Odebrecht: la historia de sobornos que tiene en vilo a América Latina

Tras la confesión de la empresa ante la Justicia de los Estados Unidos, comenzó a transitarun camino de penalidades; en la Argentina, videos judiciales implican a funcionarios y empresarios locales

27 de mayo de 2018

Actualizado el 11 de febrero de 2021

LA NACION

Sede de la constructora Odebrecht en San PabloEFE

En 2016, un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó, después de la confesión de la empresa, que Odebrecht había pagado aproximadamente US$788 millones en sobornos asociados a más de 100 proyectos en 12 países: la Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, y en África, en Mozambique y Angola. Así estalló un escándalo a nivel internacional, pero sobre todo regional, por la magnitud de las cifras.

Consultada la empresa, responde: "Odebrecht está colaborando con la Justicia de Brasil y de los países en los que actúa. Ya reconoció sus errores, pidió disculpas públicas, hizo acuerdos de colaboración con las autoridades de Brasil, Estados Unidos, Suiza, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Guatemala, y está comprometida a combatir y no tolerar la corrupción en ninguna de sus formas". Pero no es tan sencillo. "El caso Odebrecht ha probado que había un esquema de corrupción que trascendía las fronteras de un país y fue una mancha de aceite en todo el continente y en dos países de África. Demuestra también que en la región hay poca colaboración para investigar, que hay poca armonización de la legislación entre los países. Si esto se solucionase, las causas avanzarían de manera mucho mas veloz", dice Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.

Otro tema polémico relacionado con el caso es que no hay acuerdo y sí mucha discusión sobre si la empresa puede o no seguir operando. El modelo de los EE.UU. y de Panamá es pragmático: se paga una multa y se sigue adelante, priorizando el empleo. Pero no existe un único modelo en la región. Aquí, una reseña de lo que ocurre con el caso en cada país.

Brasil: Odebrecht recién se convirtió en blanco de la operación Lava Jato en 2015, un año después del inicio de las investigaciones. El 19 de junio de aquel año la Policía Federal apresó al presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht. Fue una de las principales acciones de la operación, con base en declaraciones de delatores beneficiados por la colaboración premiada.

En una de ellas, el exdirector de Petrobras Paulo Roberto Costa relató que había recibido de la compañía US$23 millones en una cuenta en Suiza. La principal acusación es que la empresa había participado del cartel de contratistas para ser beneficiada con obras públicas. El avance de las investigaciones -incluso con la delación de 77 ejecutivos del grupo- reveló que la empresa tenía hasta un sector responsable de organizar el pago de coimas, llamado Departamento de Operaciones Estructuradas. El sector movió US$3400 millones entre 2006 y 2014 para abastecer la caja de las campañas electorales en Brasil y pagar coimas en el país y en el exterior, según declaraciones de ejecutivos.

Las investigaciones relacionadas con el esquema que involucra a la empresa hoy continúan. Marcelo Odebrecht está en prisión domiciliaria desde diciembre. De regreso a su casa, el ejecutivo entregó a la fuerza de tareas correos con más detalles sobre los crímenes. Parte de los mensajes tratan, por ejemplo, de la relación entre la empresa e integrantes del Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Lula da Silva (quien se encuentra preso por haber recibido a modo de coima un departamento de la constructora OAS).

México: en octubre de 2017, el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, dijo que la investigación del caso Odebrecht estaba concluida, pero todavía está lejos de ser una realidad. En estos días se ha citado a declarar a funcionarios de Pemex. La investigación menciona a su exdirector Emilio Lozoya, quien presuntamente habría recibido US$10 millones a cambio de contratos de obra pública. Se está analizando si esos recursos fueron a dar a las campañas políticas.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso multas por 2,5 millones de pesos (US$134.000) y 199 millones de pesos (US$6,3 millones) a un servidor público de Pemex e inhabilitó a Odebrecht por 10 años, a lo que la empresa responde: "En referencia a las sanciones administrativas publicadas por la SFP en contra de diversas subsidiarias y funcionarios de Odebrecht México, se aclara que son totalmente infundadas e improcedentes las sanciones, además de violar derechos fundamentales". En abril pasado, SFP inhabilitó a Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector en México de Odebrecht, así como su director de finanzas, Gleiber José de Faria, por supuestos pagos de sobornos y simulaciones en un contrato de casi 2000 millones de pesos.

Colombia: aunque el escándalo comenzó dando cuenta del pago de sobornos por valor de US$11 millones a funcionarios públicos para obtener dos megaobras, la fiscalía dice que ya se encontraron pruebas de que las coimas alcanzaron los US$30 millones. El proceso empezó en diciembre de 2016 y ya fueron condenadas cuatro personas, entre ellas un exviceministro de Transporte y un senador activo. Las cuentas de Odebrecht fueron embargadas.

Perú: la empresa admitió sobornos por US$29 millones a cambio de obras, pero la fiscalía investiga si se podrían haber realizado pagos por más de US$45 millones a jefes de Estado, candidatos presidenciales, viceministros, gobernadores regionales y hasta intermediarios, entre 2006 y 2015. Ya suman más de 27 personas con medidas restrictivas (prisión preventiva, arresto domiciliario e impedimento de salida del país), entre las cuales se encuentra el expresidente prófugo Alejandro Toledo y también Ollanta Humala, recientemente excarcelado.

Las declaraciones del exrepresentante de Odebrecht en Perú Jorge Barata también involucraron a la campaña electoral (2011) del exjefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski. Por el momento, no se cuenta con una sentencia efectiva.

Venezuela: la amistad entre Hugo Chávez y Lula da Silva potenció los intercambios comerciales entre Venezuela y Brasil. Los mandatarios se reunieron al menos 55 veces entre 1998 y 2013. De 2003 a 2016 se acordaron 37 contratos entre ambos gobiernos, 27 para Odebrecht. La fiscal Luisa Ortega Díaz pidió el 3 de abril de 2018 ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio el enjuiciamiento del presidente Nicolás Maduro por este caso.

Argentina: la empresa ofreció hace un año colaborar con este país y revelar los nombres de los funcionarios que cobraron las coimas, pero, a cambio, pide que los delatores (ya juzgados en Brasil) no puedan volver a ser condenados por el mismo crimen. La Argentina no aceptó. Es en este sentido que los especialistas sugieren que los países de la región ajusten sus legislaciones para que se aceleren los tiempos y pueda haber una colaboración eficaz.

El 20 de abril, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi llamó a indagatoria a 49 personas. Entre los exfuncionarios públicos citados están Julio De Vido, exministro de Planificación; Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte, y José López, exsecretario de Obras Públicas. También llamó a representantes de empresas que obtuvieron la licitación de la construcción del soterramiento del tren Sarmiento, como Ángelo Calcaterra, expresidente de Iecsa, y a intermediarios como Jorge "Corcho" Rodríguez. LA NACION tuvo acceso a una serie de videos judiciales de Brasil, donde se revela la implicancia de funcionarios argentinos en la trama de corrupción.