Opinión. Políticas agropecuarias ya fracasadas que se vuelven a aplicar

La dinámica actual de la política agropecuaria es, por repetitiva, casi tediosamente previsible. Variabilidad en derechos de exportación, crecientes restricciones sobre el uso del suelo y el derecho de propiedad, administración discrecional de exportaciones y acuerdos corporativos vuelven a definir el rumbo general para el sector agropecuario.

Existen pocos países donde las decisiones económicas continúen repitiendo políticas implementadas con poco éxito desde hace más de 70 años. En el reciente libro La economía de Perón, Una historia económica (1946-1955) coordinado por Roberto Cortés Conde, Javier Ortiz Batalla, Laura D'Amato y Gerardo della Paolera, escribí un ensayo donde analizo los orígenes y efectos negativos de muchas políticas agropecuarias que, con variantes, aún hoy continúan replicándose. Un breve resumen puede resultar ilustrativo sobre esta tenaz persistencia y sus predecibles consecuencias.

Desde el inicio del primer gobierno peronista se observó un patrón permanente de intervención en los mercados agropecuarios. El Instituto Argentino Para la Promoción del Intercambio (IAPI) sustituyó a la Junta Granos fijando los precios oficiales para los productos siendo el único comprador, tanto para el mercado interno como externo. Se fijaba un tipo de cambio oficial para los productos exportables que era inferior al de importación y al del mercado libre y las brechas cambiarias llegaron a ser superiores al 300%.

Otra consecuencia muy importante de la política fue la introducción de una creciente incertidumbre sobre los precios relativos. Los productores no tenían información sobre cuales iban a ser los precios de productos y factores casi hasta que comenzaba la cosecha. Los contratos de arrendamiento se congelaron nominalmente en un contexto de creciente inflación, y el transporte de granos, los salarios rurales y las condiciones de empleo de factores estaban sujetos a ineficientes y variables regulaciones. Por ejemplo, un productor podía utilizar su maquinaria en su propio campo con trabajadores familiares, sin embargo, si quería realizar un servicio en un campo vecino, debía obligatoriamente contratar trabajadores a través del sindicato. De la misma manera, si un productor no era dueño de equipo y lo alquilaba, o se los prestaba un vecino, no podía utilizar mano de obra familiar para operarlo que debía contratar también trabajadores sindicalizados.

Estas regulaciones redujeron la eficiencia empresarial, la asignación de recursos y la adopción de tecnologías. Así, la producción agropecuaria total en 1955 resultó un 6% menor a la de 1939. Si bien algunos productos no pampeanos aumentaron su volumen esto no llegó a compensar el fuerte deterioro de la producción de granos exportables. De acuerdo con mis estimaciones la Productividad Total de los Factores en el sector agropecuario cayó un 22% 1947 y 1952, lo que implica que para producir las mismas cantidades que en 1947 cinco años después se necesitaba, en promedio, un 22% más de recursos productivos (tierra, trabajo, capital).

El caso del lino

El fuerte sesgo anti-comercio tuvo importantes consecuencias negativas. Del 25% de la exportación mundial de trigo se pasó al 10% entre 1930-39 y 1945-54. Para el maíz la reducción fue del 65% al 27%, para la carne vacuna del 38% al 13% y para el lino del 82% al 11%.

El caso del lino es interesante ya que la importante pérdida de participación se origina en un fallido intento de aprovechar el supuesto poder de mercado de Argentina en el comercio internacional y fomentar el "valor agregado" local. El IAPI se propuso reducir la oferta internacional de semilla de lino para obtener precios más altos y con este fin entre 1947 y 1949 prohibió la exportación de grano para inducir la producción local de aceite. El efecto fue un aumento transitorio de precios en el mercado internacional de semilla de lino que incentivó el incremento de la producción de lino en los EE.UU. y Canadá, países que eran los principales importadores y que pasaron a ser exportadores netos. En 1955 ya tenían, respectivamente, el 27% y 56% del mercado mundial.

En síntesis, las políticas agropecuarias del período 1946-55 modificaron precios relativos, racionaron el capital, impidieron el funcionamiento de los mercados, incrementaron el riesgo y aumentaron los costos de ajuste en los sistemas productivos. Esto generó efectos negativos en la oferta de productos exportables, retrasó el cambio tecnológico y redujo la eficiencia productiva del sector y de la economía en su conjunto. La evidencia histórica, así como la experiencia reciente sugieren que intervenciones similares darán, mutatis mutandis, los mismos resultados. En este sentido, puede afirmarse que la política agropecuaria es, en efecto, totalmente previsible.

El autor es profesor de la UCEMA - Economista del Centro de Investigación en Economía y Prospectiva del INTA

Las opiniones en esta columna son del autor y no necesariamente representan a las instituciones mencionadas.

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