Para los empresarios, el régimen informativo será una “nueva carga burocrática” y no resolverá el problema de la inflación

Después de varias reuniones con el Gobierno en el marco del acuerdo de precios y salarios, empresarios del sector de la construcción y de alimentos y bebidas se sorprendieron hoy con la publicación en el Boletín Oficial del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre).

Referentes de estos sectores dicen que no habían sido informados acerca de este régimen informativo obligatorio, que empezará a regir para mil grandes empresas y que será una “nueva carga burocrática”, en momentos en que se necesitarían medidas para alentar la producción.

Consultado por LA NACION, el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, dijo que “siempre se piden mayores requerimientos y no se piensa en la capacidad de las empresas para enfrentarlos y la utilidad de la propia información”.

“En la industria de alimentos y bebidas estamos con Precios Máximos desde marzo pasado, y los que no son Precios Máximos son Precios Cuidados, donde también hay un sistema de información. Y, por otro lado, hay un efecto Covid de encarecimiento de costos, como fletes internacionales, que impacta más en la Argentina por la simple razón de que otros países no tienen nuestra distorsión inflacionaria. Si lo que se pretende con toda esta información es que no haya inflación, que ataquen los problemas macroeconómicos porque es un tema multicausal”, opinó, en línea con las declaraciones del ministro Martín Guzmán de las últimas semanas.

En este sentido, dijo que el Sipre implica una “nueva carga burocrática” sobre empresas que ya tienen “estrés Covid”.

“La pandemia no solo es una situación de emergencia para el Estado. Algunas empresas tenemos un 20% del personal licenciado y, entre la información fiscal que tenemos que recabar con más de 160 impuestos y los requerimientos habituales, evidentemente es una carga que consideramos excesiva y no conducente a los fines de aplicación. Hay situaciones que se pueden resolver con leyes vigentes, como la Ley de Defensa de la Competencia, la de Defensa del consumidor y la de Lealtad Comercial. Excluyo la de Abastecimiento porque la consideramos inconstitucional al obligar a producir al máximo de capacidad instalada desconociendo cuál es la realidad del mercado y el acceso al capital de trabajo”, agregó.

Por su parte, Martín Cabrales, vicepresidente de la empresa cafetera que lleva su apellido, dijo que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, no les adelantó ayer la medida en su comunicación con la Unión Industrial Argentina (UIA) y también consideró que será un escollo burocrático.

“No sé si es para fines estadísticos o para mayor control, pero genera más burocracia para las empresas y el Estado y es un costo extra. Para remitir esa información necesitás gente y dinero en épocas de pandemia, cuando las empresas están trabajando con un 70 u 80% de su dotación. Más que control, se necesitan medidas que incentiven la producción y la inversión”, apuntó.

Por otro lado, Javier Madanes Quintanilla, presidente de Aluar y Fate, dijo que tampoco fueron informados del Sipre en la mesa sectorial de la construcción de ayer, a la que fueron convocadas una docena de empresas productoras de acero, aluminio y cemento, entre otros.

“La Secretaría ha recibido desde siempre toda información de precios y costos. Vamos a ver ahora si esto se hace con otro modelo de análisis o con otros funcionarios o si sigue siendo la Secretaría la que hace el monitoreo o lo amplía. Lo que hay que tener en cuenta es que efectivamente se han efectuado distorsiones mayores a las esperadas en los últimos meses, pero la época no ayuda”, consideró.

“La oferta tuvo grandes restricciones por el coronavirus, lo que dificulta llevar la producción a los máximos, y la situación sanitaria hace que sean muchos los empleados licenciados. Hay un problema de oferta que irá terminándose a medida que salgamos de la pandemia y otros temas que confluyen en un caldo inflacionario. Es difícil entender cómo contenerlo”, continuó.

En tanto, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, dijo que preocupan estas medidas porque la injerencia estatal sobre la operatoria de las empresas bajo apercibimiento en el marco de la Ley de Abastecimiento “no es una buena señal” y los antecedentes muestran que nunca funcionaron.

“La resolución 17 de 1990, la 17 de 2015 que creaba el Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Disponibilidad de Bienes e Insumos y el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) que creó Macri en 2016 no funcionaron, nunca funcionan”, aseguró.

“Quizás los objetivos que buscan son compartidos, pero la medida no colabora con esos propósitos. Genera un clima de negocios complicado. Distintos movimientos sociales se están parando frente a comercios para pedirles que bajen los precios. De eso a un desbande falta poquito. Hay que ser cuidadosos. No se puede fomentar una caza de brujas contra las empresas”, concluyó Grinman.

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