Otero, el zar de Retiro, mantendrá la concesión de la terminal
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LA NACIONDiego Cabot
Los gobiernos pasan y Néstor Otero, el histórico concesionario de la Terminal de Ómnibus de Retiro, queda.
Si bien ahora está cerrada y con el contrato vencido desde 2016, la principal estación de transporte terrestre de larga distancia del país seguirá en manos del cuestionado concesionario. Que nadie guarde alguna esperanza de que el estado de deterioro, abandono y suciedad en el que está sumida una de las principales puertas de ingreso a la ciudad de Buenos Aires le implique la pérdida de la explotación a Otero.
Más bien pasó lo contrario. El Gobierno anuló los procesos de licitaciones vigentes para volver a concesionar el predio y dispuso la continuidad, "a título precario y provisorio de la empresa TEBA Sociedad Anónima". Fin del misterio; Otero seguirá con su rentable negocio. Eso sí, al menos se le terminó el precio de oferta que pagaba de canon.
Desde 2006 hasta ahora, por explotar ese punto neurálgico por el cual pasaban 55.000 personas diariamente pagaba $100.000 por mes. Ahora le actualizaron el monto y tendrá que poner $3.654.876.
La continuidad del empresario, condenado por cohecho en una causa en que se investigaba el pago del alquiler al departamento de Ricardo Jaime cuando era secretario de Transporte, no es fácil de explicar.
La política, ni el kirchnerismo ni Cambiemos en los cuatro años de poder, pudieron volver a licitar el espacio sobre el que arrecian las críticas por el estado de abandono. Sí es posible inferir cuál podría ser la relación entre política y empresario. De hecho, Otero está procesado en el caso Cuadernos por haber entregado sobres con dinero a Roberto Baratta.
Aún está fresco el recuerdo de aquel allanamiento a su departamento de Puerto Madero en el que le encontraron un millón de dólares en efectivo y otro millón, en pesos.
No son pocos los hombres de poder que andan por Retiro. Que no confunda al lector; arriban a ese lugar y no para quedarse por el ómnibus o en los desdichados asientos de las salas de espera, sino para subir al primer piso, donde Otero atiende y tiene un comedor que varios funcionarios y exfuncionarios podrían describir.
La historia de Retiro y su explotador es larga y siempre tiene el mismo ganador. TEBA tiene su contrato vencido desde 2016. En 2015, un decreto firmado por Cristina Kirchner y por Florencio Randazzo dio comienzo a una serie de llamados a renovar la concesión. Luego de aquella norma, que compila una serie de irregularidades, se sucedieron dos licitaciones rubricadas por Guillermo Dietrich . En cada una de estas normas se contaban por decenas las causales para la rescisión del contrato. Pasaron cuatro años y TEBA se mantiene.
Con este Gobierno, la negociación fue algo más simple. Mediante la resolución 138/20 del Ministerio de Transporte se dejaron sin efecto los llamados a licitación internacional 451-0009-LPU19 que puso en marcha Dietrich. Además, instruyó a la secretaría de Transporte, hoy vacante, a que "coordine, confeccione y eleve a consideración los proyectos de pliegos de condiciones generales, condiciones particulares y reglamento para el funcionamiento para luego, volver a licitar". No hay tiempos y nadie considera que esto vaya a suceder al menos en un par de años.
Finalmente, el ministerio autorizó a TEBA a adecuar los montos a percibir en concepto de alquileres de boleterías, depósitos y recepción de equipajes, en forma anual. Además, se aprobó un plan de obras mínimo como para dotar de seguridad y salubridad básicas a la estación.
Sin embargo, pese a ser la principal estación, Retiro está cerrada. Sucede que, por la pandemia, Otero y los funcionarios de turno coincidieron en que solo quede abierta la Estación Dellepiane, una terminal que, a diferencia de Retiro, no es una concesión, sino que es propia de Otero.
Aquella estación se construyó con un crédito del Banco Ciudad y el gobierno porteño la autorizó.
No son pocos los que piensan que el cierre de Retiro no tenía ninguna justificación más que la conveniencia del concesionario para dirigir tráfico a Dellepiane, una estación que es propia y que es rechazada tanto por los usuarios como por las empresas de colectivos.
Hasta antes de la pandemia, en Retiro se había consolidado prácticamente un monopolio dentro de la terminal. La mayoría de los comercios de la terminal, excepto seis viejos inquilinos, están relacionados con Otero y sus familiares o allegados.
El empresario estuvo detenido en la causa de los cuadernos por haber entregado US$250.000 a Nelson Lazarte, un secretario de Roberto Baratta, a su vez hombre de Julio De Vido, el 3 de junio de 2015.
El 21 de agosto de 2018, cuando se allanaron sus domicilios, se secuestraron un revólver marca Doberman y un pistolón tiro a tiro de dos caños superpuestos calibre 32, marca Rexio modelo Súper, ambos sin documentar. No fue todo. En otro domicilio la policía encontró tres cajas fuertes en las que había un millón de dólares y otro millón, pero de pesos.
En el marco de esa defensa y de una denuncia que él inició en la causa Cuadernos, el empresario solicitó que se investigaran los movimientos de este cronista y para eso solicitó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi los registros fílmicos de las cámaras cercanas al diario LA NACIÓN de algunos días específicos, además de una pericia sobre el celular.
El juez hizo lugar al pedido que efectuó y ofició a la municipalidad de Vicente López a que envíe las grabaciones de las cámaras.
Pero, hasta ahora, Otero no tuvo la suerte que sí tiene desde hace décadas en la terminal de Retiro. Aquellos registros se guardan solo 60 días y luego se sobrescriben. Pero si algo sabe el hombre es lograr su objetivo, al menos como concesionario, ya que le dobló el brazo a toda la política argentina.
Por Diego Cabot
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