes no terminaron el ciclo educativo secundario– es más alta en esa región que en el país en general y, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires, donde uno de cada cuatro empleados no está registrado. A la vez, es una tasa más baja que la de centros urbanos como el Gran Salta, Gran San Juan, Gran Tucumán y las ciudades de Concordia (Entre Ríos) y Santiago del Estero y La Banda, donde cerca de la mitad de los empleados no cuenta con aportes.

Los datos, consignados por un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, IIEP (UBA-Conicet), surgen del análisis de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, según resultados al tercer trimestre de 2024, cuando la tasa promedio para el país de empleados sin aportes fue de 36,7%. En el cuarto trimestre ese índice cayó levemente, a 36,1%, aunque lo cierto es que se mantiene en niveles similares (y altos) desde que se recuperó el empleo tras la crisis causada por la pandemia de Covid-19 (la tasa bajó fuertemente en 2020, pero solo porque se destruyeron muchos más puestos informales que formales).

La estadística del empleo asalariado del sector privado registrado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en tanto, muestra que a diciembre de 2024 hubo una caída de puestos en blanco de 1,6% respecto de ese mes de 2023, aunque en julio del año pasado se revirtió la tendencia a la caída y hubo leves incrementos.

La situación es heterogénea, según destaca el informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del IIEP, coordinada por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria. Mientras en Ushuaia y Río Grande (Tierra del Fuego) el índice fue de 14,3% y en Neuquén-Plottier y Río Gallegos, de entre 18% y 19%, en la ciudad de Salta y sus alrededores llegó a 48,8%, tasa similar a la de Concordia. En el Gran Córdoba resultó de más de 43%; en el Gran Mendoza, de 40%, y en el Gran Rosario, de casi 33%. El índice de CABA, de 23,6%, aunque alto, se ubicó entre los más bajos, junto con los de ciudades patagónicas.

El reflejo en las moratorias

Desde el lado del sistema previsional, un dato que refleja esa situación de informalidad –entre otros aspectos de la realidad social, como la pobreza y la inactividad– es el del porcentaje de jubilados que obtuvieron su beneficio mediante un plan de moratoria, por no haber acumulado los aportes que exige la ley.

De las jubilaciones en curso de pago, dos tercios fueron dadas de alta tras la adhesión de sus titulares a esos planes. De acuerdo con datos elaborados por LA NACION sobre la base de la estadística de la Subsecretaría de Seguridad Social, en CABA la mitad de los jubilados tuvieron moratoria, al tiempo que en partidos del conurbano como La Matanza, Florencio Varela, José C. Paz, Moreno, Quilmes, San Miguel, Escobar, Berazategui, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Merlo, Tigre y Malvinas Argentinas, la tasa de incidencia de esas prestaciones es de entre el 70% y el 80%. En Avellaneda, Lomas de Zamora, Lanús, San Martín, Morón y San Fernando, en tanto, el índice es de entre 65% y 70%.

En el interior, los índices más altos se observan en Formosa, con 90,1%; Chaco, con 86%; Misiones, con 82,4%; Corrientes, con 81,1%; Entre Ríos, con 74,1%; La Pampa, con 70,2%, y Neuquén y Santa Fe, con cerca de 70% en cada caso, según datos de la subsecretaría a mayo de 2024 (últimos disponibles).

En el promedio de la provincia de Buenos Aires, considerando las prestaciones del sistema nacional gestionado por la Anses, la incidencia de casos con moratoria es de poco más de 70%. Se trata de una jurisdicción en la cual, a diferencia de lo que ocurre en CABA, para los empleados del sector público hay un sistema propio, en tanto que quienes trabajan en el sector privado o por cuenta propia están comprendidos en el régimen nacional (salvo el caso de los incluidos en otros regímenes, como las cajas de profesionales). Es decir, la provincia tiene también jubilados y pensionados que son de su propia caja, al igual que en las demás jurisdicciones que no transfirieron sus regímenes a la Nación.

Una historia de 20 años

Las moratorias rigieron, con diferentes versiones, de manera continua en los últimos 20 años. Mientras en 2006, del total de jubilaciones el 9,3% eran de quienes habían recurrido a una moratoria, en 2010 el índice se había elevado a 55%; en 2015, a 62,3%; en 2020, a 64,8%, y en 2024, con más de 3,8 millones de casos, a 67,7%.

