Paga el que sigue: Alberto Fernández desairó a Cristina Kirchner para retener una bala de plata

Fueron horas de sudor frío para Martín Guzmán. La víspera de pagos millonarios con dinero que la Argentina no tenía presionaba al límite la estrategia arriesgada que había comenzado a desplegar en diciembre de 2019 contra el consejo de asesores locales, banqueros y el propio Departamento del Tesoro norteamericano.

La negociación por la deuda dejó huellas en el pasaporte del ministro de Economía. Su primer viaje a Estados Unidos por ese tema partió el 24 de enero de 2020 y retornó cinco días después. El pasaje costó US$ 2.660, un número nimio para todo lo que estaba en juego, pero más caro que el de Pablo Salinas, su asesor, quien lo acompañó en las mismas fechas. Ese asiento salió 1020 dólares menos. Es probable que haya viajado menos cómodo que su jefe.

El acuerdo anunciado ayer, que en la práctica aún no es tal, resulta quizás la pieza de mejor hechura elaborada por el tándem Fernández-Guzmán para sus propias necesidades políticas. La gran derrotada, al menos en este preámbulo de buenas intenciones con respecto a lo que vendrá, es Cristina Kirchner.

La vicepresidenta había marcado las líneas de la negociación con trazos gruesos. Entre otras cosas, reclamó para la Argentina la posibilidad de pagar a 20 años, que se le perdonen las denominadas sobretasas (un interés por encima del habitual) y evitar cualquier tipo de condicionamiento de cara al futuro. Nada de eso ocurrirá.

Alberto Fernández escondió bajo la bandera del crecimiento la puesta en marcha de un programa de estabilización light con orientación ortodoxa que está en las antípodas del libro rojo de Cristina Kirchner y de Axel Kicillof. Se advierte por elementos básicos: reducción del déficit fiscal, tasas de interés positivas y menor emisión monetaria del Banco Central para atender los problemas del Tesoro. También ocultó otro mojón: el déficit cero no llegará en 2027, como quería Guzmán, sino dos años antes. Se cumplió el deseo del Fondo.

Hay otras molestias para Cristina Kirchner. Tendrá que soportar que cada tres meses una misión técnica del FMI venga al país para auditar los números de su gobierno y le diga qué está bien, qué está mal y cómo seguir.

En el pasado, Néstor Kirchner decidió cancelar en un solo pago la deuda Argentina con el organismo para evitarse las visitas de Washington. Ocurrió el 3 de enero de 2006 y fue un gusto caro, dado que la deuda con el Fondo pagaba un interés bajo y la decisión desfinanció al Banco Central, que obtuvo una letra del Estado a cambio de US$9.810 millones.

Guzmán y Fernández se llevan, de todas formas, otros premios. Su administración no deberá hacer pagos al Fondo, que se reanudarían en 2026. Así, el peso de la deuda con el FMI sobre el futuro de la Argentina será una dificultad que enfrente el próximo gobierno, que podría estar en manos de la oposición. La circularidad kármica del macrismo en la relación con el Fondo es sorprendente.

Allí hay una parte de la respuesta a la retórica del Presidente, que ayer por la mañana se preguntó “quién creó un problema y quién lo resolvió”. Es altamente improbable que la historia le adjudique al Frente de Todos la última parte de la frase anterior.

El tándem nunca pensó que no acordar con el FMI sería una posibilidad cierta. En esa mesa ampliada también está Sergio Massa, fundador minoritario del Frente de Todos y uno de los voceros de la Casa Rosada con Estados Unidos, así como una segunda línea repleta de funcionarios de menor jerarquía.

Más que el miedo a caer en default, los motivó la posibilidad de cambiar las expectativas que genera un gobierno que va a los tumbos casi desde el primer día. Es la bala de plata de la Casa Rosada: sin atributos propios capaces de mejorar la confianza en el país, un acuerdo con el FMI puede sugerir que la Argentina se reconduciría hacia un sendero de normalidad importada.

Los soldados de Cristina Kirchner fueron los enemigos del plan anterior, conducidos por su capitana. Algunos de ellos, como Leopoldo Moreau y la premonitoria Fernanda Vallejos, difundieron sus dudas con respecto a la conveniencia de avanzar en la línea del diálogo. A esa lista hay que sumarle el nombre de un tapado, Carlos Zanini.

Zanini fue el hombre designado por Cristina Kirchner para acompañar en la lista a Daniel Scioli en las elecciones que les ganó Mauricio. En las gestiones del matrimonio Kirchner se encargó de la Secretaría Legal y Técnica, desde donde surgieron algunas de las grandes creaciones de las últimas décadas, como la estatización de YPF, por la cual la Argentina enfrenta todavía una demanda millonaria en el segundo circuito de Nueva York.

Hoy dirige la Procuración del Tesoro. Banqueros que dialogan con el Ministerio de Economía y con el Banco Central le atribuyen una nueva línea de pensamiento que rechazó Fernández. Según se escuchó esta semana en la city, consistía en no avanzar hacia un nuevo acuerdo con el FMI que aplique condicionamientos, pero sin dejar de pagar para evitar un default. Son recursos que la Argentina no tiene. La intención exploratoria era conseguir que naciones amigas presten DEGS (la moneda del FMI) para que la Argentina cancele parcialmente sus pagos.

La idea subyacente ponía en duda la conveniencia de hacer ahora algo que vaya en contra de los intereses electorales que tendrá que defender en dos años la Casa Rosada. Es la misma lógica que convenció a Cristina Kirchner cuando a meses de terminar su segundo período presidencial, por sugerencia de Julio De Vido, le rechazó a su ministro de Economía, Axel Kicillof, la posibilidad de implementar un aumento de tarifas antes del cambio de mando. El anuncio de Guzmán cancela esas expediciones.

El camino anunciado por el Gobierno propone llegar en 2023 a la Argentina que heredó en 2019 de manos de Mauricio Macri, con algunas complicaciones adicionales. Quizás allí subyace un punto clave y hasta ahora, desconocido. Dado que el acuerdo con el FMI debe pasar por el Congreso, no está claro que la oposición apruebe postergar cuestiones que luego tenga que enfrentar Juntos por el Cambio en el caso de que se repita en dos años un resultado electoral parecido al de noviembre pasado.

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