Campo, jubilados, clase media: el ajuste es con todos

Durante la llamada "década ganada" el gobierno de entonces duplicó el tamaño del Estado, pero sin tener la menor idea de cómo financiarlo. Cuando bajó el precio récord de la soja, que había llegado a US$600 por tonelada, ya había un déficit fiscal que trepó a 8% del PBI en 2015. Eso era equivalente a la friolera de US$30.000 millones.

Entre 2016 y 2019, con el desarme del esquema de los subsidios energéticos, el gobierno de Cambiemos logró reducir el déficit fiscal a la mitad, hasta llegar a 4% del PBI en 2019, equivalente a poco más de US$15.000 millones.

El gobierno de Alberto Fernández logró, en 10 días, que se aprobara un ajuste fiscal por US$9000 millones. De ese monto, dos tercios está explicado por la suba de impuestos y un tercio, por menor gasto en jubilaciones.

El ajuste recaerá principalmente sobre el campo, la clase media y los jubilados, con cerca de US$3000 millones cada uno de esos sectores. El número final dependerá de si hay lluvias para el campo, de si la brecha cambiaria es mayor o menor a 30% para la clase media, y de la magnitud de los aumentos a los jubilados que, a dedo, dará el Poder Ejecutivo.

En el pizarrón, el déficit fiscal bajará de 4% a 2% del PBI tras este ajuste. Pero, a corto plazo, la suerte de todo el programa fiscal estará en la negociación de la deuda. Respecto al largo plazo, el tipo de cambio desdoblado, el cierre de la economía, el control de precios, la suba de impuestos y el castigo a quien exporta no son los ingredientes de la receta que el mundo usa para crecer, pero todo indica que aquí lo intentaremos una vez más.

De reparación a licuación

La suspensión de la fórmula previsional deja todo armado para licuar las jubilaciones que están por arriba de la mínima, que en abrumadora mayoría corresponden a los ciudadanos que completaron sus aportes en su vida activa.

Si el Estado vuelve a una política de aumentos discrecionales de suma fija para los pasivos, la mayor parte del ajuste recaerá sobre las jubilaciones que están por arriba de la mínima. Esta práctica sucedió entre 2002 y 2006, antes de la sanción de la primera fórmula previsional, que estuvo vigente a partir de 2009.

Esta forma de licuar las jubilaciones en el pasado ya gatilló una lluvia de juicios contra el Estado, pero solo una garúa de sentencias y un goteo de gasto público para su pago. Los pocos jubilados que cobraron lo hicieron 10 años más tarde, o bien el cobro les quedó de herencia a los familiares.

En 2016 el gobierno intentó poner fin a la lluvia de juicios, con el programa de reparación histórica. Ese plan implicó hacer una oferta por el retroactivo pisado y elevar la jubilación al monto correspondiente. La mayoría aceptó la oferta pese a la quita, ante una Justicia que mostró que no otorga respuesta en tiempo y forma.

La Justicia ya advirtió que no corresponde pisar las jubilaciones de quienes en su momento aportaron de buena fe, y por eso todas las sentencias le ordenan al Gobierno devolver el dinero.

Se puede tener un sistema de pensiones completamente estatal o uno completamente privado, o los dos al mismo tiempo tal como recién se aprobó en Brasil. En cualquier esquema, si se respeta lo básico, se logra el resultado buscado. No es necesario ni endiosar al sistema de reparto, ni tratar de diablo al sistema de capitalización individual. A ambos regímenes, con facilidad, se los puede llevar a quebrar con un Estado estructuralmente deficitario, tal como ya demostró la Argentina.

Ahora, si se quiere un sistema de reparto donde todos tengan una jubilación mínima independientemente del aporte realizado, esa deberá ser una norma explícita, para no estafar más a nadie.

El autor es economista

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