Reforma tributaria: dónde estamos y hacia dónde vamos

Es evidente la necesidad imperiosa y urgente de lograr consenso en el Congreso para impulsar una reforma tributaria de fondo que respete las bases constitucionales.

Hay intención real de los legisladores de realizar cambios sensatos y de diseñar una estructura tributaria para reflotar a nuestra querida patria de las cenizas. Si no se logra eso, seguiremos dañando la economía con impuestos irracionales, superpuestos, distorsivos y excesivos, que lejos están de cumplir los principios de legalidad, capacidad contributiva, equidad y no confiscatoriedad.

Para lograr una reforma tributaria racional se debería:

*Evitar los múltiples gravámenes, que se complementan con anticipos, retenciones y percepciones, todos ellos adelantos de impuestos que terminan infringiendo el principio de legalidad. A los saldos a favor de los contribuyentes se los limita en cuanto a su capacidad para cancelar otras cargas fiscales y los fondos no son devueltos a sus propietarios.

*Eliminar impuestos como Ingresos Brutos, a débitos y créditos bancarios y Sellos.

*Contemplar la inflación en las liquidaciones impositivas de forma plena; no hacerlo produce distorsiones permanentes, porque se exige el impuesto sobre rentas ficticias. En las operaciones inmobiliarias se requiere definir el resultado gravado en moneda extranjera.

*Reducir sensiblemente el IVA, cuya tasa está por las nubes y afecta en mayor medida a quienes no pueden siquiera pensar en ahorrar, con una regresividad es extrema. Con una tasa sensiblemente menor, los productos alimenticios básicos pueden atemperar el costo contenido en el precio.

*Disponer la vigencia inmediata de contratos laborales que disminuyan significativamente los costos, para incentivar la formalidad. Las elevadísimas cargas sociales inducen a los empleadores -la mayoría de las veces, en connivencia con el empleado- a buscar formas que precarizan el trabajo, entre ellas el monotributo.

*Aprobar cambios drásticos en la coparticipación federal, porque con la actual se produce cada vez más una centralización, que empobrece a las provincias cuyos territorios son los que generan esencialmente la riqueza.

Por su parte, los impuestos a todos los bienes de los que puede ser titular una persona ahogan al ciudadano y lo invitan a cruzar las fronteras para siempre. En Bienes Personales, la confiscatoriedad y la inequidad son manifiestas, los porcentuales actuales son obscenos y afectan directamente el derecho a la propiedad protegido por la Constitución Nacional.

Las moratorias o blanqueos son instrumentos nefastos, pues corroen la recaudación e implican una inequidad absoluta.

La pata principal de la mesa es el gasto público, hoy desbordado por donde se lo analice. Corresponde que contemple exclusivamente servicios básicos que debe prestar el Estado en sus distintos niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. Su rol de empleador enquistado en la actividad económica general no le deja espacio a la actividad privada, que compite en inferioridad de condiciones. Los subsidios deberían ser exclusivos para las personas más vulnerables y de manera temporal, hasta que se logre impulsar la creación de riqueza y puestos de trabajo genuinos.

Debe erradicarse la evasión, que es efecto de un comportamiento reprochable, especialmente motivado en la excesiva presión fiscal, baja percepción de riesgo, falta de ética absoluta y un premio demasiado grande por no cumplir. Y se agrega la permanente inseguridad jurídica, ocasionada por el entramado kafkiano de normas impositivas de todo rango, opiniones del fisco y decisiones erráticas de los jueces, que suman riesgos potenciados a los inversores que permanecen aún en nuestro país.

El autor es contador y socio fundador del estudio SSV

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