“Operación de microcirugía”: qué escenario se imagina la oposición para subir las tarifas de luz y gas y reducir los subsidios energéticos

En el espacio de Juntos por el Cambio hay un debate constante sobre si hay que quitar el cepo cambiario en los primeros días de gobierno o si es mejor hacerlo de manera paulatina, a medida que se hacen correcciones en otros frentes. Sin embargo, hay una meta en la que están todos de acuerdo: si se llega a la Casa Rosada, se tiene que lograr al equilibrio fiscal en el primer año de gestión. Para ello, los principales referentes de la oposición colocan la lupa en la política tarifaria y en la quita de subsidios a la energía.

Si bien el Ministerio de Economía que conduce Sergio Massa ratificó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que la meta fiscal para este año se mantiene en 1,9% del PBI, en la oposición dudan que se logre ese objetivo. Sus referentes económicos trabajan con la hipótesis de que el déficit primario estará más cerca del 3% del PBI. De ese total, un 2% del PBI representarán los subsidios a la energía y al transporte. Además, creen que se acumularán deudas dentro del sector energético que representarán otro 0,7% del PBI.

“Corregir ese déficit primario pasa por cómo se resuelve el tema de las tarifas. Es una situación muy difícil. Hay que hacer una operación de microcirugía, una operación drástica, porque este es el primer ajuste de la historia con salarios reales muy bajos”, dice el economista Alejandro Einstoss, referente energético de la Fundación Alem, el think tank del radicalismo. Además, es integrante del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y coordina el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Con la llegada de Massa al Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía implementó finalmente la segmentación de tarifas. En la actualidad, el segmento de altos ingresos (N1), que representa al 35% de los usuarios de gas y electricidad, recibe menos de 3% de subsidios. Es decir, pagan prácticamente el costo total de generación eléctrica y gas.

Sin embargo, para los usuarios de ingresos medios y bajos, los subsidios crecieron exponencialmente, ya que apenas pagan con sus tarifas entre el 14% y 18% del costo total. Esto quiere decir que todavía el 65% de los usuarios tiene más del 80% de sus tarifas subsidiadas, según el último informe del IIEP.

En la oposición trabajan también con la hipótesis de un problema adicional. En caso de ser gobierno, lo más probable es que haya una corrección del tipo de cambio oficial. Dicho de otra manera: una devaluación brusca que haga que el dólar sea más competitivo para los exportadores. En el sector energético, como los contratos están dolarizados (pese a la promesa inicial del Frente de Todos de pesificarlos), la devaluación implicará un aumento en los costos. El desafío será también como trasladar esos mayores costos a las tarifas.

“Para fin de año, la cobertura de tarifas de los costos energéticos de los sectores de ingresos medios y bajos será menor, inclusive a la que había en diciembre de 2015. El salto que hay que hacer es muy grande. Por lo tanto, pensar en una política de shock es imposible”, admite Einstoss, que señala tres condicionalidades para bajar los subsidios: salarios reales bajos, grandes atrasos en la corrección tarifaria y una devaluación que impactará en los costos.

Para reducir los subsidios, agrega, habrá que trabajar inicialmente con los usuarios residenciales de ingresos altos y los usuarios industriales y comerciales, mientras que se implementa un esquema en función de la necesidad macro de los otros sectores.

“Estamos pensando herramientas para ver cómo se implementa el escalonamiento en los precios de la energía. Seguramente haya una modificación en los entes reguladores [Enargas y ENRE]. Tenemos una agenda que permitirá en un año y medio o dos lograr un escenario de focalización estricta de la tarifa social en la población pobre, que hoy es casi la mitad de la población. La idea es repetir las buenas prácticas internacionales, no inventar nada”, dice Einstoss.

Sin embargo, en la oposición hacen una aclaración. “La velocidad de cómo se va a implementar la quita de subsidios dependerá de las condiciones iniciales y del programa macroeconómico. La política tarifaria será parte inseparable del próximo plan económico para que haya una estabilización. La necesidad y las formas dependerá de la necesidad macro de la próxima gestión”, dice Einstoss.

Nicolás Gadano, principal referente energético de la Fundación Pensar, el think tank del Pro, repite esa aclaración como mantra: ”El programa de reducción de subsidios tiene que estar muy ajustado a los objetivos del programa macro de estabilización, no solamente por cuánto se necesita reducir los subsidios o cómo se financia la transición, sino también por los objetivos de la tasa de inflación”.

En este sentido, explica: “Si se necesita que los precios relativos se acomoden en un periodo inicial para después apuntar a una reducción fuerte de la inflación y que no queden ajustes de precios o de tarifas pendientes, eso significa que hay que acomodar toda esa normalización de precios al inicio. Cuánto dura eso y en qué magnitudes, son todas cosas que hay que calibrar”.

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