Otras denuncias por Yacyretá

POSADAS.- La noticia acerca de que la justicia argentina ya no investiga las denuncias sobre corrupción en la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá no mereció mayores comentarios en Paraguay.

Sin embargo, la aparición de un libro escrito por Víctor Segovia Ríos, ex consejero de la EBY, titulado "De Morínigo a Cubas", ha causado verdadero revuelo en el vecino país. En varios capítulos, el autor revela cómo encumbrados personajes del gobierno paraguayo de turno se enriquecieron vendiendo al Estado tierras que luego quedaron bajo agua cuando se llenó parte del embalse, a precios de expropiación diez veces mayor que el de su valor real.

Ocurrió en tiempos de los presidentes Alfredo Stroessner, Andrés Rodríguez, Juan Carlos Wasmosy y Raúl Cubas Grau.

Paraguay nunca sancionó una ley de expropiación. La Argentina, en cambio, promulgó una norma en 1984, cuyo plazo venció el 31 de diciembre último y deberá ser prorrogada.

Las compañías paraguayas vinculadas con Yacyretá son Conempa, Cie y Cepaya. Las dos primeras son propiedad del ex presidente Wasmosy, mientras que en Cepaya participan otros acaudalados empresarios allegados a los sucesivos gobiernos colorados. Según Segovia Ríos, la obra binacional favoreció a estos grupos, que se repartieron las ganancias mediante suculentos contratos y hoy tienen el poder político y económico en la nación vecina.

Para Miguel Fonseca, flamante titular del Departamento de Obras Complementarias de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), con sede en Posadas, la prescripción de la causa judicial por supuestos cobros indebidos de reembolsos durante la construcción de la represa por parte del consorcio Eriday "no sorprende, porque en los últimos diez años, desde la oposición, hemos hecho todo tipo de denuncias ante las que la Justicia, que respondía casi incondicionalmente al gobierno instalado en 1990, nada hizo al respecto".

El arquitecto Fonseca asumió el cargo la semana anterior en remplazo de César Edil Menem, familiar del ex presidente de la Nación. Su objetivo apunta a terminar con los trabajos pendientes en el sector argentino.

El juez Carlos Liporaci, que fue el último en hacerse cargo de la causa que reunió las denuncias de corrupción durante la construcción de la represa, dictó la prescripción de la acción penal a causa del tiempo transcurrido desde su comienzo.

El principal imputado de la causa es Guillermo Arturo Henin, titular de Dicmar SA, la firma se encargó de la gestión de los reembolsos impositivos que podía cobrar Eriday. Según el querellante, Antonio Casabona, se cobraron beneficios en forma indebida mediante la utilización de posiciones arancelarias incorrectas y la certificación de bienes que pertenecían a la EBY, y no a la constructora.

Actualmente, las 20 turbinas de Yacyretá operan con el 60% de su potencia debido a que la represa no dispone de suficiente caudal.

"Y mientras las empresas que hicieron Yacyretá ganaron sumas multimillonarias sin que el proyecto concluyera, los fondos que tuvieron que llegar para solucionar problemas vinculados con la relocalización de personas afectadas por la represa se fueron postergando. Ahora todo nuestro esfuerzo se dirige a encontrar soluciones, reducir costos y transparentar la gestión", dijo Fonseca.

En tanto, el recientemente designado director ejecutivo de la EBY, Rafael Martínez Raymonda, se reunirá mañana en la zona de obras de la central hidroeléctrica con su colega paraguayo, Juan Carlos Patiño. También asistirán los consejeros argentinos Jorge Blank y Faustino Mazzuco, el embajador argentino en Paraguay, Jorge Berro Madero, y probablemente el canciller guaraní José Félix Fernández Estigarribia.

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