El pasado 23 de marzo quedó sin vigencia el plan de compra de aportes para personas en edad jubilatoria (conocido como moratoria) que había sido incluido en la ley 27.705, de 2023, y que fue el más utilizado en los últimos años. Sigue vigente la posibilidad de comprar aportes, pagándolos efectivamente, para quienes están a 10 años o menos de distancia de la edad mínima jubilatoria del sistema general (60 años las mujeres y 65 años los varones).

Además, sigue en marcha –para personas en edad de jubilarse– la moratoria de la ley 24.476, reglamentada en 2005 y que fue la que dio inicio a dos décadas de vigencia de estos planes. Pero es de alcance limitado en cuanto a quiénes podrían adherir, porque solo admite el ingreso por aportes de meses previos a octubre de 1993, siempre que se haya tenido al menos 18 años de edad.

El miércoles próximo, 9 de abril, la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, presidida por Gabriela Brouwer De Koning (UCR-Córdoba), tiene previsto reunirse para comenzar a debatir proyectos que modifican aspectos del sistema jubilatorio. Algunas iniciativas presentadas por legisladores de la oposición buscan darle nuevamente vigencia al plan de compra de aportes de la ley 27.705 que dejó de regir. Desde el Gobierno rechazan la posibilidad de esa prórroga. En tanto, un proyecto de los diputados Alejandra Torres (Encuentro Federal-Córdoba) y Agustín Domingo (Innovación Federal-Río Negro) promueve eliminar el requisito de 30 años de contribuciones y crear prestaciones de montos proporcionales al tiempo en el cual se haya contribuido.

Mientras avanzaba la incidencia de las jubilaciones con moratoria y la ley mantenía (y mantiene) requisitos rígidos para acceder a las prestaciones, la problemática principal que explica el hecho, la informalidad laboral, no tuvo solución. Antes de la pandemia y su consecuente crisis en el mercado laboral, el índice de asalariados sin aportes rondaba el 33% o 34%. Tras la caída en 2020 y 2021, que respondió a la mayor destrucción de puestos no registrados, sobrevinieron tasas que muestran un empeoramiento de la realidad.

Cuentapropismo, con mayor informalidad

Cuando se mira la situación de todo el mercado laboral, considerando el empleo asalariado y el cuentapropismo, los números muestran una mayor gravedad. Según un informe del Instituto Torcuato Di Tella, basado también en datos de la EPH, la tasa de informalidad alcanzó el 52,4% en el tercer trimestre de 2024. Para ese período de cada año, la tasa no bajó del 50% desde 2021.

Del total de trabajadores informales, en tanto, poco más de la mitad son empleados sin aportes (la gran mayoría está en unidades que ocupan solo hasta 5 personas), en tanto que cuatro de cada diez son cuentapropistas, y el resto, empleadores o –en mucha menor proporción– trabajadores familiares sin salarios.

El problema, según la actividad y grupos poblacionales

El análisis de los datos de la encuesta de hogares del Indec permite concluir, según el trabajo de del IIEP de la UBA y el Conicet, que existe una alta disparidad según la actividad. En el servicio doméstico y la construcción, las tasas de empleados sin aportes llegaron en el tercer trimestre de 2024 a 78,7% y 77,6%, respectivamente. En el empleo en la gestión pública y en los servicios financieros, en tanto, los índices fueron de 9,9% y 26,2%, en cada caso.

En el segmento de las mujeres, entre quienes la informalidad en el empleo asalariado fue de 38,6% según el relevamiento del Indec –contra un 35% entre los varones–, la tasa “se reduciría al 30,3% al excluir del cómputo al servicio doméstico”, según concluye el informe del IIEP. Y en la población masculina, se agrega, el índice “pasaría del 35% al 29% si se excluyera la construcción”.

En el grupo de mujeres jóvenes, de 16 a 24 años, se observa la mayor tasa de no registro laboral cuando se hace un análisis combinando dos aspectos: género y edad. En ese grupo, el índice de informalidad trepa al 69,5%. La incidencia más baja se da en el segmento de varones de entre 45 y 65 años, con una tasa de 25%.

Los datos de jubilaciones otorgadas con moratorias muestran, a la vez, una mayor participación de casos entre la población femenina. Del total de prestaciones que, en promedio, se pusieron al pago mes a mes en 2024, el 47,5% de las cobradas por varones fue obtenida con moratoria, en tanto que ese indicador trepa al 79,4% entre las mujeres, producto de la mayor informalidad y de la menor participación en el mercado laboral.

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